La evolución reciente de la incapacidad temporal (IT) en España confirma un incremento sostenido tanto en la incidencia de los procesos como en su impacto económico. Los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto con las estimaciones de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y la evaluación en curso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), evidencian una tendencia que sitúa esta prestación en el centro del debate sobre sostenibilidad, organización del trabajo y gestión del sistema de protección social.
Evolución de la incidencia: divergencia entre asalariados y autónomos.
De acuerdo con la Estadística de Incapacidad Temporal de la Seguridad Social, la incidencia media mensual de los procesos de IT —medida por cada mil trabajadores protegidos (esto es, con cobertura de la prestación por incapacidad temporal)—, ha experimentado una evolución claramente diferenciada según el régimen de cotización.
En el Régimen General de la Seguridad Social -que engloba a los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena-, la incidencia media mensual se situaba en 24,57 procesos por cada mil trabajadores protegidos en 2019. En 2020 descendió a 19,22, coincidiendo con el contexto extraordinario derivado de la pandemia. Sin embargo, a partir de 2021 la tendencia se invierte y se observa un crecimiento continuado: 25,11 en 2021; 32,58 en 2022; 35,48 en 2023; 36,03 en 2024 y 37,92 en 2025.
Este último dato supone que, en promedio, casi 38 de cada 1.000 trabajadores asalariados protegidos se han encontrado cada mes en situación de incapacidad temporal durante 2025. Si se compara con el mínimo reciente registrado en 2020 (19,22), el incremento acumulado hasta 2025 es cercano al 97%, lo que prácticamente duplica la incidencia en un periodo de cinco años.
En contraste, la evolución en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) presenta una dinámica diferente. En 2019 la incidencia media mensual era de 9,58 por mil, descendiendo a 7,9 en 2020 y a 4,81 en 2021. Posteriormente, se produjo un repunte significativo en 2022 (10,58) y 2023 (10,68). No obstante, en los dos últimos ejercicios la serie vuelve a descender ligeramente, situándose en 10,54 en 2024 y 10,06 en 2025.
La comparación entre ambos regímenes en 2025 muestra una brecha relevante: 37,92 en asalariados frente a 10,06 en autónomos, lo que implica que la frecuencia de bajas médicas por incapacidad temporal, medida como incidencia media mensual por cada mil trabajadores protegidos, en el Régimen General es, aproximadamente, 3,8 veces superior a la del RETA.
Estos datos, procedentes del sistema estadístico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), permiten constatar que el incremento de la incapacidad temporal se concentra fundamentalmente en el ámbito del trabajo asalariado, mientras que en el colectivo autónomo la incidencia permanece comparativamente contenida, registrando un ligero descenso en los dos últimos ejercicios.
La magnitud del fenómeno también se refleja en el volumen total de procesos registrados. En 2024 se iniciaron en España 9,3 millones de procesos de incapacidad temporal, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al año anterior. En conjunto, estos procesos generaron 406,8 millones de días de baja, lo que equivale a que una media diaria de 1,1 millones de trabajadores estuvieran ausentes de su puesto de trabajo por incapacidad temporal (Umivale Activa, 2026).
La distribución de estos procesos por regímenes de cotización muestra, además, el peso predominante del trabajo asalariado. Los análisis disponibles indican que alrededor del 95% de los procesos de incapacidad temporal corresponden al Régimen General, mientras que, aproximadamente el 5% restante, se registran en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que confirma el papel central del empleo asalariado en la dinámica global del absentismo por incapacidad temporal (Umivale Activa, 2026).
La menor incidencia de la incapacidad temporal en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos podría estar relacionada, al menos en parte, con el distinto marco de obligaciones económicas y administrativas que afecta a este colectivo durante los periodos de baja médica. A diferencia de lo que ocurre en el trabajo asalariado, los trabajadores por cuenta propia deben mantener el pago de la cuota a la Seguridad Social durante los primeros 60 días de incapacidad temporal, conforme a la normativa vigente del sistema de Seguridad Social, además de continuar atendiendo, en su caso, sus obligaciones fiscales habituales, como la presentación de declaraciones tributarias. Esta circunstancia puede actuar como un factor disuasorio a la hora de iniciar o prolongar procesos de incapacidad temporal, favoreciendo la continuidad del trabajo, incluso aunque existan problemas de salud que, en otras condiciones laborales, podrían dar lugar a una baja médica.
Impacto económico: incremento sostenido del coste empresarial.
El aumento de la incidencia tiene un correlato directo en el plano económico. Según las estimaciones publicadas por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el coste de las bajas laborales por incapacidad temporal para las empresas ha alcanzado en 2025 los 16.010,97 millones de euros.
Esta cifra representa un incremento del 13,55% respecto a 2024 y un crecimiento acumulado del 233,16% en comparación con 2015. Dicho de otro modo, el coste empresarial asociado a las bajas por IT se ha más que triplicado en la última década.
En paralelo, el gasto público vinculado a la prestación también se encuentra en máximos históricos. Los datos presupuestarios indican que el desembolso por incapacidad temporal ha alcanzado en 2025 los 16.642 millones de euros hasta el mes de noviembre, lo que confirma la dimensión estructural del fenómeno.
El impacto económico de la incapacidad temporal no se limita al coste directo de las prestaciones. Incluye también costes indirectos asociados a la reorganización del trabajo, la sustitución de personal, la pérdida de productividad y la gestión administrativa de los procesos. En este contexto, el crecimiento sostenido de la incidencia adquiere una relevancia estratégica tanto para el sistema público, como para el tejido empresarial.
En una perspectiva macroeconómica más amplia, el impacto del absentismo por incapacidad temporal alcanza dimensiones aún mayores. Según estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y Umivale Activa, el coste total asociado a la pérdida de producción derivada de las bajas por incapacidad temporal se situó en torno a 92.000 millones de euros en 2024, lo que equivale aproximadamente al 5,8% del Producto Interior Bruto (PIB) (Umivale Activa, 2026).
El peso creciente de la salud mental en la incapacidad temporal.
No podemos dejar de mencionar que, más allá de la tendencia agregada que muestran los datos anteriores, distintos análisis apuntan a que el incremento de la incapacidad temporal no se distribuye de forma homogénea por causas, sino que se concentra de manera creciente en determinados grupos diagnósticos, especialmente, los vinculados a la salud mental y a dolencias musculoesqueléticas.
En el ámbito de la salud mental, el sindicato UGT ha señalado recientemente en su informe sobre «Salud mental y trabajo 2025» que, en el año 2024, se registraron en España 671.618 situaciones de incapacidad temporal vinculadas a trastornos mentales y del comportamiento, contabilizándose ya en los siete primeros meses de 2025, 420.783 procesos por esta causa.
Por su parte, un análisis específico sobre absentismo por incapacidad temporal —publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en colaboración con Umivale Activa—, sitúa a la salud mental y a las dolencias musculoesqueléticas (algias) como diagnósticos clave para comprender la tendencia. Según esta evidencia, ambas categorías concentran ya más de la mitad del fenómeno y explican, conjuntamente, dos tercios del incremento del absentismo por IT observado entre 2018 y 2023. Precisamente, en ese periodo, la contribución de la salud mental al indicador de absentismo en trabajadores por cuenta ajena pasó de 0,55 puntos (2018) a 1,03 (2023), con incrementos acumulados de procesos por motivos psicológicos del 88% en el Régimen General y del 75% en autónomos.
Evaluación institucional y análisis de gobernanza.
La magnitud del incremento ha motivado la inclusión de la incapacidad temporal en la segunda fase del Spending Review 2022–2026, un proceso de evaluación del gasto público que realiza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para analizar la eficacia y sostenibilidad de determinadas prestaciones.
Esta evaluación contempla el análisis del marco normativo, los procesos administrativos, la cooperación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, así como los determinantes estructurales de la duración y frecuencia de los procesos de IT. Entre los factores objeto de estudio se encuentran las características del mercado laboral, el acceso a los servicios sanitarios, las listas de espera y posibles cambios regulatorios.
Se prevé que esta revisión independiente determine en qué medida el incremento observado responde a factores coyunturales o estructurales y si existen márgenes de mejora en términos de eficiencia, coordinación institucional y sostenibilidad financiera.
Una tendencia estructural con implicaciones para el sistema de protección social.
La información procedente de la Seguridad Social permite constatar que la incapacidad temporal ha alcanzado en 2025 su nivel más elevado de incidencia en el Régimen General dentro de la serie reciente. El hecho de que casi cuatro de cada cien trabajadores asalariados protegidos estén, de media mensual, en situación de baja médica evidencia la dimensión del fenómeno.
La comparación internacional refuerza la singularidad de la evolución reciente en España. De acuerdo con datos de Eurostat analizados en el informe del Ivie y Umivale Activa, el 4,5% de las personas ocupadas en España se encontraban ausentes de su trabajo por incapacidad temporal en la semana de referencia, frente al 2,5% de media en la Unión Europea. Desde 2018, el aumento de estas ausencias en España ha sido 4,6 veces superior al registrado en el conjunto de la UE (Umivale Activa, 2026).
Por lo tanto, la divergencia entre regímenes, la escalada del coste empresarial y el crecimiento del gasto público configuran un escenario que exige análisis rigurosos basados en datos oficiales. La utilización directa de las estadísticas de la Seguridad Social y de los informes técnicos de AMAT y AIReF permite abordar esta cuestión desde una perspectiva objetiva, independiente y fundamentada.
En definitiva, los datos oficiales muestran que la incapacidad temporal se ha convertido en uno de los elementos más dinámicos del sistema de protección social español. Su evolución reciente plantea retos en términos de sostenibilidad financiera, organización del trabajo y gobernanza institucional, cuyo abordaje requerirá evaluaciones técnicas exhaustivas y decisiones basadas en evidencia empírica.
Se pueden consultar las referencias de este artículo aquí.