Según las noticias aparecidas en días pasados en todos los medios, el Gobierno ha rectificado su propuesta inicial de reforma del sistema de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomas y plantea ahora congelar las cuotas para quienes ganen menos de 1.166 euros mensuales, a partir de 2026. La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega tras una semana de fuerte contestación de asociaciones y partidos políticos, y supone un alivio para los más de 800.000 autónomos situados en los tramos de ingresos más bajos.
Según el nuevo esquema anunciado, los y las autónomas con rendimientos inferiores a 1.166,70 euros al mes mantendrán su cuota en el mismo nivel que en 2025. Para los siguientes tramos, el Ejecutivo prevé aumentos progresivos entre el 1 % y el 2,5 %, equivalentes a entre 2,5 y 14,75 euros más al mes. En el caso de quienes superen los 6.000 euros mensuales, la subida será del 2,5 %. Esta revisión se enmarca en la aplicación del sistema de cotización por ingresos reales que entró en vigor en enero de 2023.
Rectificación tras la presión social y política.
La decisión del Gobierno llega tras la polémica provocada por su propuesta inicial, que preveía subidas más notables, incluso para los tramos más bajos. La idea generó rechazo entre las asociaciones de autónomos y dentro del propio bloque parlamentario que sostiene al Ejecutivo. La ministra Saiz reconoció en prensa que el objetivo ahora es «mantener el diálogo y preservar el equilibrio entre sostenibilidad y justicia contributiva», subrayando que el sistema seguirá su desarrollo con revisiones trienales.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, de la que el Consejo General de la Psicología (COP) es miembro desde el año 2021, ha celebrado, según reflejan diversos medios, que el Gobierno haya frenado la iniciativa que afecta a los y las autónomas, aunque considera que la congelación no resuelve los problemas estructurales del sistema. En declaraciones recogidas por la federación y los medios, Amor insiste en que los trabajadores por cuenta propia “ya están cumpliendo con el Pacto de Toledo y con la ley”, y que el verdadero incumplimiento “es de la Administración, que no ha equiparado la protección social de los autónomos a la de los asalariados”
ATA denuncia desequilibrios en el sistema de cotización.
En un documento interno de ATA, esta defiende que el actual modelo —derivado del Real Decreto-ley 13/2022— ya cumple con el espíritu del Diálogo Social y permite cotizar en función de los rendimientos. Sin embargo, según este texto, la federación rechaza que se planteen nuevas subidas automáticas sin contar con datos económicos suficientes ni con una evaluación completa de los primeros ejercicios del sistema.
ATA recuerda que el acuerdo inicial preveía una transición de nueve años con revisiones trienales, no incrementos lineales de las cuotas. Por eso, propone que las futuras actualizaciones se indexen al IPC y se acompañen de una mejora real de las prestaciones, especialmente las de cese de actividad, maternidad y enfermedad grave.
En su argumentario, la federación también pone de relieve las carencias de protección social que sufren los autónomos y autónomas. Entre ellas, destaca que el 60 % de las solicitudes de “paro de los autónomos” son denegadas, que no tienen acceso al subsidio para mayores de 52 años y que carecen de permisos por lactancia, duelo o fenómenos climatológicos. Además, según indica, se les sigue cobrando la cuota durante los primeros 60 días en caso de enfermedad grave y enfrentan trabas administrativas para recurrir los cálculos de la Agencia Tributaria
“Ingresos reales” y deficiencias estructurales.
ATA advierte de que el concepto de “ingresos reales” sigue siendo ficticio mientras no se reforme el sistema fiscal para reconocer deducciones justas. Según el documento, cerca de un millón de autónomos no están cotizando por sus ingresos declarados: unos 500.000 mantienen las bases de 2022, mientras otros tantos cotizan con bases ficticias por no tener rendimientos positivos. Esto evidencia, según la federación, que el sistema actual no refleja la realidad económica del colectivo.
Asimismo, ATA exige una revisión integral del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para garantizar la sostenibilidad y la justicia contributiva, incluyendo la situación de los y las mutualistas y los trabajadores y trabajadoras pluriactivas, que, en muchos, casos superan las bases máximas sin una mejora correlativa de protección.
Un decálogo para el futuro del RETA.
ATA concluye dibuja un decálogo de propuestas orientadas a corregir las deficiencias del sistema. Entre ellas:
- Indexar las cuotas por tramos al IPC durante los próximos tres años.
- Reconocer automáticamente el cese de actividad cuando el cierre sea definitivo.
- Garantizar que la Agencia Tributaria comunique los rendimientos computables antes de las regularizaciones.
- Equiparar los derechos de los autónomos y autónomas con los de los asalariados en permisos por fallecimiento o catástrofes naturales.
- Establecer un subsidio para mayores de 52 años y permisos de lactancia para madres autónomas
Próximos pasos.
El nuevo planteamiento del Gobierno será debatido en la mesa del diálogo social y posteriormente remitido al Congreso. Si no se aprueba antes de final de año, seguirán vigentes las cuotas de 2025. En paralelo, ATA y otras asociaciones mantienen su exigencia de que cualquier modificación se base en datos reales y en el cumplimiento de los compromisos de protección social.
ATA considera que no es necesario subir las cuotas para cumplir el Pacto de Toledo, sino garantizar que la Administración equipare sus derechos con los de los asalariados y asalariadas y aporte estabilidad jurídica al sistema.