El intrusismo profesional se produce cuando personas sin la titulación, habilitación o colegiación exigidas ejercen actividades y funciones propias de profesiones reguladas. En el ámbito de la psicología, esta práctica supone un riesgo directo tanto para quienes reciben atención psicológica como para el conjunto de la profesión y supone un motivo frecuente de denuncia en los colegios profesionales.

La psicología es una disciplina que aborda aspectos especialmente sensibles de la vida de las personas: emociones, conductas, toma de decisiones, seguridad personal y bienestar emocional. Por ello, su ejercicio está regulado y sometido a controles legales y éticos que garantizan una práctica responsable. Cuando estos controles no existen, y esas funciones y tareas las realiza alguien sin competencias, formación y habilitación, se compromete la seguridad de los usuarios y usuarias.

Riesgos para quienes buscan ayuda psicológica.

Uno de los principales peligros del intrusismo en psicología es la falta de garantías para la persona que solicita ayuda. Una intervención psicológica incorrecta, una evaluación inadecuada o un asesoramiento mal planteado pueden tener consecuencias negativas y graves a nivel personal y emocional. Ejemplos de este impacto, se pueden observar en situaciones donde hay riesgo de suicidio, patología grave -como trastornos alimentarios o trauma severo- o donde hay posibilidad de daño a terceras personas.

Además, los efectos de una mala práctica psicológica no siempre son tan inmediatos ni fácilmente identificables como los señalados anteriormente. En algunos casos, el daño puede manifestarse a medio o largo plazo, aumentando más el malestar, generando confusión o retrasando el acceso a una atención adecuada, lo que sitúa a los usuarios y usuarias en una posición de especial vulnerabilidad.

La ausencia de responsabilidad y protección legal.

Otro aspecto relevante del intrusismo es la falta de responsabilidad legal. Quienes ejercen sin estar habilitados suelen carecer de seguros obligatorios y no están sujetos a mecanismos disciplinarios de ningún tipo -como las comisiones deontológicas-. Esto implica que, ante una mala práctica o intervención, la persona afectada puede quedar en una situación de indefensión, sin recursos claros para reclamar o proteger sus derechos.

En psicología, la existencia de un marco ético y legal no es un elemento accesorio, sino una base fundamental de la relación profesional. La confianza entre profesional y paciente se construye sobre la seguridad de que existen normas, supervisión y responsabilidades claras.

Por qué la colegiación es una garantía.

Acudir a psicólogos y psicólogas colegiados no es una simple formalidad administrativa. La colegiación acredita que el o la profesional cuentan con la formación reglada necesaria, cumple los requisitos legales para ejercer y acepta un código deontológico que regula su conducta profesional.

Además, la pertenencia de los y las profesionales a un colegio profesional implica la supervisión de una institución -como, por ejemplo, el Consejo General de la Psicología (COP)– que vela por el correcto ejercicio de la profesión y puede actuar ante posibles malas prácticas. Para los usuarios y usuarias, esto supone una garantía de calidad, seguridad y protección y les da acceso a listados de profesionales que cumplen con las garantías necesarias.

El papel de los colegios profesionales.

Los colegios profesionales desempeñan un papel clave en la prevención y denuncia del intrusismo. Su labor incluye la colaboración con las administraciones públicas, la información a la ciudadanía y la promoción de campañas de información y concienciación sobre la importancia de acudir a profesionales debidamente habilitados.

Esta función no persigue únicamente la defensa del colectivo profesional, sino, sobre todo, la protección de la ciudadanía y del interés general. Garantizar que la atención psicológica sea prestada por profesionales con cualificación y competencias contribuye a preservar la calidad del servicio y la confianza social en la psicología.

Una responsabilidad compartida.

La lucha contra el intrusismo en psicología no recae únicamente en las instituciones. Tanto los y las profesionales, como los usuarios y usuarias pueden y deben tener un papel activo. Los psicólogos y psicólogas pueden informar, sensibilizar y reforzar la importancia de la formación y la colegiación. Por su parte, la ciudadanía puede verificar, a través de listados, que quienes ofrecen servicios psicológicos cumplen con los requisitos legales, así como denunciar cualquier situación de intrusismo, a través del Canal de Denuncias de Intrusismo del COP y los colegios autonómicos.

En un contexto donde la inmediatez y el bajo coste pueden resultar atractivos, es fundamental recordar que la confianza y la seguridad no son negociables. Proteger la salud mental implica apostar por una psicología ejercida con rigor, ética y responsabilidad.

Riesgo adicional: publicidad sanitaria sin control.

La falta de una regulación clara y efectiva de la publicidad sanitaria, especialmente en entornos digitales, representa un riesgo adicional significativo al problema del intrusismo en psicología. El Consejo General de la Psicología (COP y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA),  con la que el Consejo tiene firmado un Convenio, a través del cual está representado en la sectorial sanitaria -compuesta por 259.200 profesionales sanitarios/as-, han destacado que la normativa vigente sobre publicidad sanitaria no contempla de forma adecuada el ámbito online, ni las redes. Esto facilita que personas no habilitadas y sin competencias ofrezcan supuestos “servicios de salud” sin acreditar cualificaciones ni cumplir requisitos profesionales, particularmente en el campo de la salud mental.

Este vacío regulatorio permite que anuncios engañosos o mensajes sensacionalistas lleguen con facilidad a potenciales usuarios y usuarias, dificultando que distingan entre oferta legítima y prácticas no garantizadas, lo que no solo compromete la seguridad del paciente o la paciente, sino que también limita las posibilidades de reclamación y la asunción de responsabilidad civil por parte de quienes ejercen sin habilitación.

Conclusión: proteger la salud mental exige rigor, regulación y corresponsabilidad.

El intrusismo en psicología no es un problema menor ni exclusivamente corporativo, sino una cuestión que afecta directamente a la seguridad, los derechos y el bienestar de la ciudadanía. La atención proporcionada sin la habilitación profesional necesaria, unida a vacíos en la regulación y el control de la publicidad sanitaria, crea un escenario propicio para prácticas sin garantías que pueden causar un daño significativo y difícilmente reparable. Frente a esto resulta imprescindible reforzar los marcos normativos, visibilizar el valor de la colegiación y promover una cultura de verificación y responsabilidad compartida.

Solo desde la colaboración entre profesionales, instituciones y usuarios y usuarias será posible garantizar una atención psicológica basada en el rigor técnico, la ética profesional y la protección efectiva de la salud mental.