En los últimos años, se ha registrado un preocupante aumento de problemas de salud mental en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, todavía existe poca concienciación sobre las barreras que enfrentan las personas con problemas de salud mental, relacionadas, especialmente, con el estigma y la discriminación. A este respecto, es fundamental que los servicios de salud mental sean respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción, diseñados como «espacios psicosocialmente accesibles», donde se prime el punto de vista rehabilitador y terapéutico, de cara a mejorar la autonomía y el proceso de recuperación, y fomentar la inclusión social.
Así lo afirma el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal), en su último informe sobre Derechos Humanos y discapacidad en España correspondiente al año 2024, un documento a través del cual se analiza en profundidad los hechos más significativos en materia de DDHH, a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-CDPD (Tratado que forma parte del ordenamiento jurídico español y, por tanto, es de obligado cumplimiento).
A lo largo de sus páginas, el CERMI -designado en 2011 por el Estado español como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención de la ONU de la Discapacidad-, realiza un completo análisis de las vulneraciones de los artículos de la CDPD en nuestro país, incluyendo, para ello, la descripción de casos reales y sentencias que testifican el cumplimiento o no de la legislación, y se incorporan una serie de propuestas de mejora, que incluyen los ámbitos en los que se debe avanzar.
Foto: freepik. Diseño: freepik. Fecha: 22/04/25
Tal y como señala el Comité Español, mediante este informe, se evidencia la exclusión cotidiana que vive la discapacidad, dado que “la discriminación no es un concepto abstracto, sino que se concreta en vidas de mujeres, hombres, niñas y niños a los que se les niega derechos contemplados en las leyes españolas”.
A continuación, resumimos algunas de sus principales conclusiones, estructuradas en función de los artículos de la CDPD:
Artículo 6. Mujeres con discapacidad
Las niñas y mujeres con discapacidad presentan mayor vulnerabilidad y discriminación. Según datos del CERMI, el 50% de las mujeres con discapacidad grave han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, una cifra que casi duplica el porcentaje de la población femenina que no tiene ninguna discapacidad. Estas mujeres están diez puntos por encima en las tasas de victimización de distintos tipos de violencias machista: desde los abusos en la infancia hasta el ‘sexting’ pasando por el acoso en el empleo.
Cuanta más limitación tienen las mujeres con discapacidad a la hora de realizar las tareas cotidianas, mayor es la violencia que reciben, ya sea sexual, física o psicológica. Fuera de la pareja, el 30% de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia desde los 15 años, un dato muy por encima del 19% de las mujeres sin discapacidad. Dentro de la pareja, la brecha es aún mayor: el 50% de las mujeres con graves limitaciones que han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja es casi el doble de la tasa entre personas sin discapacidad (28%). También registran más acoso: el 35% frente al 19%, y prácticamente, duplican la tasa de acoso sexual en el trabajo: el 41,8% en el caso de las mujeres con discapacidad frente al 28% del resto.
Las niñas y mujeres con discapacidad presentan mayor vulnerabilidad y discriminación
El 55,2% de las mujeres con discapacidad revela haber sufrido violencia durante su infancia. De ellas, el 42% estuvo expuesta a violencia sexual en la infancia y el 40% ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. El 23 % afirma que su discapacidad es una secuela de la violencia física o sexual que han sufrido por parte de su pareja y el 14% la relaciona con la violencia sexual fuera de la pareja.
Sin embargo, a pesar de estos preocupantes datos, son muy pocas las mujeres de este colectivo que deciden dar el paso de denunciar. El CERMI destaca que la violencia machista, y especialmente la sexual, es una de las brechas más grandes que sufren estas mujeres, si bien no es la única: también son el eslabón más débil en el mercado laboral, cobrando un 18% menos que las personas sin discapacidad, y situándose un 10% por debajo del sueldo que perciben los hombres con discapacidad.
Concretamente, con respecto a las mujeres con parálisis cerebral, la Confederación ASPACE denuncia la violencia sexual que sufren estas mujeres. A su situación de pluridiscapacidad, se suman su dependencia física, intelectual o comunicacional o una combinación de dos o más factores, que conduce a la necesidad de apoyo por parte de otra persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este contexto, advierte, «hace más proclives a las mujeres con parálisis cerebral a vivir situaciones de violencia durante su vida».
A pesar de los preocupantes datos, son muy pocas las mujeres de este colectivo que deciden dar el paso de denunciar
Si además de la situación de dependencia física, también tiene dependencia comunicacional, «la propia falta de reconocimiento de la Comunicación Aumentativa y Alternativa es un blindaje para el agresor, quien conoce y aprovecha las bajas probabilidades de admisión del testimonio de la víctima». Y es que, al no regularse expresamente la Comunicación Aumentativa y Alternativa, su solicitud se encuadra procedimentalmente dentro del concepto jurídico indeterminado «ajuste razonable», el cual, por su propia naturaleza legal, conduce a interpretación y a inseguridad jurídica en su aplicación práctica.
A este respecto, en la mayoría de los casos, suele denegarse en procedimiento judicial la comparecencia de la víctima, «con el agravio probatorio que ello supone en este tipo de hechos delictivos, en los que, por su propia naturaleza, resulta del todo improbable la testifical de tercera persona, constituyendo la declaración de la víctima la única prueba de cargo». Esto constituye una flagrante vulneración de derechos, que se añade a la que ya sufre cuando sus derechos ya han sido vulnerados delictualmente en primera instancia, produciendo esta segunda vulneración «una absoluta situación de desamparo legal».
Entre las propuestas realizadas por CERMI Mujeres para garantizar la protección y promoción de los derechos de las más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad en nuestro país, destacan las siguientes: implementar políticas públicas que consideren aspectos como la discriminación múltiple e interseccional; necesidad de visibilidad y representación, empoderamiento y autonomía; servicios especializados, y sensibilización y cambio social.
Artículo 7. Niñas y niños con discapacidad
La salud mental de la infancia y la adolescencia se encuentra en «una situación de desamparo». Los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes han ido en aumento en los últimos años y están vinculados a importantes cargas psicológicas, sociales, económicas y de salud física, tanto para las personas menores afectadas, como para quienes se ocupan de su cuidado y sus comunidades de procedencia.
A pesar de ello, el informe lamenta el poco conocimiento existente al respecto y, por tanto, la escasa concienciación acerca del sufrimiento, el deterioro funcional, la exposición al estigma y la discriminación, así como el mayor riesgo de muerte prematura que se asocia con los trastornos mentales en la infancia y la adolescencia. Para el CERMI, estos tienen «una importancia obvia para la salud pública, considerando, además, que los problemas de salud mental forman parte integral del desarrollo infantil, tanto a nivel socio-familiar como cognitivo».
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Pone de relieve la escasez de recursos materiales y profesionales específicos dentro de la atención socio-sanitaria de niños, niñas y adolescentes, lo que hace «prácticamente imposible que se pueda aspirar a un mínimo de prevención». Pese a la importancia de la atención temprana, destaca la incapacidad total del sistema público para realizar una intervención eficaz y efectiva a partir de medidas que permitan actuar en consecuencia de manera preventiva y no reactiva, cuando los efectos de la falta de atención se revelen en toda su magnitud «-demasiadas veces, con fatales consecuencias-».
Ante este panorama, ya la prevención prenatal «es una cuestión todavía prácticamente inexplorada a efectos prácticos, aunque se conozca de su importancia vital a nivel científico». El Comité Español cita aquí el informe «Mejorar el cuidado de la salud mental perinatal. Fundamentos, propuestas y peticiones», elaborado por la Alianza Hispanohablante para la Salud Mental Perinatal y de la Familia «Conecta Perinatal», y apoyado por todas las entidades que la componen, entre ellas, el Consejo General de la Psicología.
Invertir en salud mental en la etapa perinatal, infantil y adolescente es invertir en el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad
En dicho documento, se pone de manifiesto la trascendencia de la prevención desde la gestación hasta, al menos, los tres años de edad, de cara a evitar sufrimientos a bebés, madres, padres y familiares cercanos y prevenir posibles alteraciones psicológicas futuras que pueden acompañar al bebé en su vida adulta y transmitirse a futuras generaciones. Basándose en la evidencia, destaca la importancia de cuidar la salud mental perinatal de forma especializada.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad denuncia que todavía existan medidas invasivas «y, muchas veces, contrarias a los derechos de la infancia y adolescencia como son la sobremedicación y las medidas de privación de libertad, contención y aislamiento». Asimismo, señala, «la carencia de atención especializada aboca en muchos lugares al ingreso de las personas menores en unidades de adultos, con el terrible impacto que eso deja en su salud mental».
En relación con lo expuesto, la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha lanzado un llamamiento urgente para fijar la atención en “uno de los mayores retos sanitarios de nuestra época”: la salud mental infanto-juvenil, recogiendo una serie de propuestas claras para hacer frente a los problemas de esta índole y detener el incremento de casos durante las primeras etapas de la vida.
Atendiendo a lo anterior, el CERMI recuerda que invertir en salud mental en la etapa perinatal, infantil y adolescente es una forma de invertir en el bienestar general de las personas y del conjunto de la sociedad.
Artículo 9. Accesibilidad
Para lograr la independencia y la participación de las personas con discapacidad, la accesibilidad es un requisito esencial. Hay diversas barreras, generalmente invisibles, que afectan principalmente a las personas con problemas de salud mental. Las barreras invisibles alzadas por el estigma y la ignorancia, generalmente unidas, impiden a las personas con problemas de salud mental ejercer sus derechos y ser incluidas en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones con las demás. El estigma crea obstáculos en todos los aspectos de la vida cotidiana, alimenta la proliferación de conductas discriminatorias y afecta, entre otros, al acceso a recursos sanitarios adecuados, a la justicia, al empleo, a la educación, a la participación política y a las actividades religiosas, culturales y sociales.
El CERMI aboga por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción, que sean «espacios psicosocialmente accesibles», donde se prime el punto de vista rehabilitador y terapéutico por encima de las medidas coercitivas, con el fin de procurar una mejora de la autonomía y del proceso de recuperación, fomentando la inclusión social.
Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Gobierno y entidades han puesto de relieve que las personas con discapacidad afrontan «un plus de peligrosidad» frente a las catástrofes naturales. El informe pide aquí un protocolo de emergencias inclusivo, «que asegure la reposición de equipos esenciales, así como el acceso a apoyo psicológico especializado».
A este respecto, el CERMI advierte de que las emergencias no solo afectan físicamente, también tienen un impacto psicológico y emocional significativo en las personas con discapacidad y sus familias. En este sentido, es trascendental formar a los equipos de emergencia en accesibilidad y trato adecuado, integrando esta capacitación en su preparación habitual y actualizándola periódicamente, dado que «la falta de conocimiento es tan peligrosa como la falta de recursos».
Artículo 24. Educación
En el contexto educativo, uno de los problemas que se siguen advirtiendo desde el CERMI es la falta de recursos personales en los equipos de orientación educativa. Esta falta de medios, advierte, «aumenta los tiempos de los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado y, en consecuencia, retrasa la adopción de las medidas específicas al no disponer del correspondiente informe psicopedagógico».
De acuerdo con el informe, la falta de ajustes y apoyos en todos los niveles educativos para los niños y las niñas con problemas de salud mental tiene mucho que ver, como en otros ámbitos, con la falta de conocimiento y conciencia de lo que es la accesibilidad psicológica y social.
En línea con la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, el Comité resalta la importancia de implementar en todos los centros educativos españoles una asignatura de Educación Emocional, «del mismo modo que existe la de educación física», como herramienta para prevenir el suicidio y otros problemas relacionados con la salud mental.
Artículo 25. Salud
En los últimos años, se ha registrado un aumento en los problemas de salud mental en jóvenes, vinculados a importantes cargas psicológicas y sociales, deterioro de la salud física y, especialmente, a un contexto socioeconómico más individualista y competitivo, caracterizado, además, por un menor apoyo social y un papel cada vez menos relevante del entorno familiar.
Se registra también un incremento elevado de los casos relacionados con pensamientos de suicidio o autolesiones, aumento de los ingresos hospitalarios y crecimiento en las atenciones psiquiátricas «por hechos post traumáticos que anteriormente habrían podido sobrellevarse». Según el estudio «La situación de la salud mental en España» (2023) realizado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y Fundación Mutua Madrileña, las personas de 18 a 34 años muestran una mayor probabilidad de desarrollar un problema de salud mental. Concretamente, los/as jóvenes de 18 a 24 años son quienes manifiestan una percepción subjetiva más baja con relación al estado de su salud mental, registrándose un aumento de casos de jóvenes atendidos/as en los diferentes recursos socio sanitarios por problemas de esta índole (por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, falta de control de impulsos, etc.).
Para el CERMI, puesto que la problemática de la salud mental en la infancia y adolescencia se manifiesta en diferentes ámbitos del entorno de la persona (familiar, sanitario, escolar o social), la variedad de servicios y recursos que atienden a los niños, niñas y jóvenes o la diversidad de contextos en los que participan, «pueden erigirse como promotores de una salud mental positiva y detectores de problemas susceptibles de ser diagnosticados y tratados».
Se puede acceder al informe completo desde la página Web del CERMI o bien directamente a través del siguiente enlace: