La protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital requiere una respuesta integral que vaya más allá de limitar la edad de acceso a las redes sociales y a los dispositivos tecnológicos. La prevención de los posibles efectos negativos sobre la salud mental y el desarrollo psicológico, la promoción de hábitos digitales saludables, la regulación de los mecanismos que favorecen un uso compulsivo y el fortalecimiento de las relaciones presenciales constituyen algunos de los principales desafíos. En este contexto, la Psicología desempeña un papel fundamental en la prevención, la detección temprana de posibles problemas y el desarrollo de estrategias que favorezcan un uso seguro, crítico y equilibrado de las tecnologías.
Con el objetivo de avanzar en esta protección, la Plataforma Control Z, de la que forma parte el Consejo General de la Psicología de España (COP), ha presentado recientemente el «Decálogo para una infancia y adolescencia protegida del entorno digital» y la «Estrategia Digital Zeta». El decálogo, avalado por 14 sociedades científicas, cinco del ámbito de la Psicología y nueve de distintas especialidades médicas, recoge recomendaciones fundamentadas en la evidencia científica disponible y en el principio de precaución, e insiste en la necesidad de una responsabilidad compartida entre familias, centros educativos, administraciones públicas y plataformas tecnológicas.
Para profundizar en el valor de este consenso científico, los riesgos asociados a una exposición digital inadecuada y las medidas necesarias para proteger el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes, Infocop entrevista a José Antonio Luengo Latorre, psicólogo educativo y sanitario, catedrático de Enseñanza Secundaria, vicepresidente primero del COP y miembro del grupo gestor de la Plataforma Control Z.
ENTREVISTA
La Plataforma Control Z ha presentado un decálogo para reforzar la protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital, avalado por 14 sociedades científicas. ¿Qué valor tiene este consenso científico?
Nos estamos jugando mucho. El principal valor del proceso desarrollado por la Plataforma es haber reunido a sociedades científicas de distintas disciplinas en torno a una preocupación compartida: cómo proteger la salud, el desarrollo y los derechos de niños, niñas y adolescentes en un entorno digital que evoluciona a gran velocidad. Y, por supuesto, ser capaces de llegar a un consenso desde tantas y, en ocasiones, tan diferentes “miradas”. La esencia del trabajo conjunto no pretende enfrentar a quienes defienden la tecnología con quienes advierten de sus riesgos. Las herramientas digitales ofrecen oportunidades indudables para aprender, comunicarnos y acceder a la información. La cuestión es cómo aprovechar esas oportunidades sin descuidar aspectos fundamentales para la salud y el neurodesarrollo, como el sueño, la atención, las relaciones presenciales o el bienestar emocional.
El decálogo se apoya en la evidencia científica disponible, el principio de precaución y la responsabilidad compartida. Esto exige rigor: ni exagerar los riesgos ni ignorar los posibles efectos negativos que pueden derivarse de determinados usos del entorno digital. Al mismo tiempo, es importante reconocer que las experiencias digitales durante la preadolescencia y adolescencia son muy diversas y que sus posibles consecuencias no pueden entenderse al margen de las características individuales y del contexto familiar, social y educativo.
«Internet no es una realidad homogénea, ni el tiempo de conexión permite, por sí solo, determinar si un uso es problemático»
Como argumenta en sus trabajos el profesor Perales López, es importante evitar las explicaciones simplistas. Internet no es una realidad homogénea, ni el tiempo de conexión permite, por sí solo, determinar si un uso es problemático. Debemos atender a qué se hace, cómo, en qué circunstancias y qué lugar ocupa esa actividad en la vida de cada persona. Esta mirada más amplia es esencial para identificar situaciones de riesgo sin generalizar ni atribuir los mismos efectos a todas las experiencias digitales.
El consenso científico nos permite avanzar desde las opiniones individuales hacia recomendaciones fundamentadas. El siguiente paso es convertir ese conocimiento en políticas públicas, medidas de protección y responsabilidades efectivas para todos los actores implicados.
Como experto, ¿Cuáles son los principales riesgos del uso inadecuado de las redes sociales y las nuevas tecnologías durante la infancia y la adolescencia? ¿Qué papel desempeña la edad?
Los riesgos asociados a una interacción digital desregulada afectan a distintas dimensiones del desarrollo psicológico y social durante la infancia y la adolescencia. En consonancia con las observaciones y criterio del profesor Fernández del Olmo, hay que señalar que, en las primeras etapas del desarrollo, una mayor cantidad de estímulos no equivale necesariamente a un mayor aprendizaje. La integración sensorial, el lenguaje y las capacidades de interacción se construyen mediante la exploración del entorno, la manipulación de objetos y el intercambio con otras personas. Una exposición muy estimulante, pero pasiva, no sustituye esas experiencias. No hacemos referencia a la idea de limitar o eliminar los estímulos, sino de procurar que sean adecuados a la etapa evolutiva y que permitan al niño explorar, experimentar, pensar y relacionarse.
A medida que crecen, chicos y chicas se enfrentan a retos de notable envergadura y, consecuentemente, a riesgos cada vez más “presentes”: la cultura de la comparación (cotejo constante con imágenes idealizadas, la envidia social y la búsqueda de aprobación) puede influir en la autoestima; asimismo, determinadas dinámicas digitales pueden interferir en el sueño, el descanso y la concentración; y, por supuesto, la exposición al ciberacoso, a contenidos inadecuados o a la presión del grupo pueden generar situaciones de creciente y significativa vulnerabilidad.
También debemos prestar especial atención a las experiencias y actividades que pueden verse desplazadas cuando el uso de la tecnología ocupa un espacio excesivo en la vida cotidiana: jugar, hacer deporte, leer, conversar, descansar y aprender a gestionar las relaciones y los conflictos cara a cara. Todas ellas son experiencias fundamentales para un desarrollo saludable y no deberían quedar relegadas por la actividad digital.
«Regular la edad de acceso es necesario, pero no es y nunca va a ser suficiente»
Es necesario, en cualquier caso, ser prudentes. Que exista una asociación entre determinados usos digitales y problemas de bienestar no demuestra necesariamente que la tecnología sea su causa única. Las circunstancias familiares, escolares y sociales también cuentan, y la relación puede ser compleja. Más que hablar de efectos uniformes, debemos analizar qué usos se producen, en qué circunstancias y con qué consecuencias para la vida cotidiana.
La edad es otro factor relevante, pero no el único. La madurez evolutiva, la capacidad de autorregulación y las condiciones de acompañamiento también influyen en la manera de relacionarse con la tecnología. Por eso defendemos retrasar el acceso autónomo a determinados servicios digitales de riesgo y proponemos no facilitar un teléfono inteligente personal con acceso irrestricto a Internet antes de los 16 años. Esta es una propuesta preventiva y regulatoria, no la afirmación de que exista una frontera biológica exacta a esa edad.
Así las cosas, es imprescindible subrayar una idea esencial: regular la edad de acceso es necesario, pero no es y nunca va a ser suficiente. Si limitamos el acceso a un dispositivo y dejamos intactas las dinámicas que dificultan desconectarse, trasladamos toda la responsabilidad al menor y a su familia. Necesitamos intervenir también sobre las características de los servicios, la educación digital y las condiciones sociales en las que crecen los adolescentes. En la adolescencia adquiere especial importancia la educación emocional para interpretar las interacciones digitales. Un «me gusta», la ausencia de respuesta o la comparación con la actividad de los demás pueden adquirir un significado desproporcionado si no se dispone de herramientas para contextualizarlos. La cognición social (comprender las intenciones ajenas, ponerse en el lugar de otra persona y captar los matices de la comunicación) necesita también de experiencias presenciales, de la conversación y de la comunicación no verbal.
Entonces, ¿qué más habría que hacer, además de regular la edad de acceso?
Esta es, probablemente, una de las cuestiones centrales del debate actual. Una restricción de edad puede ser una herramienta de protección útil, pero no garantiza por sí sola un resultado favorable. Su eficacia dependerá también de cómo se aplique, de las alternativas disponibles y de las medidas que la acompañen, y, claro, de la sensibilización y toma de conciencia en y entre los progenitores.
En primer lugar, necesitamos una regulación externa efectiva. No podemos confiar exclusivamente en la autorregulación de una industria cuyos modelos de negocio, en algunos casos, se apoyan en maximizar la atención, la interacción y el tiempo de permanencia. Las empresas deben asumir obligaciones claras de protección de la infancia y de la adolescencia, transparencia y evaluación de riesgos.
En segundo lugar, hay que revisar los diseños que pueden favorecer un uso compulsivo. La reproducción automática (autoplay), el desplazamiento infinito (scroll infinito), las notificaciones persistentes e impredecibles o determinadas recomendaciones personalizadas diseñadas para capturar la atención merecen una evaluación rigurosa, sobre todo, cuando pueden dificultar que el usuario decida cuándo terminar su actividad digital. No todas estas funcionalidades tienen necesariamente el mismo efecto, ni toda característica atractiva puede calificarse de adictiva. Precisamente por esto hacen falta investigación independiente y regulación basada en evidencias.
«No basta con enseñarles a utilizar dispositivos: hay que ayudarles a entender el entorno en el que los utilizan»
En tercer lugar, necesitamos familias acompañadas y no culpabilizadas. Y que aprendan y contribuyan a acompañar. Es fundamental proporcionarles información, orientación y recursos que les permitan ejercer un acompañamiento activo y adaptado a las distintas etapas del desarrollo. Las familias deben poder establecer límites razonables, dialogar sobre lo que ocurre en las redes y compartir experiencias digitales con sus hijos. Sin embargo, no se les puede exigir que compitan en solitario contra servicios disponibles permanentemente, diseñados por equipos especializados en diseño y análisis del comportamiento para captar la atención de manera ininterrumpida.
El acompañamiento no debería limitarse a vigilar o imponer horarios. Incluye compartir algunos usos, conversar sobre los contenidos, enseñar a detenerse y, sobre todo, ofrecer un modelo adulto coherente. Resulta difícil pedir a los menores un uso equilibrado si las personas adultas mantenemos una relación permanente y poco consciente con nuestros propios dispositivos.
En cuarto lugar, debemos educar para la autonomía y el pensamiento crítico. Así, además de regular el diseño, hemos de ayudarlos a reconocer sus automatismos, interrumpir el desplazamiento continuo y decidir conscientemente cuándo conectarse y cuándo terminar. Los adolescentes necesitan comprender cómo funcionan los algoritmos, qué intereses comerciales intervienen, cómo se seleccionan los contenidos, qué información personal entregan y cómo reconocer la desinformación, la manipulación o la presión social. No basta con enseñarles a utilizar dispositivos: hay que ayudarles a entender el entorno en el que los utilizan.
Y, finalmente, debemos ampliar las alternativas. Esta es una dimensión que a veces olvidamos: proteger no consiste solo en prohibir o limitar, sino en ofrecer oportunidades reales de participación, relación y disfrute.
¿Podría explicarnos qué rol tienen el urbanismo y los espacios sociales en esta estrategia de protección?
Como sugiere el enfoque ecológico de Perales López, el bienestar digital no puede entenderse separado del contexto personal y social. La Psicología, la educación, la salud pública y también disciplinas como el urbanismo (cómo se diseñan y construyen los entornos para la vida y la socialización) tienen mucho que aportar.
Puede parecer una cuestión alejada del debate sobre los móviles, pero, si lo pensamos bien, no es así. La forma en que organizamos nuestras ciudades, pueblos y barrios influye en las oportunidades que tienen niños, niñas y adolescentes para encontrarse, jugar, moverse y desarrollar actividades compartidas. Si queremos que éstos dediquen más tiempo a experiencias presenciales, debemos procurar que existan alternativas accesibles, seguras y atractivas: parques y espacios públicos cuidados, instalaciones deportivas, bibliotecas, centros juveniles, actividades culturales y lugares donde puedan reunirse sin necesidad de consumir.
No se trata de idealizar el pasado ni de pensar que el espacio físico resuelve todos los problemas. Se trata de reconocer que las decisiones urbanísticas y comunitarias también pueden favorecer o dificultar determinados estilos de vida. Consecuentemente, la prevención debe ir más allá de los dispositivos y de la consulta psicológica. Necesitamos una mirada amplia sobre las condiciones que facilitan el bienestar, la autonomía y la participación social.
Si pedimos a los adolescentes que desconecten de las pantallas, la sociedad debe ayudarles a encontrar dónde, cómo y con quién conectar en el entorno presencial. Proteger no consiste únicamente en prohibir o limitar, sino en ofrecer oportunidades reales de participación y disfrute.
Las decisiones urbanísticas y comunitarias pueden favorecer u obstaculizar estilos de vida saludables. Nuestros niños, niñas y adolescentes encontrarán más alternativas a las pantallas si disponen de espacios cercanos, seguros y apropiados para su etapa vital.
A su juicio, ¿qué papel debería desempeñar la Psicología en la prevención y el abordaje de los usos problemáticos?
La Psicología puede contribuir de manera decisiva en tres ámbitos: la prevención, la detección temprana y la intervención cuando aparece un problema. En los centros educativos hemos de prestar atención a cambios persistentes en el estado de ánimo, el sueño, las relaciones, el rendimiento académico o el interés por otras actividades. Son señales que merecen ser escuchadas y valoradas, aunque no demuestran por sí mismas que exista un problema causado por las redes sociales.
La prevención debe reforzar las competencias emocionales, el autoconcepto y la autoestima, el pensamiento crítico y las habilidades para gestionar conflictos y afrontar la presión social. También debe ayudar a las familias a acompañar a sus hijos y a establecer acuerdos realistas.
Es importante distinguir entre un uso frecuente, un uso problemático y un patrón compulsivo que provoca un deterioro significativo en la vida de la persona. No todo uso intenso constituye una adicción, y etiquetar precipitadamente una conducta durante la adolescencia puede dificultar que comprendamos lo que está sucediendo. Como sugiere el profesor Navas Pérez, esta mirada resulta especialmente útil cuando hablamos de intervención.
Es importante explorar si la persona conserva capacidad de elección, si puede interrumpir la actividad y si el uso empieza a estar guiado por la necesidad o el temor a no acceder, más que por el disfrute que inicialmente proporcionaba. La valoración debe atender especialmente a la pérdida de control y al deterioro significativo en la vida cotidiana, sin etiquetar como adicción cualquier uso intenso.
«No podemos pedir detección temprana si después no existen vías adecuadas de orientación psicológica y atención»
Cuando hay dificultades, debemos evaluar qué función cumple esa conducta, qué necesidades satisface (por ejemplo, escapar de la ansiedad, buscar pertenencia o evitar situaciones de malestar) y qué factores contribuyen a mantenerla. El análisis funcional es una herramienta fundamental en la intervención psicológica, ya que permite comprender no solo qué hace la persona, sino también por qué lo hace y qué circunstancias favorecen que ese comportamiento se mantenga. Por ejemplo, un uso excesivo de redes sociales puede estar relacionado con la necesidad de aliviar la ansiedad, evitar situaciones difíciles o buscar aceptación y pertenencia a un grupo.
El abordaje ha de ser individualizado y ajustado a la evidencia científica disponible. La terapia cognitivo-conductual cuenta con respaldo para diversas formas de uso problemático de Internet y del teléfono móvil, aunque es necesario seguir mejorando la investigación sobre las intervenciones específicas para las redes sociales.
Asimismo, necesitamos una coordinación eficaz entre los centros educativos, los servicios sanitarios y las familias, con protocolos claros y recursos suficientes y eficientes. Y contextualizados. No podemos pedir detección temprana si después no existen vías adecuadas de orientación psicológica y atención.
¿Podría explicarnos cómo debería plantearse la estrategia digital en el sistema educativo?
La pregunta no debería ser cuánta tecnología incorporamos a las aulas, sino qué aporta cada herramienta al aprendizaje, en qué condiciones y con qué evidencias que respalden su utilidad educativa.
Digitalizar no significa necesariamente innovar. Una herramienta puede enriquecer una experiencia educativa, pero también introducir distracciones o sustituir procesos cognitivos que el alumnado necesita desarrollar y perfilar de manera autónoma.
También importa distinguir entre un uso pasivo (encadenar vídeos o contenidos mediante el desplazamiento continuo) y un uso cooperativo, acompañado y orientado a una finalidad educativa. Este último puede abrir conversaciones, suscitar preguntas y entrenar la atención; el primero difícilmente sustituye la interacción, la exploración y el esfuerzo cognitivo que requiere aprender. En la misma línea, incorporar recursos digitales no debería llevarnos a abandonar el libro físico ni otras experiencias de lectura que favorecen una relación más pausada y estructurada con los textos.
Debemos proteger el tiempo para leer, escribir, razonar, conversar y resolver problemas con profundidad. También debemos preservar el juego, la actividad física, las relaciones entre iguales y la experiencia directa del mundo. Estas actividades no son secundarias: forman parte esencial del desarrollo y del aprendizaje.
«La tecnología debe estar al servicio de los objetivos educativos, no al revés»
La educación digital debe ser progresiva y crítica. Entre los contenidos deben incluirse inexcusablemente la privacidad, los algoritmos, la publicidad, la desinformación, el ciberacoso, los contenidos inadecuados y, por supuesto, la inteligencia artificial. En este último ámbito, necesitamos enseñar a comprobar fuentes, identificar errores y sesgos y utilizar las herramientas sin delegar en ellas procesos fundamentales para el aprendizaje, como el razonamiento, la reflexión y el pensamiento crítico.
La tecnología debe estar al servicio de los objetivos educativos, no al revés. Es necesaria la adecuada formación docente, evaluación de las herramientas y criterios claros para decidir cuándo su uso aporta valor y cuándo conviene trabajar sin dispositivos.
Y hay una conexión importante con la cuestión anterior: la escuela no puede limitarse a enseñar a manejar la tecnología. Debe ayudar a formar personas capaces de tomar decisiones autónomas, comprender los intereses que existen detrás de los servicios digitales y participar críticamente en la sociedad.
¿Qué mensaje trasladaría a las familias y a la sociedad?
Les diría que proteger a la infancia y la adolescencia en el entorno digital no significa prepararlos para vivir al margen de la tecnología, sino ayudarles a utilizarla con criterio, seguridad y autonomía.
También necesitamos ilustrar y enseñar que no es posible atender a todos los estímulos ni estar presentes en todas las conversaciones. Aprender a elegir, tolerar que nos perdemos algunos contenidos y reservar tiempos sin conexión no es quedarse atrás: es recuperar capacidad de decisión sobre el propio tiempo y proteger espacios para la experiencia, el descanso y las relaciones.
No se puede depositar toda la responsabilidad en los menores ni tampoco en sus familias. Se requiere un compromiso colectivo que involucre a las administraciones públicas, las plataformas tecnológicas, los centros educativos, los servicios sanitarios y las comunidades en las que crecen.
Es necesario insistir en que la regulación de la edad de acceso puede formar parte de ese compromiso, pero debe ir acompañada de límites efectivos a las prácticas de diseño que dificultan la desconexión, educación para el pensamiento crítico, apoyo a las familias y alternativas presenciales atractivas. Si no actuamos sobre estas dimensiones, corremos el riesgo de exigir una capacidad de autorregulación a los menores mientras mantenemos intactas las condiciones que hacen más difícil ejercerla.
«La educación digital no puede ser una exigencia dirigida únicamente a niños, niñas y adolescentes: también nos interpela a nosotros»
Y quisiera terminar con una idea sencilla: necesitamos que los niños y adolescentes tengan tiempo y oportunidades para hablar, jugar, leer, hacer deporte, crear, aburrirse, imaginar y compartir experiencias. No son actividades opuestas a la tecnología, sino experiencias fundamentales para construir una identidad propia, aprender a relacionarse y desarrollar bienestar emocional, psicológico y social.
En ese aprendizaje, el ejemplo de los adultos es fundamental. La educación digital no puede ser una exigencia dirigida únicamente a niños, niñas y adolescentes: también nos interpela a nosotros, a nuestros hábitos, a la manera en que atendemos a quienes tenemos delante y al valor que concedemos a la conversación sin interrupciones.
La protección digital no puede consistir únicamente en cerrar una puerta a una determinada edad. Debe consistir en construir un entorno más seguro, educar para la autonomía y ofrecer alternativas reales para que los menores puedan crecer y desarrollarse plenamente.