Hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del Sida, una fecha proclamada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldada por la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la cual, se pretende concienciar a la población sobre este problema de salud pública mundial y apoyar a las personas que viven con VIH/sida, poniendo de relieve, a su vez, la importancia de combatir la epidemia mediante la prevención, la mejora del acceso a tratamientos y la reducción del estigma.

Según los últimos datos de ONUSIDA, pertenecientes a 2024, en todo el mundo hay 40,8 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales, 39,4 millones son adultos (15 años o más) y 1,4 millones, niños de 0 a 14 años. El 53% de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas. Aproximadamente, 5,3 millones de personas no saben que viven con el VIH.

Asimismo, las cifras muestran una reducción de las nuevas infecciones por VIH, con 1,3 millones de nuevas personas infectadas con el VIH, en comparación con 3,4 millones de personas en 1996, representando, las mujeres y las niñas, el 45% de todas las nuevas infecciones. También las nuevas infecciones por VIH entre niños se han reducido en un 62% desde 2010, aunque este progreso se ha estancado en los últimos años.

Por otro lado, si bien las muertes relacionadas con el sida se han reducido en un 70% desde el pico alcanzado en 2004 -y en un 54% desde 2010-, ONUSIDA alerta de que, en 2024, alguien murió cada minuto por causas relacionadas con el VIH.  

Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida

En este año 2025, bajo el lema «Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida», se destaca el impacto que los recortes de financiación de los donantes internacionales han tenido en la respuesta al sida, así como para mostrar la resiliencia de los países y las comunidades que están redoblando esfuerzos para proteger los logros alcanzados e impulsar la respuesta al VIH/sida. 

Con motivo de este día, ONUSIDA ha publicado un nuevo informe titulado «Sida, crisis y el poder de transformar», donde presenta una radiografía precisa del estado actual de la epidemia, de los avances logrados en las últimas décadas y de las amenazas que ponen en riesgo la continuidad de la respuesta global.

Según advierte, el mundo se encuentra en un punto crítico: tras décadas de avances, el progreso acumulado en la reducción de infecciones por VIH y de muertes relacionadas con el sida se ve amenazado por un colapso súbito de la financiación internacional, además de por la inestabilidad geopolítica, las crisis humanitarias, la desigualdad creciente, el aumento de leyes punitivas y el resurgir de movimientos anti-derechos.

Décadas de progreso amenazado por un colapso sin precedentes.

Si bien se han registrado avances en la reducción de las nuevas infecciones por VIH y en las muertes relacionadas con el sida, este progreso se ha visto abruptamente amenazado por la repentina retirada de fondos internacionales, especialmente por los recortes drásticos del Gobierno de Estados Unidos a PEPFAR (Plan de Emergencia para el Alivio del Sida), principal financiador mundial. El impacto, según ONUSIDA, ha sido inmediato: cierre de clínicas; interrupciones en tratamientos; escasez de reactivos; parálisis de programas comunitarios; limitación de servicios de prevención; y pérdida masiva de personal sanitario especializado.

El documento alerta que, si los recortes se mantienen de forma permanente, la consecuencia será devastadora: más de 4 millones de muertes adicionales y más de 6 millones de nuevas infecciones para 2030. Este escenario generaría impactos sanitarios, sociales y económicos duraderos, incrementaría la deprivación, deterioraría la salud, afectaría a la salud mental y provocaría graves daños a las comunidades más vulnerables.

Poblaciones clave: donde la epidemia se concentra de forma desproporcionada.

El informe detalla que la mayor parte de las nuevas infecciones fuera de África subsahariana —y una proporción significativa dentro de la región— ocurre entre poblaciones clave y sus parejas sexuales, incluyendo: trabajadoras sexuales; gais y otros hombres que tienen sexo con hombres; mujeres trans; personas que se inyectan drogas; personas en prisión u otros entornos cerrados.

Estas poblaciones enfrentan altos niveles de estigma, violencia, discriminación, detenciones arbitrarias, leyes punitivas y barreras estructurales. El informe indica que los niveles de prevalencia entre estos grupos pueden superar hasta 10 veces los de la población general, que se sitúan en el entorno del 0,7%.

ONUSIDA subraya que las personas de poblaciones clave también sufren intersecciones de daño psicológico, exclusión social, barreras para ejercer sus derechos y obstáculos en su salud mental y bienestar psicológico y social. En numerosos países, más del 20% reportan haber sufrido violencia física o sexual en el último año; muchos evitan acudir a servicios sanitarios por temor al estigma o a la discriminación.

Estigma, discriminación y violencia: un obstáculo estructural persistente.

El informe dedica especial atención al papel devastador del estigma y la violencia. Los datos más recientes muestran que, en encuestas del Stigma Index 2.0, más del 30% de las personas que viven con VIH en varios países reportan haber sufrido actitudes discriminatorias en su comunidad; un número significativo describe experiencias de humillación, rechazo o divulgación no consentida de su estatus, y muchas personas evitan centros de salud por temor a malos tratos o negación de servicios.

El estigma internalizado sigue siendo común: casi el 40% de las personas encuestadas reconocen sentirse avergonzadas por vivir con VIH, y una proporción notable omite la medicación por miedo a que su estado serológico sea descubierto.

El informe señala que la violencia, la discriminación y el rechazo social se asocian con daño emocional significativo y efectos nocivos sobre la salud mental y el bienestar psicológico y social. Todas estas experiencias tienen efectos directos en la adherencia al tratamiento, la continuidad asistencial y la evolución clínica.

Mujeres y violencia: desigualdad estructural que impide el acceso.

ONUSIDA expone que la violencia contra las mujeres que viven con VIH, en sus múltiples formas, es una realidad extendida, y que esta violencia —incluida la violencia en la pareja íntima— afecta directamente su acceso al tratamiento. En este sentido, recoge los siguientes datos:

• Las mujeres que han sufrido violencia física por parte de su pareja en el último año tienen 9% menos probabilidad de lograr supresión viral, lo que incrementa riesgos para su propia salud, la de su pareja y la de sus hijos.
• Estudios recientes documentan coerción, abuso y malos tratos en servicios de salud sexual y reproductiva, con más del 70% de mujeres viviendo con VIH en algunos países latinoamericanos reportando formas de violencia relacionadas con género y estatus serológico.
• Se documentan presiones indebidas respecto a la anticoncepción, el embarazo, el parto y la lactancia, lo que vulnera derechos básicos y limita su autonomía.
• La desigualdad económica y social genera situaciones de deprivación dependencia que dejan a muchas mujeres expuestas a violencia, estigma y exclusión.

Estas experiencias afectan a su bienestar mental, aumentan obstáculos para iniciar o mantener el tratamiento y refuerzan un ciclo de vulnerabilidad y daño.

El estigma, los estereotipos de género y los tabúes en torno a la sexualidad —descritos en varias secciones del documento-, se combinan con prácticas discriminatorias y con normas sociales que restringen los derechos y las oportunidades de igualdad para mujeres y niñas. ONUSIDA indica que algunas jurisdicciones están incluso privando activamente a mujeres y niñas de sus derechos en salud sexual y reproductiva, una situación que aumenta su vulnerabilidad y limita el acceso a servicios esenciales y al apoyo comunitario.

Menores y transmisión vertical: avances importantes, desafíos persistentes.

Los datos del informe confirman que, en 2024, el número de niños y niñas que adquirieron el VIH por transmisión vertical se redujo a 120.000, la cifra más baja desde los años 80. Aun así, esta cifra sigue siendo «inaceptablemente alta». La mayoría de estas infecciones se atribuyen a lagunas en el tratamiento materno, falta de supresión viral antes del parto, o casos en las que se ha adquirido el VIH durante el embarazo o la lactancia.

Sin embargo, hay más del 45% de los niños y niñas que viven con VIH que no están recibiendo tratamiento antirretroviral. ONUSIDA advierte que muchos de ellos siguen careciendo de un diagnóstico temprano y acceso a cuidados adecuados, que, sumado a las desigualdades geográficas y de género, genera importantes consecuencias para la salud, el bienestar psicológico y la supervivencia de los y las menores.

Salud mental y apoyo psicológico y social: servicios esenciales en retroceso.

El informe señala que los recortes de financiación están afectando gravemente a servicios esenciales relacionados con el apoyo psicológico y social, servicios comunitarios, acompañamiento de adherencia, apoyo emocional y psicológico para mujeres, niñas, jóvenes y poblaciones clave.

Asimismo, advierte de que estas reducciones tienen consecuencias directas en la salud mental, la continuidad en el tratamiento y la calidad de vida de quienes viven con VIH.

Hacia adelante: proteger derechos, financiar servicios, sostener comunidades.

En sus conclusiones, ONUSIDA enfatiza que, a pesar de la crisis, aún existen herramientas científicas sólidas, modelos comunitarios eficaces y soluciones de políticas públicas, capaces de sostener la respuesta mundial frente al VIH.

No obstante, proteger estos avances requiere reforzar los sistemas de salud, asegurar una financiación sostenible y garantizar tanto la igualdad, como el pleno respeto de los Derechos Humanos. El informe subraya también la necesidad de eliminar las leyes discriminatorias, erradicar el estigma, la violencia, los estereotipos y el tabú, que siguen obstaculizando el acceso a los servicios, así como ampliar la disponibilidad de servicios integrados de salud, salud sexual, apoyo psicológico y social y prevención. Del mismo modo, insiste en la importancia de proteger al personal sanitario y comunitario y de garantizar, en definitiva, que ninguna persona quede atrás.