Vivimos tiempos confusos en los que es difícil saber el sentido en el que viajamos, si hacia adelante o hacia atrás.

Miremos, por ejemplo, lo que está sucediendo con la nueva profesión de Psicólogo General Sanitario. Cuando la Ley General de Salud Pública creó el pasado año esa figura profesional, consideramos que era una buena solución para consolidar la profesión, proporcionando un eslabón necesario que dotase de seguridad jurídica al ejercicio profesional generalista en el ámbito sanitario y sirviera, además, para constituir una carrera profesional que enlazara el grado con la formación especializada. Por esas razones lo celebramos. Era un claro avance, conseguido por unanimidad de los grupos parlamentarios y con el apoyo mayoritario de la profesión. Sin embargo, esa Ley necesita, para ser realmente útil, un desarrollo normativo que aún no se ha iniciado. El tiempo pasa y nada se concluye. Tampoco nada se nos explica ¿Qué lo detiene? ¿Estamos retrocediendo? Y en ese caso, ¿en qué y a quiénes perjudica ese retraso?

A día de hoy no disponemos de una norma ministerial que regule el máster que debe dar acceso a este nuevo ámbito profesional de la psicología, a pesar de que el plazo que marca la Ley General de Salud Pública está ampliamente vencido. Es importante que recordemos que el máster debía regularse en un plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley y que esa es la vía prevista para que sea posible el ejercicio de la profesión una vez que se acabe el periodo transitorio que marca la Ley a finales de 2014. Eso significa que si no se aprueba pronto la regulación, no llegaremos a tiempo, ya que las universidades van a tardar un tiempo en organizar y poner en marcha el máster oficial, dando como consecuencia que los alumnos que salgan de las Facultades no tendrán ninguna opción de entrar en el mercado de trabajo sanitario, salvo obteniendo una de las cada vez más escasas plazas PIR. ¿Cómo puede conciliarse el mensaje de que se lucha contra el paro con la falta de diligencia a la hora de posibilitar que cientos de profesionales puedan trabajar? ¿Qué sentido tiene decir que se está luchando contra el déficit público y el despilfarro si nos parece bien gastarnos mucho dinero en formar graduados en Psicología que luego no podrán formarse y ejercer, simplemente porque las administraciones no han hecho su trabajo a tiempo? En una época de escasos recursos públicos para la asistencia sanitaria, ¿carece de importancia que no garanticemos la correcta inserción de los psicólogos que van a asegurar la asistencia psicológica en el ámbito privado?

Más importante aún, no se ha empezado a hablar, en serio, del problema que nos dejaron los legisladores que, a la vez que crearon el Psicólogo General Sanitario, no hicieron previsión alguna de acceso a ese nuevo ámbito laboral que sea distinta al máster. Es importante que se sepa que, en su momento, ya dijimos que era completamente impracticable y además tremendamente injusto que, tanto los nuevos graduados y licenciados, como los profesionales en ejercicio que no pudieron alcanzar el título de especialista y que ya ejercen al amparo de la transitoria, tengan el futuro máster cómo única vía de acceso. Hay varias razones. Mencionaré sólo tres. No tiene sentido que se exija formación adicional para adquirir la nueva titulación a quienes ya llevan tiempo siendo reconocidos como psicólogos generales sanitarios “de facto” y ejercen legalmente como tales. Como siempre ha pasado cuando se han creado nuevos ámbitos profesionales regulados, hay que establecer vías de acceso especiales para aquéllos que ya están ejerciendo y no necesitan, por lo tanto, que aprendan las competencias que ya desempeñan.  Además, si las universidades sólo podrán atender una pequeña fracción de la demanda de sus propios alumnos, resulta ocioso indicar lo que sucedería si a ese grupo de recién graduados se unen los miles de profesionales ya en ejercicio. En tercer lugar, vivimos en un país con un nivel de paro escandaloso que hace incomprensible que la Administración ponga trabas absurdas a un ejercicio profesional que palía el escaso desarrollo que tiene la asistencia psicológica en el sistema público. Si estas razones son de peso, como creemos, ¿a qué se espera para empezar a poner en marcha las medidas que impidan la catástrofe futura? ¿Es que sólo se va a actuar cuando ya se tenga el problema encima?

El título de Psicólogo General Sanitario es un eslabón en una cadena. Siempre lo hemos concebido así, de la misma manera que lo hacen la inmensa mayoría de las asociaciones de Psicología Clínica. Sin embargo, no hay sobre este asunto claridad sobre lo que piensa la Administración, ni un plan y calendario claro para llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias, para que el acceso al PIR se haga desde el máster. La organización colegial cree que si se mantiene por más tiempo esta incertidumbre, la consecuencia más probable sea el aumento de la confusión de alumnos, profesionales y sociedad en general así como el incremento de conflictos intraprofesionales. ¿Quién puede querer estos resultados, que sólo llevan al desánimo y a la frustración en un momento de grave crisis social como el actual?

La situación actual nos produce una profunda desazón y desconcierto, ya que el retraso y la falta de noticias sobre el desarrollo normativo que exigía la creación de la figura de Psicólogo General Sanitario conduce inevitablemente a una sensación de estancamiento cuando no de retroceso. Todo lo que debe hacerse es fácil, dado el enorme grado de consenso tanto interno como externo. Conviene recordar que la disposición adicional que nos afecta de la Ley General de Salud Pública se aprobó por unanimidad en el parlamento, y que el Consejo General de COP y la inmensa mayoría de las asociaciones relevantes en la Psicología Clínica hemos apoyado su redacción y puesta marcha. Además, esta normativa servirá principalmente para regular el ejercicio privado de la profesión, sin más repercusión pública que el incremento de la salud y el bienestar social, así como el aumento de la actividad profesional y económica. ¿No son estos objetivos muy importantes en los momentos actuales?

¿Qué le pedimos a la Administración? Eficacia y diligencia para la puesta en marcha del máster y el establecimiento del itinerario grado-máster-PIR, diálogo para buscar vías de solución para los psicólogos ejercientes que se van a encontrar con un grave problema en 2014, y sensibilidad con una profesión que cumple una importante función de servicio público, tanto en el sistema sanitario público como privado, con un bajísimo coste presupuestario y una contrastada efectividad y eficiencia. ¿Estamos pidiendo demasiado?