Los problemas de acoso escolar cada vez son más frecuentes en las aulas españolas y, en algunos casos, con consecuencias fatales para los alumnos acosados. Dada la importancia del tema, Infocop ha entrevistado a una experta en psicología de la educación de nuestro país, María Pérez Solís, para que nos ofrezca su valoración del abordaje de estos y otros problemas presentes en los centros educativos y de los recursos con los que cuenta el sistema para hacerles frente.

María Pérez Solís es directora del Servicio de Orientación de la Universidad Complutense de Madrid y secretaria de CIPES (Comisión Interinstitucional de Psicólogos Educativos), -una comisión integrada por representantes de todos los ámbitos vinculados a la psicología de la educación, que lucha por alcanzar el reconocimiento de la figura del psicólogo educativo-.

ENTREVISTA

El pasado mes de noviembre, los medios de comunicación dieron a conocer el caso de una alumna de Ciudad Real, de 16 años de edad, que se suicidó motivada por ser presuntamente víctima de acoso escolar, sacando a la luz, de nuevo, el problema del bullying en los centros escolares de nuestro país. ¿Qué opinión le merecen estos hechos?

Ante hechos tan profundamente dolorosos y lamentables como estos, siempre cabe que nos preguntemos “¿se pudo prevenir?”. Evidentemente, hay indicios que, cuando menos, generan controversia, como que la alumna bajara en su rendimiento académico, el absentismo, el aislamiento y las denuncias de acoso por parte de los padres y de algunas compañeras de la menor. Ante estos hechos, ¿qué actuaciones se llevaron a cabo en el centro? ¿Las entrevistas que se realizaron respecto a esta situación de bullying fueron suficientes para tomar la decisión de no atender la petición de los padres de cambio de centro? Este caso está en manos de la justicia y será ella la que determine, si las hubiere, las responsabilidades de unos y otros.

¿Qué lecciones debemos aprender de cara a prevenir casos como éste o similares?

Para prevenir la violencia escolar, en sus distintas manifestaciones, habría que empezar por no negarla, ni banalizarla, muy por el contrario, reconocerla e identificarla, determinar las causas y los factores de riesgo que favorecen su incremento y establecer las medidas adecuadas de intervención. Estamos ante uno los principales retos que tiene la escuela del siglo XXI, el hacer frente a la diversidad cultural y emocional del alumnado, especialmente en una de sus vertientes de mayor impacto social: la violencia en las aulas. Ante este reto, iniciativas como las puestas en marcha, el presente curso 2012-2013, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del denominado III Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, cuando menos parecen insuficientes y excesivamente costosas, a no ser que se limiten a meras campañas de sensibilización. La asistencia técnica a los centros en la prevención de episodios graves que puedan amenazar la convivencia escolar, como el acoso, no creo que deba ser tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, si lo es, es que la educación ha fracasado.

Asimismo, considero que la comunidad educativa, y la sociedad en su conjunto, ante la violencia del menor contra sus iguales, sus padres, profesores e incluso, contra la propiedad, como son las conductas vandálicas, deben tener “tolerancia cero”. Con demasiada frecuencia relativizamos, minimizamos y consideramos como habituales conductas graves y con ello estamos favoreciendo la comprensión y justificación del agresor. En el caso de la alumna del IES Maestro Juan de Ávila, que presuntamente fue acosada, me cuesta entender respuestas como la atribuida por los medios de comunicación al orientador. Me refiero a que, según indican los medios, consideró que no se trataba de un caso de “reiterado acoso entre iguales”, y, por tanto, no vio necesario trasladar a la menor a otro centro. Cuando hablamos de acoso nos referimos a acciones violentas que, por supuesto, son reiteradas y continuadas, que se caracterizan además de por la estabilidad temporal, por la indefensión del acosado y la intencionalidad de las acciones del agresor o agresores. Por este motivo, es fundamental contar con una formación adecuada para poder evaluar e intervenir en estos casos.

Finalmente, hechos como los acaecidos en este centro de Ciudad Real, ponen de manifiesto los desajustes de un sistema educativo incapaz de dar respuestas ajustadas a los problemas de convivencia del alumnado y hacen que tome fuerza el acuerdo de formadores, profesionales, asociaciones de padres, directores de centros y profesores sobre la inserción del psicólogo educativo en el sistema educativo español no universitario.

La violencia escolar es sólo uno de los problemas patentes en los centros educativos, pero existen otros desafíos a los que la comunidad educativa no sabe cómo hacer frente, tal y como han puesto de manifiesto los directores de centros escolares o las asociaciones de padres y madres de alumnos. ¿Cuáles son los más mencionados? ¿Qué necesidades plantea la comunidad educativa actualmente?

Evidentemente, la escuela tiene otros problemas. Algunos los genera la propia administración educativa cuando desautoriza al profesorado que cumple con su deber, al no aprobar a aquellos alumnos que no lo merecen. Recientemente, la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía aprobó a un alumno de 4º de la ESOcon cinco suspensos, permitiéndole así pasar a Bachillerato. Este alumno repetidor, había suspendido en Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Biología y Geología, Ciencias Sociales y en Física y Química y, según recogen los medios de comunicación, la Comisión Técnica de Reclamacionesde la Delegación Provincial (integrada por un inspector y por profesores ajenos al centro) en su resolución 170/2012, decidió aprobar a este alumno en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura e Inglés, alegando la “indefensión” del mismo por los criterios de evaluación. Como esto no bastaba para su promoción a Bachillerato, la Delegación de Educación dictó una resolución posterior (12 de febrero del 2013), por la que le aprueban el resto de las asignaturas mediante un procedimiento calificado de “extraordinario”, y en el que se indica que, estos suspensos, “no impiden la titulación ni menoscaban la formación académica y las competencias necesarias que permitirán al alumno reclamante afrontar una brillante carrera en cualquiera de los objetivos académicos o laborales que se proponga”. Esta decisión se califica por sí misma y entiendo que con ella al que más se perjudica es al propio alumno. Con actuaciones tan desafortunadas como esta, la desmotivación del profesorado está más que justificada y es un factor más que incide, junto al desinterés del alumnado, en otro de los graves problemas que tiene nuestra escuela y que el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) nos recuerda evaluación tras evaluación, me refiero al fracaso escolar.

El rechazo del alumnado al actual sistema educativo, puede venir motivado de que descubre que la preparación que recibe no se ajusta a las exigencias del mundo laboral, por la perspectiva de un futuro incierto y temido, relacionado con el elevado porcentaje de paro y, lo que es más importante, porque le influye la escasa valoración que la sociedad da al saber. Los modelos que en la actualidad representan el éxito, el poder o la riqueza, no son fruto del conocimiento, del esfuerzo y, en definitiva, del buen hacer y del trabajo. Esto que ocurre en una sociedad organizada por adultos, es rápidamente asimilado por nuestros niños y jóvenes.

El fracaso escolar se vincula frecuentemente a conflictos interpersonales y de disciplina. Precisamente, el control del aula es uno de los aspectos que mayor preocupación y ansiedad genera entre los docentes, en especial en centros de Educación Secundaria. El principio de autoridad del profesor que, en otras épocas, constituía la base fundamental del control que se ejercía en el aula, en la actualidad, ha disminuido notablemente en importancia, siendo en parte sustituido por el interés y la voluntad del propio alumnado, a partir de su motivación por determinados contenidos. Pero nos equivocamos cuando desautorizamos al profesor y cuando no logramos un equilibrio entre derechos y deberes. Debemos comprometernos todos desde el respeto a cumplir unas reglas y unas normas, sin las cuales no es posible la convivencia. Asimismo, el fracaso escolar se asocia a otras conductas problemáticas como la drogadicción, pudiendo ser tanto causa como consecuencia de ese fracaso.

En cuanto a lo que necesita la comunidad educativa, entiendo que, al menos, de un profesorado cualificado, de políticas eficaces de detección precoz de las distintas problemáticas y, por supuesto, de sistemas de apoyo efectivos que ayuden a afrontar los desafíos con eficiencia, formados, entre otros profesionales, por psicólogos educativos.

En la actualidad, los servicios de orientación escolar se vienen encargando de la tarea de gestionar problemas como la violencia escolar o la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Cómo están estructurados estos servicios y qué profesionales los integran? ¿Considera que están preparados para dichas tareas?

En España, desde que las Comunidades Autónomas adquieren competencias plenas en educación en 1998, no se cuenta con un único modelo institucional de los servicios de orientación. En la Comunidad de Castilla la Mancha, donde esta alumna, presuntamente acosada, ha perdido la vida, la Consejería de Educación, mantiene los Departamentos de Orientación de Educación Secundaria, pero decide suprimir los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y sustituirlos para Educación  Infantil y Educación Primaria, en las denominadas “Unidades de Orientación” (Orden 2 de mayo de 2005).

El Ministerio de Educación, para su ámbito de competencia (Ceuta y Melilla), hace una  regulación similar de la Orientación Educativa, poniendo en marcha las citadas unidades de orientación (Orden EDU/849/2010) y con ellas ha renacido la figura del “profesor orientador” de épocas preconstitucionales. Estos modelos carecen de una estructura organizativa que permita la vertebración de la Orientación en las distintas etapas educativas, en su composición y funciones, y no garantiza el asesoramiento y apoyo técnico que necesita la comunidad educativa. La consecuencia de todo ello es que, en la actualidad, el derecho a la orientación personal, académica y profesional, no lo disfrutan por igual los alumnos de las distintas comunidades autónomas. Como ya hemos indicado en otras ocasiones, y aprovechando la reforma educativa que se avecina, el MECD en el uso de sus competencias,debería establecer unas directrices comunes en la estructura organizativa y funcional de estos servicios, que permitan alcanzar niveles de calidad similares en las distintas comunidades autónomas y crear “un organismo” que planifique, supervise y vertebre la orientación en cada comunidad y a nivel nacional. Asimismo, a través de este organismo supervisor, se deben establecer las líneas de investigación, formación y reciclaje de los distintos profesionales que integren estos servicios.

En cuanto a la cualificación de los profesionales que forman parte de estos servicios, a día de hoy, existe una gran variabilidad, en consonancia con su formación inicial y básica. No olvidemos que bajo la denominación de “orientador” puede situarse cualquier docente que haya accedido a estas funciones a través del máster en Formación del Profesorado, especialidad de “Orientación Educativa” y por supuesto, la invertebración de la formación inicial afecta profundamente a su profesionalización.

¿Cómo repercute el hecho de que profesionales sin la debida cualificación  estén formando parte de estos servicios? ¿Qué consecuencias está teniendo para la comunidad educativa y para los alumnos en particular?

Evidentemente, el acceso de profesionales sin la debida formación a estos servicios, repercute de forma muy negativa en la escuela, convirtiéndose en prescindibles para el profesorado y generando desconfianza, desorientación y preocupación, en especial, en las familias con menos recursos. Desde la seudo-profesionalización no cabe un servicio de calidad y algún día ante hechos como los ocurridos en el IES Maestro Juan de Ávila, puede que las responsabilidades se dirijan directamente al MECD, como último responsable de un marco normativo erróneo. Con el actual máster en Formación del Profesorado, especialidad de Orientación Educativa, que contiene aproximadamente unos 15 créditos específicos de Psicología, ¿cree usted, que cualquier docente, ingeniero o arquitecto que curse este máster, estará capacitado para “conocer las características psicopedagógicas de los alumnos, para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran” (Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre Artículo 2,12)?. Por supuesto que no, tampoco, como algunos ingenuamente piensan, el acceso a esas plazas públicas a través de una oposición, garantiza la adquisición de las competencias profesionales requeridas para el ejercicio de la profesión. Nada más lejos de la realidad, el aprendizaje de un temario no te convierte en profesional. Cuando las familias y el profesorado empiezan a desconfiar de estos servicios públicos, o buscan la respuesta fuera o sencillamente prescinden de ellos.

CIPES (Comisión Interinstitucional de Psicólogos Educativos) considera trascendental conseguir la cualificación de los profesionales que integran los servicios de orientación escolar. ¿Por qué es importante que se regule el acceso y formación de los profesionales que integran estos servicios?

En la línea de lo anteriormente expuesto, porque creemos que la salud psíquica, lo mismo que la salud física, requiere de profesionales altamente cualificados. CIPES nació para responder de forma conjunta y coordinada a las demandas que padres y profesores nos hicieron en su día. Nunca hemos ido en contra de ningún perfil profesional, muy por el contrario, nosotros creemos en la interdisciplinariedad y en la multidimensionalidad que implica la intervención con determinadas discapacidades y problemáticas. Así, por ejemplo, un  trastorno del espectro autista requiere de las aportaciones de distintos profesionales: psicólogos, neurólogos, logopedas, pedagogos, etc. Lo que no nos sirve es “una figura comodín” que supla a todos los demás. Las funciones propias de un psicólogo educativo las debe realizar un licenciado o graduado en Psicología, que, además, se haya especializado en Psicología Educativa.

Como experta en el área, ¿qué competencias profesionales deberían tener los integrantes de los equipos de orientación escolar para poder hacer frente a las dificultades anteriormente mencionadas?

Antes de nada, debo puntualizar que en los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica se integran otros profesionales, con competencias distintas de un psicólogo. En consecuencia, sólo haremos referencia a aquellas competencias propias del psicólogo educativo. El concepto de competencia cambia según el modelo que se emplee, por ejemplo, en el modelo funcional-behaviorista del Reino Unido la competencia se relaciona, no con la capacidad global del individuo, sino con un conjunto de competencias que son acumulativas antes que integradoras. En cambio, para el modelo multidimensional alemán, el concepto central es el de “competencia de acción” (Handlungskompetenz) en el contexto de la realización o desempeño al hacer. Desde nuestro punto de vista, el término competencias profesionales las aplicamos al psicólogo educativo que interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al desarrollo normal y anormal y al aprendizaje, en el marco de los sistemas socioeducativos reglados, no reglados, formales e informales, y a lo largo de todo el ciclo vital. Las competencias en fin, proporcionan una descripción de los distintos roles que desempeña el psicólogo educativo relacionados con las principales áreas de intervención: atención a la diversidad, prevención, desarrollo, proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación y asesoramiento personal, académico y profesional.

En concreto, las competencias que debería adquirir un psicólogo para ejercer en contextos educativos, serían las siguientes:

• Competencias Genéricas:
  • Capacidades para conocer la naturaleza y el marco teórico explicativo de las dificultades, discapacidades y trastornos psicológicos, sociales y educativos.
  • Capacidades para aplicar las principales teorías respecto a los procesos psicológicos implicados en las discapacidades, trastornos psicológicos y del aprendizaje.
  • Capacidades para conocer los distintos modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la Psicología Educativa.
  • Capacidades para detectar, comprender y atender las demandas psicológicas de la comunidad educativa, instituciones y servicios comunitarios.
  • Capacidades para asesorar, asistir y dar consejo a individuos, grupos y/o instituciones, a partir de los conocimientos especializados que como orientador se posee.
  • Capacidades para mediar entre dos o más contextos, instituciones, grupos o personas, con el fin de llegar a acuerdos.
  • Capacidades personales e interpersonales para el trabajo en equipo.
  • Capacidades para diseñar, planificar y seleccionar técnicas y recursos de intervención e investigación.
  • Capacidades comunicativas, de escucha, creatividad, flexibilidad y persuasión.
  • Capacidades para conocer y ajustarse al código deontológico de la Psicología Educativa.
• Competencias Específicas:
  • Capacidades para orientar a las personas a lo largo del ciclo vital, en el aspecto psicológico, educativo,  personal y profesional
  • Capacidades para identificar factores personales, psicológicos, sociales y educativos que favorecen o dificultan el proceso de aprendizaje.
  • Capacidades para intervenir en los distintos contextos: escolar, familiar, medios comunitarios, organizaciones, etc.
  • Capacidades para seleccionar y aplicar las principales técnicas, estrategias y programas de intervención psicoeducativa.
  • Capacidades para definir objetivos, trazar el plan de intervención, realizar el seguimiento y evaluación de la propuesta de actuación psicológica.
  • Capacidades para mediar en la modificación de aquellas circunstancias del contexto generadoras de problemas, así como dotar a los individuos de las adecuadas competencias para que puedan afrontar con éxito las situaciones problemáticas
  • Capacidades para organizar, enfocar, seleccionar, filtrar o determinar el orden de aparición de  los hechos, para lograr el consenso, el cambio o la transformación.
  • Capacidades para intervenir desde un enfoque sistémico o global, desde el que se aborda, no sólo al sujeto, sino también al contexto socio-familiar y escolar.
  • Capacidades para colaborar en el proceso de ayuda para promover el desarrollo integral del potencial de cada persona.
  • Capacidades para conocer las bases para la selección de los métodos y técnicas de evaluación adecuados a cada situación o contexto.
  • Capacidades para seleccionar y aplicar pruebas  e instrumentos de evaluación psicológica individuales y grupales.
  • Capacidades para analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica.
  • Capacidades para diagnosticar, elaborar un informe u orientar una propuesta de intervención
  • Capacidades para recoger, analizar y valorar información relevante, sobre los diversos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
  • Capacidades para gestionar y promover la coordinación con otros profesionales, instituciones y servicios.
  • Capacidades para responder a las demandas de las instituciones y de la Administración educativa, relativas a informes y dictámenes, especialmente aquellos referidos a los alumnos con necesidades educativas especiales

Por supuesto, todas estas competencias no se pueden adquirir con el actual máster de Formación del Profesorado, especialidad de Orientación Educativa.

Existen quienes consideran que esta petición va en contra de los intereses de otros profesionales, concretamente de los pedagogos o psicopedagogos. ¿Es cierta esta afirmación? ¿Por qué motivos?

Nada más lejos de la realidad. Prueba de ello es “el manifiesto en defensa de la profesionalidad de la Orientación Educativa”, que firmamos conjuntamente, con el Presidente de la Confederación de la Psicopedagogía y Orientación de España, el 17 de mayo de 2011. Los profesionales de la pedagogía piden también la regulación del acceso a esta especialidad (que todos pedimos que se vuelva a denominar de Psicología y de Pedagogía) y una formación específica acorde con su perfil. Ignoro quien o quienes están detrás de generar el enfrentamiento de unos profesionales con otros. Lo que parece evidente es que responde más a intereses espurios, que a la búsqueda de una adecuada cualificación profesional.

¿Cuáles han sido las últimas reuniones llevadas a cabo por CIPES en relación con este tema y qué conclusiones se pueden extrapolar de dichos encuentros?

Durante los meses de enero y febrero, nos hemos reunido en el MECD, en primer lugar, con Dª. Pilar Ponce, asesora parlamentaria del Ministro y con D. Eduardo Leyva y, aunque ambos se comprometieron a hacer llegar nuestras peticiones al Ministro y a la secretaria de Estado de Educación, este encuentro fue de mero trámite, y seguimos interesados y a la espera de reunirnos con el Sr. Wert o con la secretaria de estado de Educación. Posteriormente, el 14 de febrero celebramos un encuentro que valoramos positivamente, con Dª. Mª Jesús Moro, portavoz de Universidades del GPP, y con el Sr. Morán, secretario general de Universidades, acompañado del director general de Política Universitaria y de la subdirectora general de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. Todos estuvimos de acuerdo en que el actual máster de Formación del Profesorado, especialidad de Orientación Educativa, no cumplía con los objetivos previstos y debía ser modificado, así como el acceso a estos servicios de Orientación Educativa. El debate se centró en si el máster debía seguir siendo profesionalizante y nuestra posición es que sí, dado que no implica ningún tipo de reserva nueva, más allá de la que ya existe. De este encuentro salimos esperanzados y agradecidos a Dª. Mª Jesús Moro y al Sr. Morán.

Para finalizar, ¿le gustaría añadir otro comentario?

Creo que todos somos conscientes de la necesidad de estos cambios y está en manos del Sr. Wert y del Parlamento hacerlos posible. Nunca un Gobierno ha contado con más apoyos para modificar algo que se sabe que funciona mal y que los daños que puede ocasionar al usuario son graves. El retraso sólo favorece el progresivo deterioro de la Orientación Educativa en España.