Redacción de Infocop
La Psicología de la Intervención Social (PISoc) constituye una disciplina fundamental en el ámbito de los Servicios Sociales en España. Su enfoque integral y comunitario permite abordar problemáticas complejas que afectan a individuos, grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de su creciente relevancia, la PISoc enfrenta desafíos significativos relacionados con la definición de su rol profesional, la regulación normativa y la integración efectiva en las políticas públicas.
Marco normativo y reconocimiento profesional
Tal y como afirman los expertos en el área de la Psicología de la Intervención Social, una regulación clara del rol de los/as profesionales en los servicios sociales -incluidos los/as psicólogos-, es esencial para lograr intervenciones eficaces y coordinadas en el ámbito comunitario. En este sentido, dicha regulación permitiría un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejora de la calidad del sistema social (Infocop, 2022c).
A nivel de Comunidades Autónomas, el Sistema de Servicios Sociales se encuentra fraccionado, lo que produce una inequidad entre la ciudadanía. Aunque en los últimos años, en las diferentes Comunidades se han ido desarrollando y Leyes de Servicios Sociales, con el fin de actualizar el marco legislativo existente y adaptarlo a la nueva realidad social española, no se ha producido un marco legal estable y suficiente para la incorporación de los/as Psicólogos/as, al priorizar dichas Leyes los contenidos sociales, entendidos como gestión de prestaciones y recursos fundamentalmente económicos y materiales, en detrimento, y, a veces olvido, de los aspectos psicológicos (Rubio y Plumed, 1995; COP, 2018; Infocop 2022a), ligados indefectiblemente a las situaciones de adversidad, al desarrollo de la autonomía o de la vulnerabilidad social.
Por ejemplo, en el ámbito estatal, leyes como la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, reconoce la importancia de una atención integral que incluye aspectos psicológicos. Asimismo, la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, refuerza la necesidad de intervenciones psicológicas y sociales en este ámbito.
En la misma línea, a nivel autonómico, las leyes de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas establecen el marco específico para la intervención psicológica en sus respectivos territorios. Por ejemplo, la Ley 5/2009 de Aragón y la Ley 12/2022 de la Comunidad de Madrid reconocen la intervención psicológica y social como una prestación técnica esencial.
Así, a pesar de estos avances legislativos, persiste la necesidad de una regulación clara y específica del rol del psicólogo en los servicios sociales. Una importante demanda que han venido haciendo los y las profesionales, es la de garantizar unos servicios sociales de mayor calidad, que incluyan la atención a las necesidades psicológicas de la población desde el ámbito comunitario de intervención (Infocop, 2022b).
En este contexto, el COP, junto con el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) presentaron en su momento una serie de consideraciones a tener en cuenta en el Anteproyecto de Ley de Condiciones Básicas para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales presentado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (actualmente en fase de tramitación parlamentaria y pendiente de su aprobación definitiva por las Cortes Generales), en pro de un modelo de Servicios Sociales más eficiente, universal y de calidad (Infocop, 2022a; Infocop, 2022b).
Entre las principales demandas del COP se encuentran:
- Reconocimiento explícito de la Psicología como profesión esencial en los servicios sociales: se solicita que la Psicología sea reconocida formalmente como una de las profesiones fundamentales en la red de servicios sociales, junto con Educación Social y Trabajo Social. Este reconocimiento implica la inclusión de psicólogos/as en los equipos multidisciplinares que atienden a la población en situación de vulnerabilidad.
- Garantía de intervención psicológica en los servicios sociales: se propone que la intervención psicológica sea una prestación garantizada en los servicios sociales, asegurando que todas las personas tengan acceso a apoyo psicológico cuando lo necesiten, independientemente de su lugar de residencia.
- Definición clara de las competencias profesionales: se aboga por una delimitación precisa de las funciones y competencias de los psicólogos en el ámbito de los servicios sociales, evitando solapamientos con otras profesiones y promoviendo una intervención eficaz y coordinada.
- Inclusión de la colegiación obligatoria: se propone que la colegiación sea un requisito obligatorio para el ejercicio profesional en los servicios sociales, como garantía de calidad y cumplimiento de los estándares éticos y deontológicos.
- Promoción de la práctica basada en la evidencia: se destaca la importancia de que las intervenciones psicológicas en los servicios sociales se fundamenten en la evidencia científica disponible, promoviendo la eficacia y eficiencia en la atención a la ciudadanía.
- Fomento de la innovación y la investigación: se insta a promover la innovación en los servicios sociales, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y la colaboración con la comunidad académica para el desarrollo de investigaciones que mejoren la calidad de las intervenciones psicológicas.
- Participación en la gobernanza del sistema de servicios sociales: se solicita la inclusión de representantes de la Psicología en los órganos de gobernanza y asesoramiento del sistema de servicios sociales, asegurando la representación de la profesión en la toma de decisiones y en la planificación de políticas públicas.
Estas propuestas reflejan el compromiso de la Psicología con la mejora del sistema de servicios sociales y la promoción del bienestar de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. De hecho, la inclusión de estas demandas en la futura Ley contribuiría a fortalecer la atención psicológica propia del ámbito social y a garantizar una intervención integral y de calidad en todo el territorio nacional.
3. Funciones y ámbitos de intervención
El psicólogo/a de la intervención social puede desempeñar múltiples funciones en los servicios sociales, que incluyen:
- Evaluación y diagnóstico: identificación de necesidades psicológicas y sociales de individuos y grupos.
- Intervención individual y grupal: diseño y ejecución de programas de apoyo e intervención psicológica en situaciones de adversidad y vulnerabilidad, así como frente a crisis normativas y no normativas inherentes al desarrollo del ciclo vital y a los procesos de socialización y a la resolución de problemas complejos.
- Prevención y promoción de la salud mental: desarrollo de estrategias para la rehabilitación, inclusión e inserción social de perfiles vulnerables, con especial atención a la fragilidad psicológica, la prevención de los trastornos mentales y fomento del bienestar.
- Asesoramiento a otros profesionales: colaboración con trabajadores sociales, educadores y otros agentes para una intervención integral e integrada propia de los modelos de cuidados comunitarios centrados en la persona.
Estos/as profesionales intervienen en diversos contextos, como la atención a familias, infancia, juventud, personas mayores, discapacidad, personas expuestas a situaciones de diversidad de violencias y colectivos en situación o riesgo de exclusión social. Su labor se desarrolla en colaboración con otros agentes sociales, en un enfoque interdisciplinario que busca la mejora del bienestar colectivo. De acuerdo con los expertos, para lograr un verdadero reconocimiento institucional, es necesario reforzar la presencia de los/as psicólogos/as en todos los niveles del sistema de bienestar social, con recursos suficientes y normativa adaptada a las necesidades reales de las personas (Infocop, 2023).
4. Retos actuales de la Psicología de la Intervención Social
A pesar de su importancia, la PISoc enfrenta varios desafíos que limitan su desarrollo y eficacia:
4.1. Falta de reconocimiento institucional y profesional
La Psicología de la Intervención Social aún no cuenta con un reconocimiento institucional y profesional adecuado. La ausencia de una regulación específica dificulta la definición clara de sus competencias y funciones, lo que puede generar solapamientos con otras disciplinas y limitar su integración efectiva en los Servicios Sociales. En este sentido, es crucial desarrollar una normativa específica que defina claramente el rol, competencias y funciones del psicólogo/a en los servicios sociales.
4.2. Necesidad de formación especializada
Existe una carencia de formación especializada en Psicología de la Intervención Social. Muchos/as profesionales acceden a estos roles sin una preparación específica en intervención social, lo que puede afectar la calidad de las intervenciones. Es necesario desarrollar programas formativos que aborden las particularidades de los contextos comunitarios y las problemáticas sociales emergentes.
4.3. Limitaciones en la financiación y recursos
La financiación de los servicios sociales en España es limitada, representando un porcentaje reducido del presupuesto público en comparación con otros sectores como la sanidad o la educación. Esta situación afecta la disponibilidad de recursos y la capacidad real de los psicólogos/as para desarrollar intervenciones efectivas. Una medida clave aquí sería incrementar la inversión en los servicios sociales para garantizar la disponibilidad de recursos y la calidad de las intervenciones.
4.4. Desigualdades territoriales y acceso a servicios
La descentralización de los servicios sociales ha generado desigualdades territoriales en el acceso a los/as profesionales de la Psicología de la Intervención Social. La disponibilidad y calidad de las intervenciones varía significativamente entre comunidades autónomas, lo que puede afectar la equidad en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Es necesario, por lo tanto, establecer mecanismos que aseguren una distribución equitativa de los servicios de Psicología de la Intervención Social en todo el territorio nacional.
4.5. Necesidad de evaluación y evidencia científica
La PISoc requiere fortalecer su base empírica mediante la evaluación sistemática de las intervenciones y la generación de evidencia científica. Esto permitirá mejorar la eficacia de las prácticas y justificar su inclusión en las políticas públicas.
Desde la Psicología de la Intervención Social se plantea la urgencia de abandonar enfoques meramente administrativos para avanzar hacia modelos comunitarios, centrados en las necesidades reales de las personas y en el abordaje integral de su bienestar psicológico. Siendo clave, según los expertos, una estructura más flexible y centrada en la persona, especialmente, en contextos de vulnerabilidad (Infocop, 2024).
5. Conclusiones
La Psicología de la Intervención Social puede desempeñar un papel crucial en la promoción del bienestar y la cohesión social en España. Sin embargo, para que su impacto sea efectivo y sostenible, es necesario abordar los desafíos actuales mediante una regulación adecuada, formación especializada, incremento de la financiación, equidad territorial y fortalecimiento de la base empírica. Solo así se podrá garantizar una intervención psicológica de calidad que responda a las necesidades de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.