El pasado viernes, 27 de junio, se formalizó un acuerdo de especial relevancia para el ámbito de la intervención psicológica en situaciones de crisis y catástrofe. El Consejo General de la Psicología (COP) y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCyE), dependiente del Ministerio del Interior, firmaron un Protocolo General de Actuación con el objetivo de articular un marco de colaboración estable y efectivo para el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de protección civil y gestión de emergencias.

Durante la firma del convenio, estuvieron presentes, en representación del COP, Francisco Santolaya Ochando, presidente de la organización colegial, junto con Francisco Javier Torres Ailhaud,vocal de la Junta de Gobierno del COP y coordinador del Área de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes. Por parte de Protección Civil, acudieron Susana Crisóstomo Sanz, Subsecretaria del Interior; Virginia Barcones Sanz, Directora General de Protección Civil y Emergencias; Rafael Morales, jefe de la Unidad Operativa de Protección Civil; Elena Puertas López e Isabel Vera Navascués, del equipo de Psicología de Catástrofes de la Dirección General de Protección Civil; y María José Martín Bernabé, Asesora Jurídica. Este acuerdo, rubricado por Susana Crisóstomo Sanz y Francisco Santolaya, constituye un paso decisivo hacia la consolidación de la figura del psicólogo de emergencias dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.

Un marco normativo sólido

El protocolo se fundamenta en una serie de disposiciones legales que otorgan competencias específicas a las instituciones firmantes. Por parte de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el respaldo legal proviene de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece como una de sus prioridades la atención sanitaria, psicológica y social urgente ante situaciones de emergencia o catástrofe.

En este contexto, se reconoce la importancia de una respuesta integral que incluya el restablecimiento de los servicios esenciales y el cuidado inmediato de los afectados. La Escuela Nacional de Protección Civil, adscrita a la Dirección General, desempeña además un papel central como instrumento vertebrador de la formación especializada para los actores implicados en la protección civil, incluidos/as profesionales de la psicología.

Por su parte, el Consejo General de la Psicología, como corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, se erige como el principal órgano representativo de la profesión en España. Fundado por la Ley 7/2005, su misión incluye, entre otras, la ordenación del ejercicio profesional, la representación institucional de los colegiados y la defensa de los intereses tanto de los profesionales como de los usuarios de los servicios psicológicos.

Ámbitos de actuación conjunta

El protocolo establece una colaboración estrecha en múltiples áreas. Entre ellas, se destaca la capacitación y entrenamiento de profesionales de la psicología que participan en situaciones de emergencia, el diseño de acciones dirigidas a la ciudadanía en materia de autocuidado y la elaboración de protocolos específicos de intervención psicológica. Estas líneas de acción buscan reforzar la profesionalización de los psicólogos de emergencias, cuya labor resulta esencial en contextos de alta vulnerabilidad.

El documento contempla expresamente la realización de iniciativas conjuntas que incluyan:

• Asesoramiento y formación: Se fomentará el apoyo mutuo y el intercambio de información en materia formativa y procedimental, con especial atención a la visibilización de la intervención psicológica en situaciones de emergencia.

• Establecimiento de protocolos: Se colaborará en la definición de protocolos de actuación, así como en convenios específicos con otras entidades de protección civil, incluyendo la participación de psicólogos en los planes de emergencia de las comunidades autónomas.

• Investigación y desarrollo: Se impulsará la ejecución de estudios, proyectos y programas de I+D en el ámbito de la gestión de emergencias, reforzando así el conocimiento científico aplicado al sector.

• Formación accesible y compartida: Ambas entidades facilitarán el acceso a formación especializada sobre intervención psicológica en emergencias.

• Divulgación y simulacros: Se prevé la organización de jornadas, seminarios y simulacros centrados en los últimos avances en intervención psicológica.

• Innovación tecnológica: Se explorará el uso de herramientas como la inteligencia artificial para mejorar los sistemas de respuesta, así como iniciativas preventivas y de divulgación dirigidas a la población.

• Publicaciones de interés común: Se incentivará el intercambio de materiales bibliográficos y científicos relevantes para la atención psicológica en contextos de catástrofe.

Todas estas acciones se desarrollarán respetando la autonomía organizativa de ambas instituciones, mediante la firma de convenios o instrumentos específicos que definirán los objetivos, medios y procedimientos concretos para su ejecución.

Comisión de Seguimiento: garantía de cumplimiento

Con el fin de velar por el correcto desarrollo del protocolo, se establece una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada institución. Esta comisión, que se constituirá en un plazo máximo de 60 días desde la entrada en vigor del acuerdo, se reunirá al menos una vez al año —aunque podrá hacerlo con mayor frecuencia si las circunstancias lo requieren— y tendrá entre sus funciones principales: proponer medidas para el cumplimiento de los objetivos; establecer los instrumentos de aplicación; evaluar periódicamente los resultados obtenidos; coordinar los posibles grupos de trabajo y proponer modificaciones, prórrogas o la resolución anticipada del protocolo.

Compromiso ético y legal

Ambas partes se comprometen a respetar estrictamente la confidencialidad de la información compartida en el marco del protocolo, así como a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018.

Este principio de confidencialidad se extiende a todas las actuaciones derivadas del protocolo y tiene como finalidad garantizar la integridad, seguridad y respeto a los derechos de las personas implicadas en intervenciones psicológicas durante emergencias.

Naturaleza y duración del acuerdo

Aunque el protocolo no tiene carácter jurídicamente vinculante, constituye una declaración de intenciones basada en los principios de buena fe, cooperación y lealtad institucional. Su duración inicial es de cuatro años desde la fecha de firma, con posibilidad de prórroga, mediante acuerdo expreso, por un periodo adicional de hasta otros cuatro años.

Un paso importante en el reconocimiento de la intervención psicológica en la gestión de emergencias

El presente acuerdo supone un hito en la colaboración interinstitucional en el ámbito de la protección civil, al reconocer formalmente la importancia de la intervención psicológica en la gestión de emergencias. A través de este protocolo, se establece una base sólida para avanzar en la profesionalización del psicólogo de emergencias, la mejora de la respuesta institucional ante catástrofes y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

Este tipo de iniciativas representan un modelo de actuación orientado no solo a optimizar los recursos y la coordinación entre administraciones, sino también a ofrecer una atención más humana, eficaz y basada en el conocimiento científico a quienes más lo necesitan en momentos críticos.

A este respecto, tal y como señaló la Subsecretaria del Interior, Susana Crisóstomo Sanz, con la firma de este protocolo general de colaboración se establece un cauce de colaboración en materia de psicología vinculada a las emergencias, un paso, en su opinión, «importantísimo, para que, ante las catástrofes que cada vez se producen con más frecuencia y con más intensidad, la atención psicológica quede definitiva y plenamente integrada en todo lo que es el dispositivo de gestión de una emergencia».

Pero no solo para la gestión de la emergencia. De acuerdo con Susana Crisóstomo, el protocolo permitirá una colaboración «mucho más amplia para que la psicología quede integrada en la gestión de la emergencia, desde la prevención hasta la atención en el mismo momento y después en las fases de recuperación». A su juicio, es clave esta atención a todas las personas que viven esas situaciones tan traumáticas (con el reciente ejemplo de la catástrofe de la Dana en Valencia), y que requieren de personal especializado, de profesionales debidamente formados, con los beneficios que esto conlleva, «tanto para las personas que han sido víctimas de la emergencia, como incluso para los propios intervinientes en dicha emergencia, que también necesitan de ese apoyo y de esa atención».

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya, destacó la trascendencia de un convenio que «viene a ratificar y a consolidar la importancia del rol de los/as psicólogos/as en Emergencias y en Catástrofes». Puso de relieve, a su vez, la labor que desempeñan los colegios profesionales y el Consejo General de la Psicología, de coordinación de los equipos de los y las profesionales de la psicología en los ámbitos de la emergencia, «que necesita de alguna manera ser contrastada, fijada, apoyada y consolidada, a través de firmas de convenio como la presente».

Como experto en el ámbito, Javier Torres quiso incidir en la importancia de la firma de este convenio, al suponer «un paso adelante en lo que es la profesionalización del psicólogo y la psicóloga de emergencias». Recordando que es una reivindicación que lleva realizando el COP, quiso agradecer el apoyo por parte de la Dirección General de Protección Civil. Asimismo, resaltó el trabajo crucial a nivel autonómico, donde «todos los colegios oficiales de psicología van a tener que trabajar con las Direcciones Generales de Protección Civil en el autonómico, con las Direcciones Generales de Emergencias para que, de alguna manera, se haga realidad en cada comunidad autónoma».