Se ha publicado un análisis sobre el estado de la transposición de las normativas europeas en España, en la revista Confilegal, que sitúa al país en una posición que podría ser preocupante dentro de la Unión Europea. Según ese artículo, España lidera el ránking de incumplimiento de directivas europeas con un déficit de transposición del 3,19%, la cifra más alta de todos los Estados miembros y con 92 infracciones abiertas por la Comisión Europea con riesgo de sanciones por no haber integrado las directivas en su ordenamiento jurídico en los plazos marcados por Bruselas.
Este dato, aunque técnico, tiene implicaciones que trascienden las fronteras del derecho y la política: para los profesionales de la psicología —especialmente aquellos que trabajan en ámbitos asociados a derechos de los pacientes, consumidores, menores, colectivos vulnerables o servicios de salud mental— resulta relevante comprender qué significa esta carencia normativa y cómo puede afectarles en su práctica diaria.
¿Qué es la transposición normativa y por qué importa?
La transposición de directivas europeas es el proceso mediante el cual normas aprobadas a nivel de la Unión Europea se incorporan al derecho interno de cada Estado miembro, con el fin de producir efectos jurídicos equivalentes a nivel nacional. A diferencia de los reglamentos europeos, que son directamente aplicables, las directivas necesitan una ley o norma nacional que las haga operativas dentro de cada país.
Cuando un Estado no traspone adecuadamente una directiva —o lo hace con retraso—, puede enfrentar procedimientos de infracción que culminen en sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de España, el elevado número de expedientes abiertos indica, quizás, un problema estructural en la capacidad del legislador para incorporar en tiempo y forma las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.
Para los y las profesionales de la psicología, este contexto es importante porque muchos aspectos que afectan a los derechos de las personas usuarias de servicios psicológicos —como la protección de datos, derechos de los consumidores en servicios de salud, inclusión y protección de menores o medidas relativas a la igualdad de trato— están regulados o reforzados por normas europeas que deberían estar plenamente implementadas en España.
El caso de la protección del consumidor y la ley de consumidores.
Un ejemplo paradigmático de cómo interactúa el Derecho europeo y español en áreas con consecuencias prácticas es el del ámbito del consumidor.
En España, la principal norma que regula los derechos de los consumidores es el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias. Esta ley incorpora numerosas directivas europeas sobre protección de consumidores, desde derechos básicos en la compraventa de bienes y servicios hasta garantías frente a prácticas abusivas.
Sin embargo, una directiva clave en este ámbito —la Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores— no ha sido transpuesta aún a la legislación española, pese a que su plazo de implementación expiró el 25 de diciembre de 2022. Esto significa que mecanismos europeos que permiten a asociaciones y entidades representar colectivamente a consumidores ante abusos graves o sistémicos todavía no están totalmente disponibles en España, lo que genera incertidumbre jurídica e impide la plena aplicación de derechos que ya existen en otros Estados miembros.
Para psicólogos y psicólogas, esta laguna normativa puede traducirse en efectos colaterales, como:
- Dificultades para asesorar a clientes sobre sus derechos en contratos de servicios psicológicos, especialmente cuando hay prácticas contractuales abusivas, falta de transparencia o condiciones impuestas por terceros (p. ej., plataformas digitales de prestación de servicios).
- Obstáculos en la implementación de mecanismos colectivos de defensa de grupos vulnerables frente a prácticas que puedan vulnerar derechos psicológicos, como estafas relacionadas con terapias on-line, pseudociencias o productos dirigidos a colectivos en riesgo.
- La ausencia de una transposición clara puede limitar la predictibilidad jurídica, algo esencial para la práctica profesional ética y segura.
Relevancia para las políticas públicas y la práctica profesional.
La transposición deficiente no solo tiene consecuencias legales y económicas para el Estado español: también repercute en el escenario institucional y social donde ejercen los psicólogos y psicólogas. Entre otras razones:
- Garantía de derechos de los pacientes y consumidores: normativas europeas buscan estándares homogéneos de protección para usuarios de servicios, incluidos los de salud mental. Cuando estas no se trasladan al derecho interno, se crea un vacío que puede perjudicar especialmente a personas en situaciones de vulnerabilidad.
- Seguridad jurídica y calidad de servicio: la aplicación de directivas europeas en ámbitos como la transparencia de contratos, derechos de información, acceso a mecanismos de resolución de conflictos o tutela colectiva de derechos aporta claridad jurídica tanto a profesionales como a personas usuarias.
- Marco de referencia para la ética profesional: la psicología, como disciplina sanitaria, se rige por principios éticos que incluyen la protección del bienestar, la no discriminación y la justicia social. La debida transposición normativa fortalece estos principios mediante leyes que facilitan su cumplimiento y refuerzan los mecanismos de defensa de los derechos afectados.
¿Qué puede hacer un profesional de la psicología?
Ante este escenario, es útil que los psicólogos y psicólogas consideren:
- Mantenerse informados sobre evolución legislativa en transposición de directivas que afecten indirectamente a su práctica (datos personales, derechos de consumidores, protección de menores, discriminación o salud digital).
- Integrar en su actividad diaria criterios de riesgo legal y ético derivados de la intersección entre normas europeas aún no transpuestas y marcos regulatorios nacionales.
- Colaborar con asociaciones profesionales para promover mejoras regulatorias y una mayor articulación entre normativa europea y práctica profesional, en beneficio de la población general.
Conclusión.
El artículo de Confilegal pone de manifiesto que España tiene un problema de retrasos en la transposición de la normativa europea, siendo el país con mayor número de infracciones abiertas por la Comisión Europea. Esto no es un asunto exclusivo de juristas o políticos: para psicólogos y otros profesionales del ámbito sanitario, educativo o social, entender este fenómeno es clave para comprender el entorno legal en el que opera su práctica, especialmente en áreas transversales como derechos de los consumidores, protección de datos, tutela de colectivos vulnerables y mecanismos colectivos de defensa de derechos.
Fuente.
Rivera, B. (20 de enero de 2026). España, suspenso en transposición de normativas europeas: es el país de la UE con más casos de infracción abiertos por la Comisión. Confilegal. Recuperado de https://confilegal.com/20260120-espana-suspenso-en-transposicion-de-normativas-europeas-es-el-pais-de-la-ue-con-mas-casos-de-infraccion-abiertos-por-la-comision/