A pesar de los avances normativos y sanitarios, el estigma entre las personas diagnosticadas con VIH persiste como una barrera estructural y cultural dentro del sistema de salud.
Así lo advierte el Ministerio de Sanidad, a través de su División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, en un informe donde recoge los resultados de una encuesta realizada en 2023 por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Sociedad Clínica Europea del Sida (EACS), a 1.167 profesionales sanitarios/as españoles/as —dentro de una muestra europea de 18.430 participantes procedentes de 54 países—, con el objetivo de evaluar el conocimiento, las actitudes y las prácticas del personal sanitario hacia las personas que viven con VIH.
A lo largo del informe, se analiza la presencia de estigma, la existencia de comportamientos discriminatorios en la atención sanitaria y el nivel de familiaridad del personal con los avances biomédicos en materia de transmisión y prevención del VIH.
Análisis comparativo del conocimiento biomédico sobre el VIH según perfil sanitario.
La muestra española incluye una amplia variedad de perfiles sanitarios, tanto clínicos como no clínicos. Aunque predominan las profesiones médicas y de enfermería, que representan alrededor del 70% del total, el documento también recoge la participación de otros profesionales de la salud, entre los que se encuentran fisioterapeutas, psicólogos y personal no clínico. En este grupo, el 51% muestra un menor conocimiento biomédico básico sobre el VIH, en comparación con el personal médico (69%) y el del personal de enfermería (57%), pero evidenciando, igualmente, una base de partida sobre la que pueden reforzarse contenidos específicos relacionados con prevención, manejo del virus y estigma.
Los datos muestran que, en España, el 68% de las personas encuestadas reconoce correctamente que una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable no puede transmitir el virus sexualmente. El 60% identifica adecuadamente el papel de la PEP (Profilaxis Postexposición) como herramienta preventiva tras una posible exposición, mientras que, el 58%, afirma conocer la utilidad de la PrEP (Profilaxis Preexposición) para evitar la infección en personas sin VIH. Sin embargo, un 20% del total no respondió de manera correcta a ninguna de esas afirmaciones, lo que indica la existencia de lagunas significativas en conocimientos clave vinculados al abordaje biomédico actual del virus.
Brechas en la formación sobre estigma y control de infecciones y mantenimiento de preocupaciones infundadas en prácticas asistenciales habituales.
La formación recibida también se revela desigual. Tres de cada cuatro personas afirman haber recibido capacitación en consentimiento informado, privacidad y confidencialidad; una proporción muy similar señala haber sido formada en profilaxis postexposición. En cambio, el 58% declara haber recibido formación en control de infecciones, y el 41% indica haber sido formado en temas de equidad, diversidad e inclusión. El porcentaje más bajo corresponde a la formación específica en estigma y discriminación relacionados con el VIH: solo un 33% de las personas encuestadas manifiesta haberla recibido, lo que pone de relieve un déficit formativo directo en un ámbito crucial para la atención libre de prejuicios.
El estudio también analiza el nivel de preocupación del personal sanitario ante la posibilidad de adquirir el VIH durante procedimientos clínicos habituales. Las tareas no invasivas, como tomar la temperatura o tocar la ropa de una persona con VIH, generan niveles extremadamente bajos de inquietud, situándose en el 1,6% y el 2,7%, respectivamente. Sin embargo, los procedimientos que implican contacto con sangre o fluidos corporales muestran porcentajes considerablemente superiores: el 32% manifiesta preocupación al curar heridas y el 42% al extraer sangre. Estos datos ilustran cómo persisten percepciones incorrectas sobre el riesgo real de transmisión en contextos asistenciales estándar.
Medidas de precaución innecesarias y discursos moralizantes en la atención a personas con VIH.
La existencia de medidas de precaución injustificadas también queda reflejada en el informe. Un 2% del personal sanitario afirma que evitaría el contacto físico con una persona con VIH, mientras que el 14% indica que usaría guantes dobles y el 35% utilizaría guantes durante toda la consulta, independientemente de la naturaleza del procedimiento. Asimismo, un 13% aplicaría medidas de control de infecciones que no utiliza con otros pacientes. El documento describe estas prácticas como innecesarias según las guías de control de infecciones y muestra cómo pueden reflejar percepciones distorsionadas del riesgo.
El estudio profundiza también en las opiniones y representaciones sociales del personal sanitario hacia las personas que viven con VIH. La mayoría muestra acuerdo con el derecho de estas personas a mantener una vida sexual plena y a decidir libremente sobre su maternidad.
Sin embargo, el documento también identifica la presencia de creencias que moralizan el comportamiento sexual o responsabilizan individualmente a quienes viven con el virus. Un 35% considera que la mayoría de las personas con VIH han tenido demasiadas parejas sexuales y un 38% cree que adquieren el virus por comportamientos irresponsables. Un 40% sostiene que las personas con cargas virales detectables no deberían participar en actividades sexuales. Aunque las cifras más bajas se relacionan con opiniones abiertamente discriminatorias, su presencia sigue siendo significativa: un 6% considera que deberían sentirse avergonzadas de sí mismas, un 9% piensa que no les importa infectar a otras personas y un 2% afirma que el VIH es un castigo por el mal comportamiento.
Actitudes de rechazo hacia poblaciones clave y evidencias de discriminación institucional en los entornos sanitarios.
La encuesta recoge también actitudes hacia poblaciones clave históricamente afectadas por el VIH. El 7% de las personas encuestadas expresa que, si pudiera elegir, preferiría no ofrecer cuidados a personas que se inyectan drogas. Las proporciones son menores en otros grupos: un 1% en el caso de hombres que tienen sexo con hombres, un 1,5% respecto a trabajadoras sexuales y un 1,3% en relación con personas transgénero. Las razones más citadas para preferir no atender a estas poblaciones giran en torno a la falta de formación específica, a la percepción de riesgo frente a la enfermedad y, en menor medida, a la atribución de comportamientos considerados inmorales.
El informe documenta también las situaciones de discriminación observadas en los entornos sanitarios durante los últimos doce meses. Un 25% del personal refiere haber sido testigo de divulgación del estado serológico de una persona con VIH sin su consentimiento. Un 21% ha observado falta de voluntad para atender a estas personas, mientras que un 20% ha presenciado una calidad de atención inferior en comparación con la proporcionada a otros pacientes.
Desconocimiento generalizado sobre protocolos institucionales y mayor frecuencia de prácticas discriminatorias en comparación con Europa Occidental.
En relación con la existencia de protocolos institucionales de protección frente a la discriminación, el 49% de las personas encuestadas desconoce si su centro cuenta con directrices escritas dirigidas a tal fin, mientras que el 36% afirma que sí existen. Además, el 14% indica que en su centro hay políticas para programar a personas con VIH al final de las listas de operaciones o procedimientos, y un 11% señala la existencia de pautas que recomiendan el uso de guantes dobles. El 82% afirma que su centro dispone de un protocolo de profilaxis postexposición ante pinchazos accidentales.
El estudio incluye una comparación con el conjunto de Europa Occidental. España presenta niveles de conocimiento biomédico similares a los de la región y una percepción de riesgo ligeramente menor en el caso de las curas de heridas, pero más elevada en el de la extracción de sangre. Las diferencias más notables surgen en la frecuencia con la que se reportan prácticas discriminatorias: en España se registra un porcentaje mayor de negativas a atender a personas con VIH, de divulgaciones de estatus serológico sin consentimiento, de calidad de atención inferior y de comentarios discriminatorios.
Persistencia de barreras individuales e institucionales y propuestas estratégicas para fortalecer entornos sanitarios libres de estigma.
La conclusión general del informe expone la persistencia de barreras tanto individuales como institucionales. El documento identifica creencias erróneas sobre la transmisión, uso de medidas de protección no justificadas, actitudes discriminatorias hacia poblaciones clave, déficits formativos relevantes —incluida la baja formación en estigma— y desconocimiento institucional sobre protocolos de protección.
Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Sanidad recoge una serie de propuestas orientadas a reforzar la formación continua, mejorar los marcos institucionales, impulsar cambios culturales en los centros sanitarios, promover la medición periódica y garantizar la participación de las comunidades afectadas. Todas ellas se formulan como líneas de trabajo destinadas a contribuir a entornos sanitarios más justos, basados en derechos y libres de estigma.
Se puede acceder al informe completo desde el Ministerio de Sanidad o bien directamente a través del siguiente enlace: