La Unión Europea vuelve a poner el foco en una cuestión que, aunque técnica, tiene efectos muy concretos sobre el día a día de miles de profesionales: cómo conseguir que las cualificaciones y competencias sean «portables» entre países, de modo que una persona formada y acreditada en un Estado miembro pueda moverse y ejercer con mayor facilidad en otro, sin perder garantías ni generar incertidumbre para los servicios y las personas usuarias.
En ese marco, la Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la próxima iniciativa para la portabilidad de competencias profesionales (Skills Portability Initiative), un paquete mediante el cual se aspira a reforzar la transparencia de las competencias y a modernizar los procedimientos de reconocimiento, con un componente explícito de digitalización de credenciales, con el objetivo de facilitar la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras, fortalecer el mercado único y facilitar la comprensión y aceptación de las competencias y cualificaciones en toda la UE.
La Comisión busca así recabar experiencias sobre las barreras reales que hoy dificultan trabajar o contratar a través de fronteras dentro del mercado interior. En paralelo, distintos sectores regulados —entre ellos, el de la Salud— observan con atención el alcance de la iniciativa, porque el reconocimiento profesional no es un trámite neutro: define quién puede hacer qué, bajo qué estándares y con qué responsabilidades.
De forma específica, en el ámbito de la Psicología, la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations AISBL) ha querido situar el debate en un punto clave: mejorar la movilidad sí, pero nunca a costa de rebajar salvaguardas que protegen la calidad, la seguridad y la confianza pública en la prestación de servicios psicológicos. Esa es la idea central de su posicionamiento, remitido a la Comisión en el marco de esta consulta pública.
Un paquete europeo orientado a reforzar la transparencia de las competencias… también con credenciales digitales.
La consulta de la Comisión se enmarca en una agenda más amplia de movilidad y competitividad del mercado interior. En términos prácticos, la iniciativa para la portabilidad de competencias profesionales pretende explorar vías para digitalizar credenciales de aprendizaje, mejorar la transparencia de habilidades y cualificaciones, modernizar los procesos de reconocimiento en profesiones reguladas y simplificar procedimientos para reconocer cualificaciones y competencias de personas procedentes de terceros países.
El planteamiento no se limita a una acción aislada, sino a un paquete de medidas, es decir, se articula como un conjunto de «acciones» interrelacionadas, incluyendo una posible propuesta legislativa vinculada a transparencia y digitalización, medidas sobre reconocimiento en profesiones reguladas (en el entorno de la Directiva 2005/36/CE) y una línea específica sobre el reconocimiento de cualificaciones de nacionales de terceros países. Además, desde el Parlamento Europeo se sitúa la iniciativa sobre la Portabilidad como parte del Paquete Europeo para una Movilidad Laboral Justa (Fair Labour Mobility Package), un conjunto de medidas con el que la Comisión Europea busca facilitar la movilidad de trabajadores dentro de la UE garantizando al mismo tiempo estándares adecuados de protección y reconocimiento profesional.
En este escenario, la EFPA parte de una constatación importante: la movilidad profesional de psicólogos y psicólogas ya existe y opera bajo normas vigentes del mercado interior, con instrumentos que regulan el reconocimiento de cualificaciones, la prestación de servicios y la proporcionalidad de nuevas regulaciones. En su contribución, presentada por su directora ejecutiva, Isane Aparicio, la Federación recuerda expresamente la relevancia del marco comunitario actual, citando, entre otras, la Directiva 2005/36/CE (reconocimiento de cualificaciones), la Directiva 2006/123/CE (servicios), la Directiva (UE) 2018/958 (test de proporcionalidad) y la Directiva 2011/24/UE (asistencia sanitaria transfronteriza).
De hecho, la EFPA subraya un dato que ayuda a entender por qué la Psicología entra de lleno en el debate: según los datos más recientes de la base europea de profesiones reguladas, la Psicología sigue figurando entre las profesiones reguladas con mayor movilidad, situada actualmente en el puesto 16 por decisiones de reconocimiento para establecimiento permanente.
EuroPsy como referencia europea: transparencia y comparabilidad sin menoscabo de los estándares profesionales.
Uno de los ejes del planteamiento de la EFPA es que la movilidad puede reforzarse con estándares europeos comunes basados en competencias y resultados de aprendizaje. En ese terreno, EFPA pone sobre la mesa el Certificado EuroPsy, el estándar europeo en Psicología impulsado por la Federación y apoyado por sus miembros plenos (En España, el Consejo General de la Psicología ha desempeñado un papel relevante en su implantación, asumiendo su desarrollo y puesta en marcha a través del Comité Nacional EuroPsy).
El argumento es doble. Por un lado, la EFPA defiende que EuroPsy contribuye a la protección de la ciudadanía y a la garantía de calidad, al fijar mínimos comunes de formación y competencia. Por otro, sostiene que, si una persona cumple EuroPsy, debería existir una presunción sólida de comparabilidad de competencias entre Estados miembros, siempre con salvaguardas proporcionadas (por ejemplo, ligadas al alcance de la práctica, la competencia lingüística y la protección pública).
Tal y como indica la Federación Europea, las regulaciones EuroPsy establecen, como requisitos mínimos, una formación académica acreditada en Psicología de al menos cinco años (300 ECTS) y un periodo de práctica profesional supervisada de un año (1.500 horas; 60 ECTS), además del compromiso con estándares éticos nacionales y el mantenimiento de la competencia a través del desarrollo profesional continuo. En la misma línea, instituciones profesionales como la Sociedad Británica de Psicología (BPS, British Psychological Society) recuerdan que este certificado no equivale a una licencia nacional para ejercer, pero sí puede facilitar la movilidad al ofrecer una certificación europea y el acceso al registro correspondiente.
El matiz no es menor, y la EFPA lo sitúa en el centro del debate: un título universitario es la base, pero no debe confundirse con la autorización profesional ni con la plena preparación para el ejercicio independiente. La Federación pide una distinción nítida entre la formación académica (conocimiento científico y teórico), la formación de posgrado y la práctica supervisada (competencias aplicadas) y la autorización o licencia profesional que delimita el alcance legal de la práctica. Esta separación, sostiene, es decisiva para que la transparencia no se traduzca en simplificaciones peligrosas.
A ello se suma otro punto que la Federación considera irrenunciable: el desarrollo profesional continuo. En un sistema orientado a competencias —y, más aún, si se pretende ganar agilidad con herramientas digitales— mantener y actualizar capacidades a lo largo de la carrera resulta esencial. A este respecto, defiende que, en contextos de movilidad, los títulos deberían evaluarse sobre todo por resultados de aprendizaje y su alineación con competencias nucleares, y no únicamente por nombre o duración.
Una profesión diversa en Europa: el reconocimiento debe asegurar competencias, responsabilidad y seguridad.
La Federación también advierte de un aspecto que, en Psicología, adquiere una complejidad particular: la gran diversidad de la profesión en Europa. En este sentido, recuerda que existen diferencias sustanciales entre países en la regulación del título, en las vías formativas y en qué ámbitos se consideran vinculados a la salud. Además, la responsabilidad profesional atribuida al o la profesional de la psicología varía considerablemente: en algunos sistemas, el profesional asume la responsabilidad última sobre evaluación, diagnóstico, intervención, derivación y seguimiento; en otros, esa responsabilidad recae en otras profesiones sanitarias.
En términos prácticos, esto significa que permitir el reconocimiento de una competencia en otro país, no puede reducirse a un intercambio automático de etiquetas. La comparabilidad exige entender qué hace realmente un psicólogo o psicóloga en cada país, qué responsabilidades legales asume, qué formación aplicada ha completado y bajo qué supervisión. En ese contexto, la EFPA propone que EuroPsy funcione como referencia europea principal para la movilidad transfronteriza, precisamente, porque desplaza el énfasis desde títulos formales hacia competencias demostrables, sin renunciar a garantías.
Práctica digital transfronteriza: un punto crítico para los servicios vinculados a problemas de salud mental.
Si la movilidad presencial ya tiene aristas, la movilidad «digital» multiplica las preguntas. La EFPA pide una consideración específica de cómo debe funcionar la práctica digital transfronteriza en la UE, recordando que la complejidad no depende solo de estándares profesionales distintos, sino también de cuestiones técnicas, legales y jurisdiccionales: dónde se ubica el profesional, dónde está el usuario, qué organización intermedia, qué servidores, y qué norma aplica en cada caso.
En su contribución, solicita a los Estados que ofrezcan instrucciones claras sobre qué se entiende por «servicios temporales» en servicios psicológicos, qué regulación aplica a la prestación transfronteriza online y a qué tipos de servicios se refiere. Y aquí enlaza con un elemento clave del propio debate europeo: el informe reciente de la Comisión sobre la aplicabilidad de la legislación de la Unión a los servicios de telemedicina, que, en el terreno de la salud mental, ha señalado que la falta de claridad normativa y la variabilidad nacional pueden limitar el despliegue pleno de estos servicios, pese a su potencial.
Este informe, publicado por la Oficina de Publicaciones de la UE en 2025, resume precisamente que, aunque existe un marco robusto de directivas y reglamentos (con la Directiva 2011/24/UE como pieza central), persisten variaciones nacionales que generan incertidumbre regulatoria y fragmentación en aspectos como definición de servicios, responsabilidad y reembolso, con menciones explícitas a la salud mental dentro del análisis del ecosistema de telemedicina. En otras palabras: si la UE quiere facilitar movilidad y digitalización, el «cómo» será tan importante como el «qué», sobre todo, cuando hablamos de intervenciones vinculadas a problemas de salud mental, donde la seguridad, la continuidad y la responsabilidad profesional son componentes esenciales.
Reconocimiento de cualificaciones de terceros países: procedimientos más ágiles sin comprometer estándares éticos y de calidad.
La iniciativa para la portabilidad de competencias profesionales también mira hacia fuera de la UE: cómo reconocer cualificaciones y competencias de profesionales de terceros países, en un contexto de déficits de personal en sectores estratégicos. La Comisión menciona este objetivo como parte del diseño de la iniciativa. Y la EFPA se muestra favorable a que existan procedimientos transparentes y apoyados digitalmente que puedan contribuir a paliar carencias y reforzar el acceso a servicios psicológicos, pero insiste en que la aceleración no puede comprometer competencia, ética, seguridad del cliente ni confianza pública.
En su texto, la Federación recuerda que los estándares de formación y práctica varían sustancialmente fuera de la UE y que, a veces, obtener documentación fiable puede ser difícil, por lo que las autoridades competentes deben seguir garantizando la equivalencia, principalmente, en roles vinculados a la salud. Además, pone el acento en un requisito que, en Psicología, resulta especialmente determinante: la práctica se apoya profundamente en la comunicación verbal, de modo que el dominio de la(s) lengua(s) nacional(es) y las competencias culturales se consideran condiciones esenciales para proteger los intereses de quienes reciben atención.
Un debate europeo con efectos directos sobre la profesión.
El debate puede sonar burocrático, pero impacta en cuestiones centrales: quién puede ejercer, con qué garantías, y cómo se protege a la ciudadanía cuando una prestación se desplaza de un marco nacional a otro. Desde la EFPA, el mensaje es que la movilidad profesional debe apoyarse en estándares europeos capaces de construir confianza mutua, y que el EuroPsy puede operar como un núcleo de referencia para comparar competencias sin diluir la responsabilidad de los Estados en la regulación y la protección de la salud pública.
El proceso de consulta pública continuará con evaluaciones de impacto y trabajos preparatorios que, según el marco descrito por el Parlamento Europeo, podrían desembocar en propuestas legislativas en 2026, dentro del paquete de movilidad laboral.
Con todo, el debate deja una conclusión nítida: hacer más transparente el reconocimiento, incorporar credenciales digitales interoperables y reducir cargas administrativas puede ser un avance real para el mercado interior, pero en Psicología ese avance solo será legítimo si mantiene —e incluso refuerza— los mecanismos de garantía que sostienen el ejercicio competente y ético, la seguridad de los usuarios y la confianza pública. Esa es, en esencia, la línea roja que la EFPA ha querido marcar en Bruselas: movilidad sí, pero con estándares claros, práctica supervisada, desarrollo profesional continuo y reglas precisas para el ejercicio digital transfronterizo, especialmente, cuando se llevan a cabo intervenciones relacionadas con problemas de salud mental.
Fuente.
EFPA (2026, 23 de febrero). Skills Portability Initiative: EFPA highlights safeguards for professional mobility in Psychology. European Federation of Psychologists’ Associations.