“La mitad de los niños del mundo, es decir aproximadamente 1000 millones de niños, se ven sujetos cada año a violencia física, sexual o psicológica, y sufren traumatismos, discapacidad y muerte, porque los países no han observado las estrategias establecidas para su protección.”

Así lo advierte el Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia contra los niños 2020, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el UNICEF, la UNESCO, la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños.

El documento analiza el progreso de 155 países en la ejecución de actividades para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigidas a poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Para ello, se centra en la violencia interpersonal, que representa la mayor parte de los actos de violencia contra los niños, y aborda el maltrato infantil, la intimidación y otros tipos de violencia juvenil, y la violencia en la pareja.

Tal y como señalan sus autores, este informe ofrece un punto de partida para que los gobiernos puedan monitorear su progreso hacia el logro de estos objetivos en el periodo de 2020-2030, enfocándolo desde el punto de vista de las siete estrategias basadas en la evidencia INSPIRE para poner fin a la violencia contra los niños (INSPIRE es un acrónimo inglés en el que cada letra representa una estrategia: I, implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes ; N, normas y valores; S, seguridad en el entorno ; P, padres, madres y cuidadores reciben apoyo ; I, ingresos y fortalecimiento económico ; R, respuesta de los servicios de atención y apoyo ; y E, educación y aptitudes para la vida. Existen también dos actividades transversales -la acción y coordinación multisectoriales y las actividades de monitoreo y evaluación-, que entrelazan las siete estrategias y permiten monitorear la medida en que se ponen en práctica y su impacto sobre el problema en cuestión).

Como punto de partida, el informe recoge datos tan alarmantes como los siguientes: 1 de cada 2 niños -o mil millones de niños- sufren alguna forma de violencia cada año; aproximadamente 3 de cada 4 niños -o 300 millones de niños- de 2 a 4 años sufren regularmente castigos físicos y/o violencia psicológica por parte de sus padres y cuidadores; 1 de cada 4 niños menores de 5 años vive con una madre víctima de violencia de pareja; 120 millones de niñas y mujeres jóvenes menores de 20 años ha sufrido alguna forma de contacto sexual forzado; 1 de cada 3 estudiantes de 11 a 15 años (35% niños y 30% niñas) ha sufrido acoso en el último mes; los niños de 11 a 15 años que son acosados en la escuela tienen 13% menos de probabilidades de graduarse. La OMS estima 40.150 muertes por año en niños de 0 a 17 años a causa de la violencia.

Según indica, las consecuencias de la pandemia de COVID-19 (pérdida de ingresos, aislamiento, hacinamiento, mayores niveles de estrés y ansiedad en los padres, los cuidadores y los niños), han alterado la prevalencia de la violencia interpersonal y las formas en que suele manifestarse. Durante el confinamiento, se ha observado un incremento vertiginoso de llamadas a los servicios de ayuda telefónica por incidentes de maltrato infantil y de violencia de pareja, junto con disminuciones del número de casos de maltrato infantil remitidos a los servicios de protección de menores. De igual modo, se ha detectado un aumento de los daños reales y potenciales online, entre ellos, la explotación sexual y el acoso cibernético, debido a un mayor uso de Internet entre la población infantil.

Para los autores del informe, el regreso a la escuela y al trabajo podría aliviar el estrés de los padres, cuidadores y niños y reforzar sus sistemas de apoyo social, reduciéndose el peligro de que los y las menores sufran y presencien episodios de maltrato en el hogar. Sin embargo, es posible que el desempleo y la inseguridad económica de los hogares se perpetúen y que el acceso a los servicios de protección y bienestar social se vea reducido en muchas situaciones, por lo que, aunque bajen las cifras de maltrato infantil, consideran muy probable que se estabilicen en niveles más elevados de los que había previamente al COVID-19.

Las respuestas globales a estas realidades y a escenarios futuros se han centrado en el modo en que los gobiernos y las comunidades pueden fomentar la capacidad familiar para hacer frente al estrés del encierro y la ansiedad. En esta línea, las Naciones Unidas han pedido a los gobiernos que prioricen la continuidad de los servicios centrados en la infancia, incluyendo los programas de protección infantil basados en la comunidad, y que ofrezcan apoyo práctico a padres y cuidadores. Asimismo, en una declaración publicada por End Violence en nombre de 21 líderes mundiales, se insta a los gobiernos y a la comunidad internacional a unirse para proteger a niños, niñas y adolescentes del riesgo de violencia a través de una respuesta colectiva que incluye salud mental y apoyo psicológico y social, protección social para los más vulnerables y atención y protección de niños/as en instituciones.

A continuación, recogemos los principales resultados expuestos en el informe:

• De acuerdo con la evidencia que respalda los enfoques de INSPIRE, la prevalencia de violencia se ha logrado reducir de 20% a 50% mediante programas bien ideados, muchos de los cuales se llevaron a cabo en países de ingresos bajos y medios. Para los autores, esto indica la posibilidad de conseguir disminuciones rápidas de violencia si existe “voluntad política y un fuerte liderazgo, políticas e intervenciones respaldadas por datos objetivos, y suficientes fondos”.

• El 89% de los países delegan la responsabilidad de combatir la violencia contra los niños a varios sectores, siendo los más frecuentes el de la educación, la salud, la justicia y el sector social. El 80% de los países tienen como mínimo un plan de acción nacional para la prevención de la violencia contra los niños. Estos resultados prometedores contrastan con los datos que indican cómo apenas una quinta parte de los países declararon tener planes provistos de toda la financiación necesaria y, a pesar de que la mayor parte de los países poseen algunos datos de prevalencia que son representativos a escala nacional, tan solo el 21% afirmó haber fijado indicadores de partida e indicadores a alcanzar de tipo cuantitativo para monitorear los efectos de sus medidas de prevención.

• Se registran grandes diferencias en el nivel de apoyo gubernamental en función de la región de la OMS y de la estrategia INSPIRE en cuestión. A modo de ejemplo, la implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes recibió el apoyo de 88% de los países en el mundo, mientras que la estrategia de padres, madres y cuidadores reciben apoyo varió de 78% de los países en la Región de Europa a 56% en la Región de África y a menos de la mitad de los países en las Regiones del Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las estrategias menos apoyadas fueron la de seguridad en el entorno y la de ingresos y fortalecimiento económico.

• En total, el 88% de los países afirman haber decretado las seis leyes, y cerca de 100% manifiestan haber promulgado leyes contra la violencia sexual y dirigidas a controlar el acceso de la población civil a las armas de fuego. No obstante, la proporción de países donde el nivel de cumplimiento percibido se consideró suficiente para garantizar una alta probabilidad de que los infractores de la ley fueran sancionados fue de apenas 47% en total.

• Entre los enfoques de prevención, la matriculación en la escuela fue la única que más de la mitad de los países consideraron lo suficientemente apoyada para llegar a todo el que la necesita. Con respecto a los enfoques de respuesta, solo un tercio de los funcionarios del Gobierno que respondieron a la encuesta consideraron suficiente el apoyo dado a los servicios de protección de menores, a los servicios médicos para las víctimas de violencia sexual y a las actividades de identificación y remisión de víctimas. Los servicios para las víctimas fueron catalogados de suficientes para llegar a todo el que los necesita con una frecuencia dos veces mayor que los servicios para los agresores.

  Los enfoques en la estrategia de servicios de respuesta y apoyo incluyen, entre otros, enfoques terapéuticos y de asesoramiento, intervenciones en salud mental para abordar síntomas o diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, depresión o trastornos emocionales y de conducta, relacionados con experimentar o presenciar violencia. A este respecto, las cifras revelan que los servicios de salud mental no están ampliamente disponibles en varias regiones, a pesar de su elevada necesidad. Para los autores del informe, la escasez de profesionales de la salud mental contribuye a un bajo nivel general de capacidad para prestar estos servicios. En este sentido, se observan marcadas diferencias regionales en la medida en que los países consideran que su apoyo a los servicios de salud mental es suficiente para llegar a todos los niños y las niñas que los necesitan, con variaciones del 0% en la Región de África al 50% en la Región de Asia Sudoriental. Este bajo nivel de capacidad profesional de salud mental pone de relieve la importancia de desarrollar intervenciones de salud mental para víctimas de violencia que puedan ser brindadas por profesionales capacitados.

• Muchos países han comenzado a poner en marcha programas preventivos y servicios para las víctimas, y a formular los planes de acción, políticas y leyes nacionales necesarios para impulsar programas para la prevención de la violencia y medidas de respuesta, en línea con las soluciones basadas en la evidencia del conjunto de estrategias INSPIRE. No obstante, pese a los esfuerzos en medidas de prevención, los países reconocen la necesidad de intensificar sus esfuerzos en aras de poner fin a todas las formas de violencia contra los niños de aquí al año 2030.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones de alcance nacional e internacional, dirigidas a las instancias decisorias gubernamentales y los planificadores de programas, tales como promover la coordinación y buena gobernanza para fortalecer el potencial de las acciones intersectoriales en materia de prevención, dar prioridad a la obtención de datos y a los planes de acción nacionales, fortalecer los marcos legislativos, usar la evidencia para mejorar la eficacia de los programas preventivos y los servicios, garantizar suficiente financiación, conseguir que los países hagan uso pleno de los mecanismos de apoyo internacionales o impulsar la investigación en materia de ejecución, entre otras.

Se puede acceder al informe desde la página Web de la OMS o bien directamente a través del siguiente enlace (versión en inglés):

World Health Organization (‎2020)‎. Global status report on preventing violence against children 2020. World Health Organization.