El último informe “Esenciales Nº 02/2025” elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) presenta una radiografía precisa del gasto en salud de los hogares españoles y revela un fenómeno clave para el sector de atención psicológica: el gasto privado no solo ha crecido un 50% entre 2003 y 2022, sino que los servicios médicos auxiliares —donde se incluyen los servicios de psicología— han duplicado su peso dentro de ese gasto.
Tal y como se incluye en el informe, este incremento no es anecdótico. En 2023, el gasto medio por persona en salud ascendió a 631 euros, de los cuales 46 euros fueron destinados a servicios auxiliares como pruebas diagnósticas, fisioterapia o psicología. Aunque esta cifra parezca modesta, representa un 7,3% del total del gasto privado sanitario familiar, frente al 3,6% registrado en 2010. Es decir, en solo trece años, la inversión en este tipo de servicios se ha multiplicado por más de dos.
Psicología privada en auge: entre la necesidad y la oportunidad
Este crecimiento tiene una doble lectura. Por un lado, refleja un reconocimiento social del valor de los servicios auxiliares, como los servicios psicológicos, y una mayor disposición a invertir en bienestar mental, más allá de la oferta del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por otro lado, pone de relieve una insuficiencia estructural en la disponibilidad de este tipo de servicios en el sistema sanitario público, lo que obliga a muchas personas a recurrir al sector privado para acceder a intervenciones en plazos razonables, según se recoge en el informe.
De esta manera, la escasez de servicios auxiliares en la sanidad pública, así como los tiempos de espera prolongados, hacen que numerosas familias se vean impulsadas a contratar seguros privados o a acudir directamente a consultas privadas. De hecho, tal y como se refleja en el análisis, los seguros de salud representan ya el 20,7% del gasto sanitario privado —cinco puntos más que en 2010—, y son una vía creciente de financiación de consultas y pruebas médicas en centros privados, entre los que se incluyen servicios de consulta psicológica.
¿Quién puede pagar su salud mental?
Sin embargo, este fenómeno también evidencia una preocupante desigualdad de acceso. Según el informe, los hogares con mayores ingresos gastan en salud casi cuatro veces más que aquellos con menores recursos: 938 euros frente a 265 euros anuales por persona. La diferencia se agrava al analizar situaciones específicas: las familias con niveles de renta más altos gastan 3,3 veces más en servicios auxiliares (67 euros vs. 20 euros), lo que sugiere que las personas de menor renta tienen más dificultades para acceder a estos servicios médicos auxiliares, como las terapias psicológicas, cuando no están cubiertas públicamente.
Un cambio de patrón en el consumo sanitario
El informe también apunta a un cambio estructural en el patrón de consumo de salud. Aunque la compra de aparatos terapéuticos (como gafas o audífonos) sigue siendo el mayor componente del gasto privado, ha perdido peso relativo frente a los servicios auxiliares y los seguros. Este desplazamiento indica una preferencia creciente de los hogares por servicios personalizados y centrados en la mejora de su estado funcional y emocional. Además, el incremento del uso de hospitales privados para consultas externas —que ha crecido un 133% desde 2010 frente al 20% en el sector público— refuerza esta tendencia hacia una privatización parcial del acceso a ciertos servicios.
¿Qué papel debe jugar el sistema público?
Ante este escenario, el informe concluye que es necesario reconsiderar el contenido de la cartera de servicios del SNS. Para ello, propone la incorporación gradual de coberturas básicas hoy excluidas, como ciertos servicios de salud bucodental, fisioterapia, rehabilitación y psicología. Algunas comunidades autónomas ya han comenzado a ampliar su cobertura en estas áreas, y el informe sugiere que podrían aplicarse modelos híbridos como bonos para el acceso en centros privados o prestaciones gratuitas en el sistema público.
Un ejemplo de esta ampliación de coberturas es el de la Comunidad Foral de Navarra. En dicha comunidad, se ha implantado un modelo de inclusión de profesionales de la Psicología en los servicios de Atención Primaria. La iniciativa ha demostrado un impacto positivo en términos de accesibilidad a este tipo de servicios, disminución del 38,2% en el número de pacientes con primeras atenciones por trastorno mental común en salud mental y un descenso del 38,7% en el número total de citas relacionadas con estos casos, tal y como se informó recientemente en Infocop (ver aquí). A este respecto, en relación con la atención a la salud mental, reforzar la atención psicológica en el sistema público mediante la incorporación de más profesionales, dotar de recursos adecuados a los centros de salud mental y facilitar el acceso temprano a terapias eficaces constituyen demandas reiteradas realizadas desde el Consejo General de la Psicología (más información aquí).
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