El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto un trámite de consulta pública previa con el objetivo de recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones, antes de la elaboración de una futura norma sobre el derecho a la identidad digital de la infancia y la adolescencia. Tal y como ha anunciado la ministra Sira Rego, el propósito de esta iniciativa es regular las prácticas de exposición de menores en redes sociales y plataformas digitales —conocidas como sharenting— y garantizar la protección de su imagen, intimidad y bienestar psicológico en el entorno digital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, este procedimiento tiene por objeto favorecer la participación ciudadana en la fase previa de elaboración normativa, recabando opiniones sobre los problemas a solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, los objetivos perseguidos y las posibles alternativas regulatorias o no regulatorias.
Una norma para proteger la identidad y el bienestar de la infancia
Según el documento de la consulta pública, la futura norma se enmarca en la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes, recogida en el artículo 39 de la Constitución Española, y en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España. Asimismo, la iniciativa se apoya en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que reconoce el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen, así como el derecho de los y las menores a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten.
En los últimos años, el uso intensivo de redes sociales y servicios de intercambio de contenido audiovisual ha propiciado un fenómeno creciente de exposición pública de la vida privada de menores, tanto de forma voluntaria por parte de los propios adolescentes como —de forma aún más frecuente—, a través de las publicaciones realizadas por sus progenitores o representantes legales. Esta práctica, que en muchos casos se realiza sin plena conciencia de sus riesgos, puede implicar la difusión masiva de imágenes, datos personales y escenas íntimas, accesibles a amplias audiencias y susceptibles de usos indebidos y/o delictivos.
Los riesgos del sharenting: una práctica cada vez más extendida
Conocido como sharenting —procedente de la unión de share (compartir) y parenting (crianza)—, el término hace referencia a la práctica parental de publicar fotografías, vídeos o información sobre los hijos e hijas en redes sociales. Tal y como explican investigadoras de la Universidad de País Vasco en un artículo publicado en la revista Papeles del Psicólogo, esta conducta, que suele tener una motivación afectiva o de orgullo, puede derivar en la exposición de datos personales sensibles, vulnerando el derecho de los menores a la intimidad y a la protección de su identidad digital.
Desde la perspectiva psicológica, este fenómeno se asocia con riesgos psicológicos, emocionales y conductuales para los y las menores, que pueden ver afectado su desarrollo, su percepción de control sobre su propia imagen y su bienestar mental. Los expertos advierten de que el impacto de la sobreexposición digital no se limita al momento de la publicación, sino que puede extenderse durante años, afectando a la autoestima, la seguridad personal y la construcción de la identidad.
De igual modo, la Fundación ANAR viene alertando de que publicar imágenes de los hijos e hijas en redes sociales puede exponerlos a diversos riesgos, como la apropiación indebida de las fotos, la suplantación de identidad, el acoso digital o la explotación sexual infantil. Según esta entidad, los progenitores deben ser plenamente conscientes de la huella digital permanente que genera cada publicación y de que el o la menor no siempre dispone de la madurez necesaria para comprender las implicaciones de esa exposición.
Consecuencias para la salud mental infanto-juvenil
En la misma línea que los expertos, el Ministerio de Juventud e Infancia reitera en su texto de consulta que la sobreexposición infantil y la difusión no consentida de imágenes de menores, incluso con fines aparentemente inofensivos o afectivos, puede tener consecuencias graves, no solo para su salud física, sino también para su bienestar psicológico. La sobreexposición infantil, advierte, incrementa los casos de ciberacoso y se asocia con problemas como la ansiedad, la depresión, la pérdida de autoestima o incluso con conductas suicidas. Asimismo, alerta también de la creación de una huella digital duradera, difícil de controlar, que puede afectar al desarrollo personal, psicológico, emocional y social de los niños y las niñas, e incrementa el riesgo de exposición a conductas delictivas, como el grooming o la pedofilia.
Entre los usos preocupantes de las imágenes de menores, se mencionan su utilización para realizar juicios vejatorios, la manipulación de vídeos con fines humillantes o la generación de nuevos contenidos que fomentan el odio y la estigmatización. Este tipo de prácticas, afirma el documento, puede provocar graves alteraciones psicológicas y emocionales, sentimientos de vergüenza y deterioro de la autoestima, además de favorecer situaciones de aislamiento social y sufrimiento psicológico prolongado.
Asimismo, la exposición continua puede acarrear problemas de desarrollo psicológico y social, afectando a la percepción del propio cuerpo, la intimidad y a las relaciones interpersonales. En este sentido, el Ministerio subraya la necesidad de incorporar una regulación específica que aborde de manera integral los riesgos del entorno digital para la infancia y la adolescencia, reforzando la protección frente a vulneraciones del derecho a la imagen, la privacidad y la identidad digital.
Un marco normativo para la protección de la infancia en el entorno digital
La norma en consulta tiene como finalidad establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos de los menores en el entorno digital, regulando la difusión de imágenes e información personal a través de redes sociales y plataformas audiovisuales, tanto si la publicación tiene o no finalidad comercial o lucrativa.
El texto plantea la creación de un marco jurídico específico que permita prevenir la explotación mediática de la imagen de los y las menores, reforzar el control sobre el uso de sus datos personales y asegurar su derecho a participar en las decisiones que afecten a su vida digital. Además, prevé la posibilidad de regular los contenidos generados por progenitores o tutores que utilicen las redes sociales con fines promocionales o publicitarios, cuando de ello pueda derivarse una vulneración de los derechos de los hijos e hijas.
En palabras de la titular de Juventud e Infancia, la nueva regulación busca «proteger la identidad digital de la infancia y la adolescencia» y evitar que el entorno digital se convierta en un espacio de riesgo o vulnerabilidad, recordando que el 72% del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas. Por ello, considera crucial establecer, «límites claros a las prácticas de exposición pública en redes sociales», en paralelo con los compromisos internacionales en materia de derechos del menor.
Una iniciativa en sintonía con las recomendaciones europeas
De hecho, la preocupación por el impacto de las tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia ha sido también objeto de atención por parte de las instituciones europeas. En este sentido, el Consejo de la Unión Europea ha situado la salud mental infanto-juvenil en el centro de su estrategia digital, recomendando a los Estados miembros evitar prácticas de exposición de menores online y promover un uso responsable de las redes sociales y los contenidos audiovisuales.
Estas recomendaciones se alinean con el enfoque preventivo y de protección integral que inspira la iniciativa ministerial, que busca garantizar el bienestar y la seguridad digital de los menores, reconociendo que el acceso a Internet y la participación en entornos virtuales, deben estar acompañados de límites y garantías jurídicas adecuadas.
Participación ciudadana abierta hasta el 12 de noviembre
El trámite de consulta pública permanecerá abierto hasta el 12 de noviembre de 2025, periodo durante el cual ciudadanos, organizaciones y asociaciones podrán enviar sus opiniones y aportaciones sobre los contenidos de la futura norma al correo electrónico participacion.publica@juventudeinfancia.gob.es, indicando la finalidad de la consulta y los datos de identificación del remitente.
De acuerdo con la normativa vigente, este procedimiento tiene carácter previo a la redacción del proyecto normativo y su objetivo es recoger las valoraciones y propuestas de los sectores potencialmente afectados y de los agentes implicados, contribuyendo a una elaboración más participativa, transparente y eficaz de las políticas públicas.
Hacia una infancia digital más segura y protegida
La apertura de esta consulta pública representa un paso decisivo en la protección de los derechos digitales de la infancia y la adolescencia, y responde a la creciente preocupación social y profesional por el impacto del entorno digital en la salud mental, la privacidad y el desarrollo de los menores.
La futura norma, una vez elaborada, pretende garantizar un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la intimidad, la propia imagen y la protección frente a la exposición digital no consentida.
Con ello, el Ministerio de Juventud e Infancia avanza en la construcción de un marco legal que refuerce el bienestar, la seguridad y la dignidad de la infancia en el entorno digital, en coherencia con los compromisos internacionales y las recomendaciones europeas en materia de protección de los derechos del menor.
Puedes acceder al documento de la consulta pública desde la página web del Ministerio de Juventud e Infancia o bien directamente aquí:
Legislación sobre el derecho a la identidad digital de la infancia y la adolescencia