En los últimos años, el debate en torno a la responsabilidad penal juvenil ha ido cobrando fuerza, planteándose cuestiones como la siguiente: ¿hasta qué punto deben los y las adolescentes responder penalmente de la misma forma que los adultos? Según un análisis reciente de la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Association, APA), publicado en su revista APA Monitor on Psychology, los expertos señalan que esta cuestión va más allá de una simple elección política y requiere un enfoque informado por el desarrollo psicológico, social y cognitivo de los y las más jóvenes.

La complejidad del cerebro adolescente.

Los últimos avances en psicología del desarrollo y neurociencia han demostrado que la adolescencia es un periodo de profundas transformaciones cerebrales y conductuales. Durante esta etapa, procesos como la capacidad de autocontrol, la evaluación de riesgos y la toma de decisiones aún no alcanzan la madurez plena, lo que influye directamente en el comportamiento y en la capacidad de prever las consecuencias de los propios actos. De acuerdo con los expertos, esta evidencia científica pondría en tela de juicio la lógica de aplicar de manera automática sanciones y procedimientos diseñados para adultos a las personas en desarrollo (Mercurio et al., 2020).

En este sentido, subrayan que la investigación en neurodesarrollo confirma diferencias significativas entre adolescentes y adultos que dificultan equiparar sus responsabilidades ante la ley. La mayor impulsividad, la sensibilidad a la presión de sus iguales y la menor autoconciencia, son factores que, desde una perspectiva psicológica, deben tenerse en cuenta al ponderar la culpabilidad y la adecuación de las respuestas punitivas (Mercurio et al., 2020).

¿Qué dice la evidencia sobre sanciones más duras?

Un componente clave de la discusión es la evaluación de las consecuencias de someter a adolescentes a procesos y sanciones típicas del sistema penal adulto. Según diversas investigaciones, el enjuiciar a menores como adultos no solo no reduce la probabilidad de reincidencia, sino que, en muchos casos, puede incrementar el riesgo de futuros delitos. De acuerdo con la APA, las experiencias en varios estados de Estados Unidos han mostrado que la inclusión temprana en el sistema penal adulto contribuye a la reproducción de conductas delictivas, en parte porque expone a los y las jóvenes a redes sociales y entornos que favorecen la delincuencia persistente.

Ante esto, los expertos abogan por enfoques alternativos que combinen responsabilidad con desarrollo y reintegración. Modelos como la justicia restaurativa y los programas de desvío comunitario buscan responsabilizar al adolescente por sus actos sin recurrir a la prisión. Estas estrategias, más orientadas a la rehabilitación que a la penalización, muestran mejores resultados al integrar apoyo social, educativo y psicológico, reduciendo la probabilidad de reincidencia y favoreciendo trayectorias de vida más saludables.

Edad de responsabilidad penal: evidencia científica y debate legislativo.

Según indica la Asociación Americana, el debate legal también se manifiesta en propuestas en materia de justicia penal, como, por ejemplo, la denominada «Raise the Age» (elevar la edad de responsabilidad penal) que se ha debatido en varios estados. Este tipo de iniciativas busca ampliar la jurisdicción juvenil hasta edades mayores, reconociendo que el desarrollo psicológico continúa más allá de la adolescencia temprana. Aunque no existe consenso unánime, estas políticas reflejan una tendencia internacional emergente: adaptar los sistemas de justicia a los hallazgos científicos sobre el desarrollo humano.

Y al contrario: en algunos estados norteamericanos, ciertas propuestas legislativas han contemplado reducir la edad de responsabilidad penal en respuesta a la percepción pública de aumento de la delincuencia juvenil, pese a que la evidencia científica no respalda que medidas punitivas más duras produzcan mejores resultados en seguridad ni en reinserción social.

Por otro lado, centrándonos en el contexto español, los datos oficiales permiten dimensionar la magnitud del fenómeno dentro del sistema de justicia juvenil. Según las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 13.491 menores condenados con sentencia firme en España, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. La tasa se situó en 6,4 menores condenados por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, con una marcada diferencia por sexo (9,8 en chicos vs 2,7 en chicas). En total, se contabilizaron 24.561 infracciones penales cometidas por menores condenados, lo que representa un aumento del 3,8%.

Entre las tipologías delictivas más frecuentes se encuentran los delitos de lesiones (31,6%), seguidos de los robos (15,8%) y las amenazas (9,8%). Asimismo, los datos muestran un incremento en determinados delitos, como los relacionados con la libertad sexual, donde se registraron 550 menores condenados, con un aumento significativo respecto al año anterior.

Conviene matizar que estas cifras corresponden a menores con sentencia firme inscrita en el registro judicial, lo que implica que pueden incluir hechos cometidos en años anteriores y no necesariamente delitos ocurridos exclusivamente en 2024. No obstante, estos datos permiten ofrecer una aproximación cuantitativa a la dimensión del fenómeno en España y contextualizar el artículo de la APA sobre la edad de responsabilidad penal dentro de nuestro propio sistema jurídico.

De hecho, en España, la responsabilidad penal de los y las menores está regulada mediante una legislación específica y diferenciada del sistema penal adulto, lo que situaría la cuestión en coordenadas distintas a las de otros países.

Más allá del castigo: entender las causas profundas.

La Asociación Americana recuerda que, para abordar la delincuencia juvenil eficazmente, es imprescindible mirar más allá del acto delictivo en sí. Factores como la exposición a ambientes adversos, la falta de apoyo familiar y comunitario, y problemáticas psicológicas y sociales influyen de forma significativa en la propensión de los y las adolescentes a involucrarse en conductas delictivas. Evidencias de investigaciones recientes resaltan que intervenciones tempranas en contextos de riesgo y políticas centradas en la prevención y el desarrollo integral tienen mayor potencial para disminuir los índices de delincuencia juvenil que medidas estrictamente punitivas (Ayano et al., 2024).

Hacia un modelo de justicia juvenil basado en la evidencia.

En definitiva, el llamamiento de los expertos es claro: los sistemas de justicia penal no pueden ignorar el conocimiento acumulado sobre cómo se desarrolla el cerebro y la conducta durante la adolescencia. Para ser eficaces y justos, los enfoques deben equilibrar la necesidad de rendición de cuentas con estrategias que favorezcan la rehabilitación, la inclusión social y la salud mental de los y las jóvenes. El reto, subrayan, no es solo jurídico o penal, sino profundamente psicológico y social.

Fuente.

Alexander, A.A., & Peters, A. (2026). Should 14-year-olds be charged as adults? Research shows adult sentencing for teens fails to reduce repeat offenses. Monitor on Psychology, 57 (1). American Psychological Association.