Los centros y consultas de Psicología deberán acreditar de forma permanente que la atención sanitaria es prestada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas para la actividad asistencial desarrollada. Esta es una de las principales novedades introducidas por el Real Decreto 239/2026, de 25 de marzo, que modifica el marco regulador de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios en España.

Según recoge el propio texto normativo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), su finalidad es reforzar la seguridad de los y las pacientes, mediante la incorporación de garantías mínimas de seguridad como condición para la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

La reforma parte de la constatación de que determinados eventos adversos graves pueden estar relacionados con la realización de prácticas sanitarias por personas que carecen de la titulación oficial o de las competencias profesionales adecuadas. Asimismo, el Real Decreto señala la existencia de diferencias entre los procedimientos utilizados para comprobar la titulación y capacitación del personal sanitario, lo que ha llevado al establecimiento de obligaciones uniformes de verificación aplicables en todo el territorio nacional.

Para la Psicología, esta modificación tiene una especial relevancia, ya que afecta directamente a las consultas sanitarias de Psicología, centros sanitarios de Psicología y centros multidisciplinares que cuentan con unidades asistenciales de Psicología. La nueva regulación establece que los centros y servicios sanitarios deberán garantizar durante todo el tiempo que permanezcan en funcionamiento que la atención sanitaria sea realizada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas, además de disponer de información actualizada y de un expediente personal de todo el personal sanitario.

¿Qué cambia exactamente la nueva norma con respecto al Real Decreto 1277/2003?

La principal novedad es la incorporación de un nuevo artículo 7 al Real Decreto 1277/2003 bajo la denominación de «Garantías de atención sanitaria». Hasta ahora, la comprobación de la titulación de los y las profesionales se realizaba fundamentalmente durante los procedimientos de autorización sanitaria o de renovación de la autorización de los centros. Con la nueva regulación, la obligación pasa a ser permanente.

En concreto, los centros y servicios sanitarios deberán garantizar durante todo el tiempo que permanezcan en funcionamiento que la atención sanitaria es prestada por profesionales con la titulación oficial y las competencias y habilidades adecuadas a la asistencia que desarrollan, de acuerdo con las definiciones de cada oferta asistencial y, cuando exista una especialidad sanitaria, conforme a las competencias establecidas en el programa oficial de dicha especialidad.

El cumplimiento deberá mantenerse de forma continuada y podrá ser comprobado por las autoridades sanitarias competentes en cualquier momento.

La norma incorpora además nuevas obligaciones relacionadas con la conservación de información actualizada sobre el personal sanitario y con la documentación acreditativa de sus titulaciones y habilitaciones profesionales.

¿Por qué esta norma tiene especial importancia para la atención psicológica?

La reforma afecta directamente a uno de los ámbitos que más preocupación ha generado durante los últimos años: la prestación de servicios relacionados con la salud mental por personas que no disponen de la cualificación sanitaria correspondiente.

La expansión de la atención psicológica online y la proliferación de servicios ofertados bajo denominaciones como «psicoterapeuta», «coach» o «asesor» han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de garantía sobre quién presta realmente la atención sanitaria y con qué cualificación profesional lo hace.

En este contexto, el nuevo Real Decreto incorpora instrumentos destinados a reforzar la acreditación de la titulación y de las competencias profesionales dentro de los centros sanitarios autorizados.

¿Qué implicaciones tiene para los y las profesionales de la Psicología?

1. La garantía de titulación pasa a ser una obligación permanente.

Las consultas y centros sanitarios deberán poder acreditar que quienes realizan actividades sanitarias de Psicología disponen de la habilitación legal correspondiente para desarrollar dicha actividad. En la práctica, esto supone que quien atienda a pacientes en el marco de la oferta asistencial del centro deberá acreditar la titulación oficial que habilita para esa actividad.

Con respecto a los y las profesionales de la Psicología, ello implica:

• El título oficial de Psicólogo o Psicóloga Especialista en Psicología Clínica cuando la actividad desarrollada corresponda al ámbito competencial de esta especialidad.
• El título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria junto con el correspondiente Grado o Licenciatura en Psicología cuando la actividad se desarrolle dentro de las competencias propias de la Psicología General Sanitaria.

La consecuencia práctica es clara: una persona graduada o licenciada en Psicología que no disponga de ninguna de estas habilitaciones sanitarias no podrá prestar atención dentro de la oferta asistencial sanitaria del centro sin que ello suponga un incumplimiento de la normativa.

2. La habilitación profesional deberá acreditarse de forma continuada.

Uno de los cambios más importantes es que la acreditación profesional deja de ser una cuestión vinculada únicamente al momento de la autorización administrativa del centro. La nueva regulación exige que la garantía de titulación y competencias se mantenga durante todo el tiempo de funcionamiento del centro sanitario.

Por ello, los responsables de consultas y centros deberán comprobar de forma continuada que los y las profesionales que prestan asistencia mantienen la cualificación exigida para la actividad desarrollada.

3. Obligación de mantener actualizada la información del personal.

El nuevo artículo 7 establece que los centros, servicios y establecimientos sanitarios deberán disponer de información actualizada de todo el personal sanitario que ejerza actividad en ellos.

La obligación afecta a todo el personal, independientemente de:

• Su modalidad contractual.
• Su vinculación jurídica con el centro.
• El lugar desde el que presta los servicios.
• La modalidad presencial o telemática de la atención.

Además, esta obligación se entiende sin perjuicio de la necesidad de mantener actualizados los datos en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

¿Qué documentación deberán conservar los centros?

La norma exige disponer de un expediente personal actualizado de cada profesional sanitario. En el ámbito de la Psicología, dicho expediente deberá recoger la titulación oficial correspondiente y, cuando proceda, la especialidad sanitaria.

De forma práctica, ello implica conservar:

• El título oficial de Especialista en Psicología Clínica, cuando corresponda.
• O el título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria junto con el título de Grado o Licenciatura en Psicología.

Es importante recordar que no es suficiente acreditar únicamente el Grado o la Licenciatura en Psicología si no se aporta también la correspondiente habilitación sanitaria.

¿A quién afecta esta obligación documental?

Otro de los aspectos más relevantes de la reforma es el amplio alcance de la obligación. El expediente deberá incluir no solo al personal contratado de forma estable, sino también:

• Profesionales a tiempo parcial.
• Colaboradores externos.
• Profesionales autónomos vinculados mediante contratos mercantiles.
• Profesionales que atienden por horas o por sesiones.
• Profesionales que prestan servicios mediante telepsicología o atención online.

La norma señala expresamente que las obligaciones documentales alcanzan a todo el personal sanitario con independencia de la modalidad y del lugar de prestación de los servicios.

¿Qué ocurre con la telepsicología?

La obligación de disponer de información actualizada y de mantener expedientes profesionales alcanza también a quienes desarrollan su actividad mediante modalidades no presenciales. Esto significa que los psicólogos y psicólogas que realizan atención telemática a través de un centro autorizado deberán figurar igualmente en la documentación del centro y acreditar la correspondiente titulación habilitante.

Nuevas obligaciones relacionadas con la seguridad del paciente.

El nuevo artículo 7 incorpora además una obligación específica dirigida a los y las profesionales de nueva incorporación. Los centros deberán informarles sobre las actividades y prácticas seguras implantadas para garantizar la seguridad del paciente.

Se recomienda que esta información quede documentada y que exista constancia escrita de que el profesional la ha recibido y comprendido.

¿Cuáles son los plazos establecidos?

La disposición adicional primera fija un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto para que los centros, servicios y establecimientos sanitarios dispongan de la información actualizada de todo su personal sanitario. Dado que la entrada en vigor se producirá el 1 de julio de 2026, la fecha límite para cumplir esta obligación será el 1 de enero de 2027. Por tanto, antes de esa fecha, las consultas y centros de Psicología deberán tener:

• La información actualizada de todo su personal sanitario.
• Los expedientes personales actualizados.
• La documentación acreditativa de las titulaciones y habilitaciones correspondientes.

Por otro lado, se establece un segundo plazo dirigido a las Administraciones autonómicas, pero igualmente relevante para los centros: según indica la disposición adicional segunda, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla disponen de un año (1 de julio de 2027) para adaptar la oferta asistencial de los centros y servicios sanitarios a las modificaciones introducidas en los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003.

¿Qué deberían hacer ahora las consultas y centros de Psicología?

Entre las medidas prácticas recomendadas para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos figuran las siguientes:

• Realizar una auditoría interna del personal que presta atención en el centro.

Esta revisión debe incluir a todas las personas que prestan atención sanitaria, cualquiera que sea su forma de vinculación con el centro. Además del personal contratado de forma estable, deberá incluir a los profesionales en activo en modalidad presencial y telemática, a los colaboradores con contrato mercantil y a quienes prestan servicios de forma esporádica o puntual.

• Verificar que cada profesional cuenta con la habilitación sanitaria adecuada y archivar la documentación acreditativa correspondiente.

En el ámbito de la Psicología, ello implica comprobar, según corresponda, la posesión del título de Especialista en Psicología Clínica o del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria junto con el correspondiente título de Grado o Licenciatura en Psicología. Asimismo, se recomienda recabar y archivar copia de dicha titulación en el expediente personal.

• Comprobar que los datos del personal están comunicados y actualizados en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.

Se recomienda verificar que los datos de todo el personal del centro se encuentran correctamente comunicados y actualizados en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, de acuerdo con las obligaciones previstas en el Real Decreto 640/2014.

• Establecer o actualizar el protocolo de acogida para nuevas incorporaciones.

El nuevo artículo 7 establece que los centros deberán informar a los profesionales de nueva incorporación sobre las actividades y prácticas seguras implantadas para garantizar la seguridad del paciente. Por ello, se recomienda que quede documentado por escrito que cada nueva incorporación ha recibido dicha información.

• Revisar la autorización sanitaria vigente y la oferta asistencial registrada.

Se recomienda comprobar que la oferta asistencial registrada es conforme con las definiciones recogidas en el anexo II del Real Decreto 1277/2003 en su redacción actualizada y, en caso necesario, contactar con la Consejería de Sanidad autonómica para regularizar cualquier aspecto que resulte preciso.  

Conclusión.

El Real Decreto incorpora un nuevo artículo 7 al Real Decreto 1277/2003 y establece que los centros y servicios sanitarios deberán garantizar durante todo el tiempo que permanezcan en funcionamiento que la atención sanitaria sea realizada por profesionales con la titulación oficial y las competencias adecuadas. Asimismo, deberán disponer de información actualizada y de un expediente personal de todo el personal sanitario, cualquiera que sea su modalidad de vinculación o prestación de servicios, e informar a los profesionales de nueva incorporación sobre las actividades y prácticas seguras implantadas para garantizar la seguridad del paciente.