El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial de más de 229 millones de euros para el impulso de tres planes clave en el sistema sanitario español: el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y el primer Plan de Prevención del Suicidio 2025. Esta distribución está pendiente de aprobación definitiva por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que estos fondos se suman a los ya gestionados por las comunidades autónomas, sin sustituir sus competencias, y reflejan el compromiso del Gobierno de España con el fortalecimiento de la sanidad pública.
A continuación, se describen los detalles de la inversión anunciados en la nota de prensa del Gobierno.
Atención Primaria y Comunitaria – 172,4 millones de euros
El grueso del presupuesto irá destinado a reforzar la Atención Primaria, considerada por la ministra como “el eslabón fundamental del sistema sanitario”. Se distribuirán 172,4 millones de euros (75,2% del total), la mitad según criterios como población, dispersión e insularidad, y la otra mitad entre las comunidades que cumplan requisitos como publicación de nuevas ofertas públicas de empleo en Atención Primaria o cobertura de puestos de difícil acceso, entre otros.
Este plan aprobado en diciembre de 2024 contempla medidas para situar al paciente en el centro, garantizar continuidad asistencial y atención domiciliaria, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y preparar la Atención Primaria para los desafíos futuros. A este respecto, se incluyen medidas como garantizar la interoperabilidad de las historias clínicas, programas de detección temprana de violencia de género en Atención Primaria y el uso de inteligencia artificial para reducir la carga burocrática.
Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027 – 39 millones de euros
Este plan contempla una inversión de 39 millones de euros (17% del total) y responde a desafíos estructurales como la falta de profesionales especializados en salud mental, reconocida por el Ministerio. Además, la ministra expresó su preocupación por el elevado consumo de psicofármacos en España, que lidera las cifras en la Unión Europea, especialmente entre adolescentes y mujeres jóvenes.
Ante esta situación, el plan plantea:
- Reforzar los recursos humanos en salud mental.
- Promover un uso más racional de los psicofármacos.
- Garantizar una atención respetuosa, que no vulnere los derechos humanos.
- Apostar por modelos comunitarios y alternativas a la institucionalización.
- Mejorar la atención a colectivos vulnerables como la infancia, adolescencia, mujeres tras el parto y personas afectadas en su entorno laboral.
Primer Plan de Prevención del Suicidio 2025 – 17,83 millones de euros
El Gobierno destinará 17,83 millones de euros (7,8% del total) a implementar este plan, que refuerza la red de protección y la integración de la salud mental en los sistemas de vigilancia sanitaria. Entre las medidas destacan:
- Campañas de sensibilización contra el estigma en los territorios autonómicos.
- Adecuación de urgencias hospitalarias para mejorar la atención a crisis emocionales.
- Apoyo a colectivos vulnerables como mayores, personas LGTBIQ+, en exclusión social o con enfermedades graves y dolor crónico.
- Apoyo psicológico a personas en duelo por suicidio de un ser querido.
- Refuerzo de la atención telefónica especializada.
- Formación y supervisión de agentes comunitarios clave («gatekeepers») que trabajan con personas en riesgo.
La financiación se estructura en:
- 12,83 millones de euros para gastos corrientes, incluyendo personal vinculado a la ejecución del plan.
- 5 millones de euros para inversiones en infraestructuras y equipamiento tecnológico.
Aprobación pendiente y responsabilidad compartida
La distribución de fondos anunciada refleja una intención clara de reforzar y modernizar la sanidad pública, con especial atención a las necesidades de salud mental, la prevención del suicidio y el papel central de la Atención Primaria. En el ámbito de la salud mental, las autoridades reconocen déficits como la escasez de profesionales especializados y el elevado uso de psicofármacos, apostando por una atención más humana, cercana y basada en el respeto a los derechos de los pacientes.
No obstante, la efectividad de estos planes dependerá no solo de la inversión económica, sino también del compromiso de las comunidades autónomas en su aplicación. Su aprobación definitiva por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud será clave para que estas medidas puedan traducirse en mejoras tangibles para la ciudadanía.