La aprobación definitiva de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia ha culminado su tramitación parlamentaria manteniendo una previsión especialmente relevante para las profesiones que desarrollan su actividad en el ámbito social: el compromiso de que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, un Proyecto de Ley de Profesiones de la Intervención Social.
Esta previsión tiene su origen en una iniciativa impulsada por el Consejo General de la Psicología de España (COP), en el marco del trabajo desarrollado junto con el Consejo General del Trabajo Social y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales para avanzar en la regulación de las profesiones de la intervención social. Durante la tramitación parlamentaria de la reforma, Junts recogió la propuesta y la presentó como enmienda, que fue incorporada al texto aprobado por el Congreso, se mantuvo tras su paso por el Senado y ha quedado finalmente incluida en la norma aprobada de forma definitiva.
La incorporación de esta previsión supone un paso relevante hacia el reconocimiento y ordenación de unas profesiones que desempeñan un papel clave en la atención a personas, familias, grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad. La futura regulación permitiría avanzar, entre otros aspectos, en la definición de las funciones y competencias profesionales, establecer criterios comunes respecto a la formación y cualificación necesarias para su ejercicio, favorecer la coordinación interdisciplinar y contar con un marco normativo que contribuya a prevenir situaciones de intrusismo profesional.
Con motivo de esta aprobación, Infocop ha querido entrevistar a Fernando Chacón Fuertes, vocal adjunto a presidencia del Consejo General de la Psicología de España, Catedrático de Psicología Social e impulsor de esta iniciativa, para profundizar en el alcance de este importante avance, conocer el papel desempeñado por el COP durante este proceso y analizar los pasos que deberán darse a partir de ahora para hacer efectiva la futura regulación, así como las cuestiones que deberían quedar reconocidas en relación con la labor de los psicólogos y las psicólogas en el ámbito de la intervención social.
ENTREVISTA
La reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia ha culminado ya su tramitación parlamentaria manteniendo la previsión de que el Gobierno remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Profesiones de la Intervención Social. ¿Qué valoración hace de esta aprobación y qué supone que esta iniciativa impulsada por el COP haya quedado finalmente incorporada al texto legislativo?
En primer lugar, la valoración es muy positiva, entre otras cosas, porque ha sido una enmienda que se introdujo en el texto, a propuesta del Consejo General de la Psicología. Para contextualizar un poco, esto surge a raíz de las reuniones que veníamos manteniendo con la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Este organismo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, venía reuniéndose con los tres Consejos, con el Consejo de Trabajo Social y el Consejo de Educación Social, y con nosotros, para promover la regulación de las profesiones de la intervención social.
Durante una reunión, nos explicó que se iba a aprobar esta reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Entonces, al COP se nos ocurrió que, dado que se estaba tramitando esta ley en el Congreso y, según nos había comentado la directora general, era muy probable que se aprobara, entonces, lo mejor era proponer una enmienda en su texto y eso hicimos: propusimos una enmienda a los grupos parlamentarios. Junts recogió esta enmienda, que primero fue aprobada por el Congreso, después se mantuvo en la aprobación del proyecto de Ley durante su paso por el Senado y, finalmente, ya es definitiva tras su aprobación por el Congreso. Con lo cual la valoración es muy positiva.
No obstante, queda mucho camino por recorrer. Regular una profesión lleva muchos años, de hecho, los tres colegios llevamos pidiendo la regulación de la profesión de la intervención social desde hace más de diez años.
Se ha dado un paso muy importante, pero es un paso más. Hay que tener en cuenta que se trata de un compromiso para que el Gobierno presente una Ley que regule las profesiones de la intervención social en el plazo de un año. Sabemos que hay elecciones, puede haber otro Gobierno, y es cierto que muchas de estas propuestas pueden no cumplirse, o no hacerlo en el plazo indicado de un año. Pero algo muy positivo es que esta ley se ha aprobado con los votos de diferentes grupos parlamentarios, como el Partido Socialista y el Partido Popular, y esto es positivo para seguir avanzando en la misma línea.
En España están bastante bien reguladas las profesiones sanitarias, pero no ocurre lo mismo con las profesiones que intervienen en el ámbito de la familia y la infancia. Y hablo concretamente de familia e infancia porque, para poder regular una profesión como la de la Intervención Social, esta debe estar vinculada a un fin de interés social general. Precisamente, los servicios sociales dirigidos a familias o personas en situación de necesidad, así como la atención a la familia y la infancia, constituyen áreas de interés general, contempladas específicamente en la normativa europea.
La norma establece el plazo de un año desde su entrada en vigor para que el Gobierno remita este Proyecto de Ley a las Cortes Generales. ¿Qué pasos deberían darse a partir de ahora para avanzar hacia su elaboración y lograr una regulación consensuada y adecuada a la realidad de la intervención social?
Lógicamente, teniendo en cuenta que se establece el plazo de un año y que habrá elecciones de por medio, será una tarea que tendrá que realizarse en la nueva legislatura, no en esta. Entonces, el Ministerio que tenga las competencias de asuntos sociales tendrá que elaborar un proyecto de ley que primero se pasará a consulta pública y luego será remitido al Consejo de Ministros para que apruebe el proyecto. Posteriormente, si lo aprueba el Consejo de Ministros, ya pasará a su tramitación en las Cortes Generales. Por supuesto, esperamos que la regulación sea consensuada.
Cabe señalar que el Ministerio correspondiente de asuntos sociales, como se supone que es una Ley que puede afectar a la competencia y a la libre circulación de profesionales en la Unión Europea, tendrá que consultarlo con el Ministerio de Economía.
A este respecto, en el marco europeo de la libre circulación y la libre prestación de servicios, la normativa contempla la posibilidad de establecer determinadas limitaciones cuando están justificadas por fines de interés general. En este caso, la Directiva de Servicios de la Unión Europea excluye expresamente de su ámbito de aplicación determinados servicios sociales, entre ellos, los relativos a la atención a la infancia y al apoyo a familias y personas temporal o permanentemente necesitadas, ámbitos vinculados a fines de interés general.
Por tanto, entendemos que existe margen para que el Estado español regule las profesiones que intervienen en estos ámbitos si así lo considera. De hecho, en otros países ya están reguladas.
Precisamente, uno de los retos de esta regulación será delimitar las funciones y competencias de las distintas profesiones que intervienen en el ámbito social y, al mismo tiempo, preservar el carácter interdisciplinar de la intervención. Como experto, ¿cómo puede una futura ley clarificar las competencias y responsabilidades de cada profesión sin establecer compartimentos estancos y favoreciendo, al mismo tiempo, una adecuada coordinación entre profesionales?
Bueno, primero, quizás la ventaja fundamental de la regulación de una profesión es que establece cuál es la forma de acceso. Es decir, regula, en este caso, el título de acceso a la Psicología en el ámbito de la Intervención Social. Esto es bastante importante, porque significaría que la formación, tendría, en Psicología un denominador común para todo el Estado.
Ese es uno de los aspectos fundamentales de la regulación. Las definiciones de funciones vienen recogidas en las leyes que regulan las profesiones. Por ejemplo, si tomamos como referencia la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), veremos que las definiciones son muy sencillas. Por tanto, no cabe esperar que en la futura ley se establezca una delimitación exhaustiva. Previsiblemente, contendrá una definición general. Eso se tendrá que concretar, evidentemente, en los reglamentos, en las normas, y en los protocolos de las instituciones. Y si alguna de estas disposiciones contradice la ley, entonces existirá la posibilidad de recurrirla.
Hace tiempo, con la LOPIVI (esto es, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia ), conseguimos también introducir un artículo que establecía que los equipos de intervención de los servicios sociales que atienden a menores víctimas de violencia, estuvieran constituidos, preferentemente, por profesionales de la psicología, de la educación social y del trabajo social. En ese momento, durante la tramitación de la Ley, se propuso una definición de funciones que, por ejemplo, entre psicólogos y psicólogas y trabajadores/as sociales no supuso ningún tipo de problema. Me refiero a una definición general: si se establece que los psicólogos y psicólogas se encargan de la evaluación, el tratamiento, la intervención y el diagnóstico de los aspectos psicológicos de las personas y grupos, se está delimitando el ámbito psicológico; del mismo modo, los aspectos sociales corresponderían al ámbito del Trabajo Social.
Por tanto, no tiene por qué haber grandes problemas en la definición que establezca la propia Ley, ya que no debería entrar en un nivel excesivo de detalle. Como ocurre con otras leyes que regulan profesiones, se trataría de establecer una definición general de las funciones de cada una, cuya concreción posterior correspondería a los reglamentos, las normas y los protocolos de las instituciones.
Además, esta regulación supondría un primer paso para evitar el intrusismo profesional. Si se definen las funciones de cada profesión y se establece que para desempeñarlas es necesario contar con una determinada formación, se dispone de un marco legal que permite actuar cuando esas funciones son ejercidas por personas que no cumplen los requisitos establecidos. Actualmente no contamos con ese respaldo normativo específico.
Centrándonos específicamente en la Psicología, ¿qué cuestiones considera prioritario que deberían quedar reconocidas en la futura regulación en cuanto a la labor de los psicólogos y las psicólogas que desarrollan su actividad en el ámbito de la intervención social?
Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, que son las que hemos comentado. Primero, debe fijar la formación básica que deben tener los psicólogos y las psicólogas, y, en segundo lugar, tiene que reconocer sus competencias en aquellos aspectos psicológicos relacionados con la problemática social, ya sea en el ámbito de las personas, familias, grupos, o incluso comunidades.
Para finalizar, ¿desea añadir algún otro comentario?
Sí, me gustaría destacar que esto es fruto de una labor muy larga, de muchos años. El COP viene realizando desde hace años numerosas actuaciones en distintos ámbitos para avanzar en cuestiones relevantes para la profesión. En este caso, se ha llevado a cabo una labor conjunta de los tres colegios, liderada por el Consejo General de la Psicología, que ha incluido numerosas reuniones con grupos parlamentarios, partidos políticos, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Economía, entre otros interlocutores.
Hemos ido consiguiendo, como decía antes, avances progresivos. Al principio la respuesta era negativa; posteriormente, conseguimos que algunos partidos políticos lo incluyeran en su programa electoral y ahora hemos conseguido que se reconozca el compromiso del Gobierno de impulsar una ley en el plazo de un año, con el apoyo de los grupos políticos mayoritarios, lo cual es muy importante. Y quiero destacar precisamente ese carácter mayoritario del apoyo, ya que ha contado tanto con el PSOE como con el PP. Esto supone un avance muy importante, pero queda todavía mucho trabajo por hacer.