El Grupo Parlamentario Socialista, presentó, el pasado 4 de abril, una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que insta al Gobierno (en colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias) a implementar iniciativas con el fin de promover la salud mental, proponiendo una serie de medidas destinadas a tal fin.

Estas medidas, se centran en diversos aspectos relevantes en el ámbito de la salud mental, tales como la investigación, los recortes en materia presupuestaria –que, según afirma este grupo parlamentario, “han supuesto el desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”-, y el aumento de los trastornos mentales en los servicios de Atención Primaria.

En referencia a la investigación, el PSOE solicita al Ejecutivo su apoyo al estudio de las patologías mentales, con el objetivo de implementar programas eficaces de prevención.

En cuanto a las medidas y recortes presupuestarios, el grupo socialista insta a que se deroguen todas las medidas que han supuesto recortes en el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención, de tal manera que se garantice el acceso de este colectivo a unos servicios sociales de calidad. Asimismo, exige la exención del copago a todos los pacientes afectados por un trastorno mental, especialmente en la prestación farmacéutica y en el transporte sanitario no urgente.

En relación con el ámbito de la Atención Primaria, el texto recoge la necesidad de diseñar estrategias para la implementación de programas de tratamiento, prevención y/o promoción de salud mental en estos servicios asistenciales, y hace especial hincapié en el problema del suicidio, cuya prevalencia en nuestro país ha ido en aumento en los últimos años.

Al tener conocimiento de la presentación de esta Proposición, el Consejo General de la Psicología de España (COP), hizo llegar una carta a los parlamentarios y parlamentarias que forman parte de la citada comisión, en la que, por una parte, expresaba su satisfacción por la sensibilidad que han demostrado al interesarse por la promoción de la salud mental en España mientras, por otra, hacía expresa su preocupación e invitaba a que sean contemplados en el texto aspectos relevantes vinculados con la psicología. En esencia, en el texto se insiste en que:

1. Los trastornos mentales, las enfermedades físicas crónicas con presencia asociada de problemas de salud mental y las somatizaciones (quejas físicas de origen no biológico con altos niveles de ansiedad) son los problemas prevalentes hoy en la Atención Primaria (AP) española.

2. Las Organizaciones de referencia internacional entre las que se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instan a los gobiernos a considerar la salud mental como un eje prioritario de actuación en el desarrollo de políticas sanitarias. Su elevada carga económica y el importante impacto social y personal que suponen los trastornos mentales en la vida de los afectados y familiares, podrían paliarse si se emplearan medidas eficaces y recursos suficientes en prevención y tratamiento. En este sentido, las organizaciones referenciadas señalan que es una práctica habitual en nuestro sistema sanitario el tratamiento preferentemente farmacológico en la mayoría de los trastornos de salud mental cuando el tratamiento disponible más deseable en cuanto a su eficacia y eficiencia, apoyado por las guías de práctica clínica que cuentan con mayor prestigio internacional, es el tratamiento combinado con intervenciones psicológicas. 

3. Las intervenciones psicológicas presentan, además, otros beneficios adicionales, como el aprendizaje de estrategias de afrontamiento para enfrentar situaciones adversas futuras y el entrenamiento en habilidades para alcanzar un desempeño adecuado en el ámbito social y laboral, mejorando su autonomía personal, trascendiendo su radio de acción a la mejora de la sintomatología clínica. A este respecto, tanto los usuarios de los servicios de salud como los profesionales de AP y las asociaciones de pacientes en España reclaman una mayor disponibilidad y facilidad de acceso a los tratamientos psicológicos. La incorporación de psicólogos y psicólogas en los servicios de AP es una estrategia eficaz para liberar la sobrecarga asistencial que suponen estos pacientes y mejoraría el acceso a los tratamientos psicológicos, reduciendo la brecha existente entre el elevado número de personas afectadas y el reducido número de ellas que llega a recibir los tratamientos adecuados.

4. La integración de personal específicamente cualificado para la evaluación en salud mental y la aplicación de técnicas psicológicas de alta calidad en AP, supondría importantes ventajas para la gestión del sistema sanitario, representando una gran oportunidad de intervenir de manera precoz y prevenir el aumento de los índices de incapacidad de la población. También sería congruente con el hecho constatado de que los problemas de salud mental y física están íntimamente relacionados, proporcionando al paciente unos cuidados integrales y mejorando su satisfacción con la atención recibida. Esta integración de la atención psicológica en los servicios de AP demuestra ser una estrategia eficaz y rentable debido, entre otros factores, a la reducción de los costes sanitarios, de los costes en cuidados informales y de las bajas en productividad laboral y del descenso en los niveles de cronificación. Por todas estas razones, numerosos organismos de referencia internacional defienden actualmente la atención de la salud mental en los servicios de AP.

5. A pesar de que la aplicación de tratamientos psicológicos desde los servicios de AP es una práctica cada vez más frecuente en numerosos países de nuestro entorno, en España constituyen aún iniciativas aisladas. La ausencia de disponibilidad de los tratamientos psicológicos de manera generalizada en el sistema público actual supone una grave carencia y refleja una limitada comprensión de la dimensión que aún subsiste del problema.

6. El déficit en la disponibilidad de los tratamientos psicológicos en nuestro sistema sanitario público tiene que ver con el desarrollo de la serie histórica en las convocatorias de plazas de Especialistas en Psicología Clínica (PIR). Ésta no es sólo la especialidad en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia que presenta una peor ratio plaza/candidatos en cada convocatoria, sino que dista mucho de la ratio europea, de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes -España no se alcanzan los 4,5 psicólogos-. Esta escasez de plazas de Especialista en Psicología Clínica en el SNS (sólo 128 plazas se han convocado en 2013), se corresponde con la necesidad de plazas de psicólogos reconocida en el año 2010 por un Informe del Senado sobre los recursos humanos en el sistema sanitario que identificaba una carencia de hasta 7.200 psicólogos. Es importante destacar también la variabilidad existente entre las distintas Comunidades Autónomas, por lo que sería aconsejable tender a una cierta armonización. En consecuencia, sería necesario aproximar nuestro país a los estándares europeos impulsando un incremento progresivo del número de Especialistas en Psicología Clínica en el sistema sanitario español, que facilitara el acceso a los tratamientos psicológicos para la promoción de la salud mental desde la Atención Primaria.

Esta PNL está pendiente de ser debatida en la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso, por lo que Infocop continuará informando de cualquier novedad al respecto.

La Proposición No de Ley (págs. 25-26), se encuentra disponible en:

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/BOCG-10-D-254.PDF#page=25