El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes 13 de mayo de 2011, el anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, mediante el cual se pretende garantizar una atención de calidad a las personas en las fases avanzadas de su enfermedad, para mejorar su calidad de vida y evitar cualquier sufrimiento innecesario.
El texto recoge los derechos de los pacientes al final de su vida y los deberes del personal sanitario y de las administraciones sanitarias encargadas de su cuidado, con la finalidad de crear una normativa común que afecte a todo el territorio español. Alguna de las medidas que se contemplan en la nueva ley incluyen el derecho a la información asistencial, el derecho a la toma de decisiones, el derecho al tratamiento del dolor, el derecho al acompañamiento y el derecho a la intimidad personal y familiar. |
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La futura norma también establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida.
En declaraciones a diversos medios, como Europa Press, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha subrayado que «los cuidados paliativos no son un privilegio, sino un derecho» y que el Gobierno tiene la «obligación ética» de defender esta normativa.
Por otra parte, y tal y como recogen diversos medios, para la SECPAL, lo más importante es que la futura ley de Cuidados Paliativos proporcione un «sistema de garantías» para los pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, y evitar así una mala praxis médica. En este sentido, la SECPAL ha solicitado que «se ordene la profesión de médico, enfermera, psicólogo y trabajador social en cuidados paliativos», regulando un «área de capacitación específica en cuidados paliativos, que acredite a estos profesionales» y ha exigido que los cuidados paliativos sean una «asignatura obligatoria» en todos los estudios de pregrado de las profesiones implicadas en la atención al final de la vida, para evitar el intrusismo y garantizar la correcta atención a los pacientes.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, la ley pasará directamente a los órganos consultivos y al Consejo Interterritorial de Salud para su puesta en común entre las comunidades autónomas. Terminado este proceso, y ya en el mes de junio, se llevará nuevamente al Consejo de Ministros para que se apruebe el proyecto de ley y pueda iniciarse la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, el objetivo es que la ley, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pueda aprobarse antes de que acabe el año, teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria suele demorarse entre cuatro y seis meses.
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