En España sigue sin garantizarse una atención psicológica pública, accesible y comunitaria. El acceso a atención psicológica especializada continúa siendo muy deficiente, especialmente, en la atención a niños, niñas y adolescentes, entre quienes el sobrediagnóstico y la sobremedicación continúan siendo una realidad preocupante. La falta de profesionales en psicología clínica y en salud mental infanto-juvenil en el sistema público obliga a muchas familias a recurrir a servicios privados, generando desigualdades.

Estas son algunas de las conclusiones recogidas por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su último informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental correspondiente a datos de 2024, un documento mediante el cual se exponen las vulneraciones que existen en la actualidad en torno a los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicológica y social en diversos ámbitos (sanitario, educativo, laboral, etc.).

El informe, elaborado por la Comisión de Defensa de la Confederación, incorpora también datos referentes a los logros, avances y recomendaciones en materia de salud mental, incluyendo ejemplos concretos y buenas prácticas, con alusiones específicas a los artículos incluidos en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).

Un modelo de atención biomédico y medicalizado que prioriza el tratamiento farmacológico

Uno de los grandes ejes que recorre todo el informe es la crítica al modelo de atención predominante, que —según señala la Confederación— sigue basándose en un enfoque biomédico y medicalizado, que en muchos casos ignora el contexto social y familiar de la persona y prioriza el tratamiento farmacológico por encima de otras intervenciones.

A pesar de los avances normativos, como la aprobación de la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS o la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, lamenta que aún persistan prácticas que limitan los derechos y el bienestar de las personas, especialmente, de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Entre las prácticas señaladas se encuentran los ingresos involuntarios, el uso de medidas coercitivas, la sobremedicación y la falta de consentimiento informado real. El informe pone de manifiesto que muchas de estas medidas se aplican sin una evaluación adecuada del contexto social, emocional y psicológico de las personas, lo que contribuye al sufrimiento, la sobrecarga y el deterioro de su salud mental.

Psicología, infancia y atención temprana: una deuda urgente

Una de las denuncias más reiteradas a lo largo del informe tiene que ver con la falta de atención psicológica especializada en el ámbito infanto-juvenil. Desde la Confederación se subraya la importancia de abordar el sufrimiento psicológico desde una perspectiva comunitaria, cercana y respetuosa, que contemple el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados/as y acompañados/as.

Concretamente, se denuncia el uso excesivo del diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y la medicalización de problemas conductuales sin análisis del entorno social o educativo. Según señala el informe, el diagnóstico de TDAH se sigue utilizando con mucha frecuencia para abordar dificultades del aprendizaje, de adaptación escolar o situaciones familiares complejas, sin tener en cuenta otros factores.

A este respecto, el informe advierte: «el sobrediagnóstico y la sobremedicación de la infancia y la adolescencia sigue siendo una realidad preocupante». A esto se suma la ausencia de psicólogos y psicólogas clínicos especializados en esta franja de edad, lo que impide un abordaje preventivo, emocional y educativo, y conlleva graves consecuencias a medio y largo plazo.

El informe afirma que muchas familias recurren a servicios privados de atención psicológica debido a la falta de profesionales en el sistema público. Esta situación genera desigualdades en el acceso a la atención, condicionadas por los recursos económicos, y deja fuera del sistema a menores en situación de vulnerabilidad social.

Asimismo, se reitera la necesidad de crear una especialidad sanitaria propia para la Psicología Clínica Infanto-Juvenil, que contemple las particularidades del desarrollo evolutivo y la necesidad de abordajes integrales y no exclusivamente farmacológicos. En este sentido, se insiste en que los equipos de salud mental infanto-juvenil deben incluir profesionales de la psicología con experiencia en infancia, adolescencia y trabajo con familias.

De igual modo, recomienda fortalecer los equipos de salud mental en atención primaria y servicios comunitarios, con especial atención al enfoque de género y a las necesidades específicas del entorno familiar.

Invertir en salud mental en la etapa perinatal, infantil y adolescente, señala el documento, es una forma de invertir «en el bienestar general de las personas y del conjunto de la sociedad.»

Violencia institucional, discriminación y barreras de acceso

El informe recoge numerosos testimonios que denuncian situaciones de estigma, discriminación y violencia institucional. Se refiere, por ejemplo, a experiencias en centros psiquiátricos donde se producen prácticas coercitivas sin justificación clínica, o donde las decisiones se toman sin participación de la persona afectada. En muchas ocasiones, las mujeres con diagnóstico psiquiátrico ven cuestionadas sus decisiones reproductivas o parentales, lo que constituye una vulneración grave de sus derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, se describen las barreras de acceso a recursos psicológicos y sociales en ámbitos rurales, la falta de información accesible, la escasez de atención en salud mental perinatal y gestacional, y el sufrimiento que conlleva la carga de cuidados informal que recae en familias, especialmente mujeres, sin el adecuado apoyo institucional y que repercute directamente en su salud mental y aumenta su vulnerabilidad psicológica y social.  

En esta línea, el informe denuncia que no se garantiza una atención psicológica especializada en contextos como los centros de acogida, los centros penitenciarios o las residencias, lo que deja a muchas personas sin acompañamiento adecuado ante situaciones de sufrimiento. También se alerta sobre la ausencia de psicólogos y psicólogas en muchos dispositivos comunitarios, especialmente en zonas rurales o en colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como personas migrantes, solicitantes de asilo o en situación de sin hogar.

Trastornos mentales, suicidio y prevención

El documento visibiliza con especial preocupación el aumento de conductas suicidas y autolesivas, especialmente entre jóvenes. Se reitera la preocupación por el incremento de intentos de suicidio y autolesiones en la población infantojuvenil, señalando que muchas veces estos casos no reciben una intervención psicológica adecuada, sino respuestas centradas en urgencias o ingresos breves y farmacológicos.

En esta misma línea, se mencionan factores psicológicos y sociales como el aislamiento, la presión académica, la violencia de género, el duelo no elaborado o la discriminación por orientación sexual o identidad de género como elementos clave que deben ser abordados desde la prevención y el acompañamiento emocional temprano.

El informe alerta sobre el uso generalizado del diagnóstico de trastornos mentales en contextos de sufrimiento social y propone un cambio de enfoque: desde el etiquetado clínico al acompañamiento integral, centrado en el contexto vital y las necesidades individuales. En esta línea, se exige que las estrategias de prevención del suicidio incluyan la participación de personas con experiencia propia y estén integradas en servicios públicos accesibles, cercanos y coordinados con la comunidad.

Recomendaciones para una transformación con enfoque de derechos

Entre las más de veinte recomendaciones contenidas en el informe, destacan las siguientes:

• Reforzar los servicios de salud mental comunitaria y atención psicológica desde una perspectiva biopsicosocial.
• Promover, desde el ámbito público, programas de inclusión social para personas con problemas de salud mental.
• Eliminar las medidas coercitivas y fomentar la toma de decisiones compartidas.
• Reconocer la especialidad sanitaria en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y dotarla de recursos estables. Impulsar el perfil de psicología en las intervenciones destinadas a la población infanto-juvenil, ya que se aprecia una carencia evidente.
• Mejorar la atención en salud mental en atención primaria, reforzando este primer nivel asistencial, dotándolo de recursos, equipos multidisciplinares que incluyan profesionales de la salud mental y protocolos de coordinación con servicios comunitarios.
• Crear recursos específicos para la atención de la salud mental perinatal y en primera infancia.
• Abordar la salud mental de las mujeres en el periodo perinatal y todo lo relacionado con la maternidad de las mujeres con problemas de salud mental, incluyendo la puesta en marcha de los recursos necesarios como las unidades de hospitalización conjunta madre-bebé.
• Ampliar el número de plazas del sistema de formación PIR (Psicólogo Interno Residente), así como reforzar la presencia de profesionales de la psicología en el ámbito educativo, penitenciario, residencial y comunitario. Estas medidas deben ir acompañadas de una formación específica en derechos humanos, justicia social y atención centrada en la persona, para garantizar un abordaje psicológico respetuoso e inclusivo.
• Impulsar campañas contra el estigma y la discriminación hacia las personas con experiencia en salud mental, con especial enfoque de género.
• Garantizar el acceso a apoyo psicológico en situaciones de duelo, violencia, estrés laboral, cuidados no remunerados, etc.
• Incluir la perspectiva de los derechos humanos, el enfoque de género y la interseccionalidad en todas las políticas públicas de salud mental.

Un informe imprescindible

El documento de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA pone el foco en una realidad muchas veces invisibilizada: que el sufrimiento psíquico no es solo una cuestión médica, sino también social, estructural y de derechos humanos. Frente a un modelo centrado en el diagnóstico y la medicalización, el informe aboga por una transformación radical del sistema de salud mental, que respete la autonomía, la dignidad y el bienestar de las personas.

Este informe no solo diagnostica las vulneraciones existentes, sino que ofrece una hoja de ruta para avanzar hacia un modelo de atención psicológico y socialmente más justo. Una transformación que, como concluye el texto, “no es posible sin una inversión estructural, una escucha activa a las personas con experiencia propia y una voluntad política clara de proteger los derechos humanos en salud mental”.

“Este informe busca contribuir a visibilizar y denunciar la vulneración de derechos en salud mental, así como a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa con la dignidad humana.”

Se puede acceder al documento completo desde la página web de SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente aquí:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental