El Pleno del Senado aprobó el pasado 10 de junio, por una amplia mayoría de 260 votos a favor y 4 abstenciones, el informe elaborado por la Ponencia de Estudio sobre la Salud Mental y la Prevención del Suicidio, una iniciativa parlamentaria constituida en el seno de la Comisión de Sanidad que, tras casi dos años de trabajo y 42 comparecencias de expertos/as y representantes institucionales y sociales, ha dado lugar a un amplio documento de análisis, conclusiones y recomendaciones para mejorar la prevención del suicidio y la atención a los problemas de salud mental en España.

El informe parte de una consideración clara: el suicidio constituye un grave problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en España, por lo que exige una respuesta integral, coordinada y sostenida desde los ámbitos sanitario, educativo, social, laboral y comunitario. La Ponencia subraya que la conducta suicida es un fenómeno complejo y multicausal que no puede explicarse por una única causa, sino por la interacción de factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, laborales, culturales y contextuales.

Una importante presencia de la psicología en los trabajos de la Ponencia.

Entre las 42 comparecencias celebradas durante los trabajos parlamentarios figuraron diversos profesionales de la Psicología, y representantes de organizaciones vinculadas a esta disciplina.

Las aportaciones realizadas por estos y estas profesionales aparecen recogidas en el informe y han contribuido de forma significativa a la elaboración de sus conclusiones y recomendaciones. Entre ellas, destaca la intervención de Fernando Chacón Fuertes, vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología de España, quien denunció que el sistema de salud mental está saturado, con esperas de hasta cinco meses en atención especializada, y propuso cambiar el modelo actual, diseñado para trastornos graves tradicionales, para abordar la nueva demanda centrada en ansiedad y depresión, fomentando la atención psicológica en atención primaria.

Asimismo, reclamó el retorno de psicólogos y psicopedagogos a los centros educativos, criticando que, actualmente, las plazas de orientación puedan ser ocupadas por cualquier graduado con solo cuatro meses de formación. También abogó por garantizar asistencia psicológica en servicios sociales, residencias y centros de trabajo para prevenir riesgos psicológicos y sociales, así como la creación de la especialidad en Psicología Clínica de la Infancia y la Adolescencia. También propuso modificar la Ley General de Salud Pública para permitir la contratación temporal de psicólogos y psicólogas con máster general sanitario en el sistema público cuando no haya especialistas disponibles, y defendió el incremento de profesionales en servicios de oncología y cuidados paliativos.

Chacón también instó a cumplir los códigos de buenas prácticas informativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, defendió la realización sistemática de autopsias psicológicas tras los suicidios consumados para comprender mejor los factores implicados en cada caso y facilitar apoyo a las familias afectadas, además de advertir sobre el repunte de autolesiones inducidas por contenidos en Internet y reclamar una supervisión profesional real de las líneas telefónicas de ayuda.

Por su parte, Francisco Villar Cabeza, psicólogo infanto-juvenil e investigador principal de la unidad de prevención de suicidio del niño y adolescente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, alertó de que las urgencias por conducta suicida en dicho Hospital se han multiplicado por cuatro en la última década, superando los 1.000 casos anuales, e identificó las nuevas tecnologías y determinados contenidos presentes en redes sociales como uno de los principales factores de riesgo para la infancia y la adolescencia.

Por otro lado, el psicólogo clínico y coordinador de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en conducta suicida (UPII Cicerón) del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Miguel Guerrero Díaz, defendió la necesidad de una Ley Integral de Prevención del Suicidio y presentó los resultados de la Unidad Cicerón, basada en una intervención psicoterapéutica intensiva durante las primeras 72 horas tras una tentativa suicida, destacando la importancia de la accesibilidad, la humanización y la continuidad de cuidados para reducir los reintentos.

El compareciente Juan Ignacio Capafons Bonet, psicólogo clínico y catedrático de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología de la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), destacó la dificultad de investigar un fenómeno tan intenso como el suicidio y defendió la necesidad de profundizar en sus causas para ayudar a los responsables públicos a tomar decisiones basadas en la causalidad real. Alertó también sobre el impacto de las tecnologías en la salud mental de los y las jóvenes, resaltando el rápido avance de las apuestas online y el mal uso de las redes sociales frente a la capacidad de respuesta de los legisladores.

El catedrático abogó por implicar a los jóvenes en su propia autorregulación y por dotar a los centros educativos de herramientas de detección, además de defender sistemas de prevención e intervención flexibles adaptados a variables como la edad, el género o el contexto cultural. También subrayó la importancia de la psicoeducación como herramienta básica, siendo clave optimizar los recursos públicos ya existentes. Destacó, asimismo, los avances experimentados por las terapias psicológicas de tercera generación durante las últimas dos décadas, centradas en la aceptación, los valores y el sentido vital, afirmando que estas terapias son especialmente eficaces frente a la ideación suicida.

Por su parte, el presidente de la Asociación Papageno, Daniel Jesús López Vega, alertó de diversos problemas estructurales en la prevención del suicidio, entre ellos, la falta de recursos, las desigualdades en el acceso a la atención psicológica, el exceso de medicalización y las deficiencias en el seguimiento de las personas que contactan con el teléfono 024. Y señaló que muchas plazas de psicólogos no se cubren por falta de profesionales, advirtiendo, a su vez, de que el sistema favorece la medicalización en lugar de la atención psicológica adecuada.

Durante su intervención Daniel Jesús López Vega defendió la alfabetización en suicidio para toda la sociedad, la formación de profesionales, la prevención en el ámbito educativo, el trabajo en red y la necesidad de dotar de más recursos humanos y económicos a los programas de prevención. Asimismo, subrayó la importancia de garantizar la equidad territorial en el acceso a los recursos y de impulsar un plan nacional de prevención del suicidio.

En la misma línea, la directora general de Cuidados y Atención Sociosanitaria de la Junta de Andalucía, Ana María Reales Arroyo, destacó la importancia de la incorporación paulatina de psicólogos clínicos en atención primaria para evitar la sobremedicalización de trastornos leves y cronificaciones evitables, subrayando la trascendencia de la despatologización de los eventos naturales y de la desmedicalización mediante grupos socioeducativos y de afrontamiento de la ansiedad.  

Factores psicológicos asociados al riesgo suicida.

Uno de los apartados del informe analiza la naturaleza de la conducta suicida y clasifica los factores asociados al riesgo en siete grandes grupos. Entre ellos, ocupa un lugar específico el bloque de factores psicológicos, donde se identifican la impulsividad, la rigidez cognitiva, la baja autoestima, la desesperanza o visión negativa del futuro y la percepción distorsionada de uno mismo como elementos relevantes en la comprensión de la conducta suicida.

Las conclusiones de la Ponencia señalan expresamente que diversos problemas de salud mental se encuentran asociados al riesgo suicida, tales como, la depresión, los trastornos afectivos, la esquizofrenia, los trastornos por consumo de alcohol y otras drogas y los trastornos de la conducta alimentaria. A ello se suman los factores psicológicos mencionados anteriormente, que pueden incrementar la vulnerabilidad de la persona.

Facilitar el acceso a la atención psicológica y reforzar la prevención.

Entre las medidas preventivas recogidas en el informe destacan varias relacionadas directamente con la intervención psicológica. En el ámbito de la prevención universal, se propone facilitar el acceso a la atención psicológica del suicidio dentro de la sanidad pública, tanto en atención primaria como en atención especializada, así como promover el acceso a profesionales de la psicología, la psiquiatría y la enfermería especializados en salud mental. Asimismo, entre las recomendaciones se señala que los teléfonos de prevención del suicidio y otros canales de comunicación deben ser atendidos por profesionales, subrayando la relevancia de facilitar el acceso a la atención psicológica y promover la coordinación con profesionales de la psicología, la psiquiatría, la enfermería, los servicios de emergencias, así como con familiares y amistades.

Respecto a la prevención selectiva, se recomienda la realización de cribados o screenings en atención primaria para detectar síntomas psicopatológicos, sobre todo, síntomas depresivos, y favorecer una identificación temprana de personas en riesgo.

Con relación a las medidas de prevención indicada, éstas incluyen el fortalecimiento de la coordinación entre atención primaria, recursos sociales y atención especializada, así como el incremento del número de psicólogos, psiquiatras y otros/as profesionales de salud mental. También se contempla la realización de autopsias psicológicas y la aplicación de tratamientos psicoterapéuticos óptimos para los trastornos subyacentes, garantizando la continuidad asistencial.

El documento destaca la necesidad de escalonar la atención en salud mental a las personas con riesgo suicida para evitar colapsos del sistema y asegurar la continuidad de la cadena asistencial.

Las autopsias psicológicas, una herramienta destacada por el informe.

Uno de los aspectos más relevantes desde la perspectiva psicológica es la importancia que el informe concede a las autopsias psicológicas. De acuerdo con el texto, existe una infraestimación de las cifras reales de suicidio debido a la posible clasificación errónea de algunos casos como accidentes de tráfico, accidentes laborales u otras causas de muerte. La ausencia de autopsias psicológicas contribuye a este problema y limita el conocimiento preciso del fenómeno suicida.

Por este motivo, tanto en las conclusiones como en las recomendaciones finales se plantea la necesidad de impulsar esta metodología, utilizando los Institutos de Medicina Legal para mejorar la información disponible y proporcionar formación específica sobre cómo realizar autopsias psicológicas. Estos institutos pueden desempeñar un papel relevante para proporcionar información más detallada sobre la conducta suicida y mejorar el conocimiento epidemiológico de este problema de salud pública.

Asimismo, el informe propone que el futuro Plan de Acción de Prevención del Suicidio incorpore la aplicación sistemática de autopsias psicológicas como una medida estructural para avanzar en el conocimiento y la prevención de la conducta suicida.

Entre las recomendaciones finales también se incluye el refuerzo de la formación específica en autopsias psicológicas para los y las profesionales implicados/as en el estudio e investigación de estos casos, con el objetivo de mejorar la calidad de los registros y avanzar en la comprensión de los factores asociados a la conducta suicida.

Incrementar las plazas PIR y aproximarse a las ratios europeas.

Otro de los mensajes más contundentes del informe se refiere a la necesidad de aumentar los recursos humanos especializados en salud mental. La Ponencia considera que la convergencia con las ratios europeas de profesionales constituye una condición indispensable para la eficacia de cualquier estrategia preventiva. En consecuencia, concluye que la formación de especialistas en salud mental debe declararse prioridad estratégica nacional y que resulta crucial incrementar progresivamente las plazas PIR, MIR y EIR, hasta alcanzar los estándares europeos en el horizonte de 2031.

En este sentido, se reconoce que la escasez actual de profesionales requiere medidas transitorias y se plantea expresamente la habilitación temporal de psicólogos generales sanitarios para funciones preventivas mientras se forma a especialistas.

La Ponencia también recomienda reforzar la atención primaria y la coordinación entre los recursos sociales y la asistencia sanitaria, así como la atención especializada, lo que incluye aumentar el número de psiquiatras, psicólogos y demás profesionales de la salud mental.

En sus recomendaciones, el documento insiste en la relevancia de aproximar el número de profesionales de psicología, psiquiatría y enfermería de salud mental en España a las mejores ratios europeas por cada 100.000 habitantes.

Formación específica sobre suicidio en las titulaciones sanitarias.

El informe también pone el foco en la formación. Entre las recomendaciones aprobadas se encuentra la incorporación de contenidos específicos sobre conducta suicida en los planes de estudio de las titulaciones relacionadas con la salud, incluida la Psicología, así como el refuerzo de la capacitación en autopsias psicológicas y en la atención a personas con riesgo suicida.

La Ponencia considera que mejorar la preparación de los futuros profesionales constituye un elemento esencial para fortalecer la detección precoz, la intervención y la prevención del suicidio en todos los ámbitos asistenciales.

Con la aprobación de este informe, el Senado incorpora a la agenda política un conjunto de propuestas que sitúan la salud mental y la prevención del suicidio entre las prioridades de salud pública y que reconocen de forma explícita el papel de la Psicología, la atención psicológica basada en la evidencia y el aumento de profesionales especializados como elementos fundamentales para avanzar en la reducción de la conducta suicida en España.

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