Retrasar la edad de acceso no puede ser la única medida
José Antonio Luengo, vicepresidente primero del COP – Entrevista
La reciente propuesta del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha reabierto el debate sobre cómo proteger la salud psicológica de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. ¿Es una medida necesaria y acertada? ¿Es suficiente? ¿Cuáles pueden ser sus efectos? ¿Cuál es la valoración que hace el Consejo General de la Psicología sobre esta propuesta?
José Antonio Luengo Latorre, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología, señala que la preocupación es legítima, pero advierte de que estamos ante un fenómeno complejo que exige una mirada más amplia.
Para José Antonio Luengo, la iniciativa debe entenderse como una medida de regulación más que de prohibición. Recuerda que actualmente la edad mínima para abrir un perfil con autonomía está fijada en 14 años, y que ampliarla hasta los 16 supone ganar dos años de madurez en una etapa clave del desarrollo.
La medida pretende proteger y garantizar los derechos de los y las menores en entornos digitales.
La investigación más reciente, especialmente en los últimos cinco años, ha señalado riesgos importantes asociados al uso intensivo y sin supervisión de redes sociales: exposición a contenidos ilícitos o perjudiciales, cultura de la comparación constante, presión estética, sexualización precoz o discursos de odio. Todo ello, señala el vicepresidente primero del COP, “puede afectar al equilibrio emocional de menores que aún están construyendo su identidad”.
Foto: José Antonio Luengo, vicepresidente primero del COP, en un momento de la entrevista.
Desde esta misma perspectiva, el Consejo General de la Psicología subraya que su posición es técnica y científica. A través de su fundación, que ejerce una misión investigadora, trabaja en coordinación con sociedades científicas de ámbitos como la psiquiatría, la pediatría, la neuropsicología o la neurología. Por lo que más allá del legítimo debate social y político, la prioridad, asegura el responsable colegial, “debe ser siempre el interés superior de la infancia y la creación de entornos digitales seguros que favorezcan un desarrollo saludable de la personalidad».
La prohibición deber ir acompañada de otras medidas como los sistemas de verificación de edad.
Luengo subraya, por otro lado, que la regulación por sí sola no basta: es imprescindible mejorar los sistemas de verificación de edad, implicar a las plataformas y reforzar el trabajo en familias y centros educativos.
El responsable colegial insiste, además, en que la responsabilidad debe ser compartida. Familia, centros escolares, Estado, plataformas tecnológicas y profesionales de la salud mental deberían formar parte de un ecosistema que requiere coordinación y colaboración.
Más allá de la edad límite, la clave podría estar en la educación digital, la alfabetización de las familias y el acompañamiento progresivo de los y las menores para que, cuando accedan a entornos digitales y redes sociales, lo hagan con pensamiento crítico y con un mayor conocimiento.
Podéis ver la entrevista completa aquí: