En mayo de 2025, el Parlamento danés aprobó una ambiciosa reforma de salud mental de diez años de duración, anunciando una inversión histórica orientada a la prevención, la intervención temprana y la ampliación de servicios. Sin embargo, esta transformación, aplaudida en su momento por su alcance, ha suscitado una fuerte polémica debido a la legalización de nuevas formas de prácticas restrictivas dentro del sistema de atención en salud mental, tal y como expone un artículo publicado en The Lancet Psychiatry.

Según se recoge en el artículo, entre los cambios más significativos se encuentra la introducción legal de la reclusión en habitaciones cerradas (especialmente, en servicios forenses), la contención física en posición ascendente durante traslados, y la ampliación de los criterios para la aplicación de tratamientos forzosos y sedación rápida. Estas nuevas medidas, que Dinamarca prevé implementar entre 2026 y 2027, amplían el marco legal de prácticas existentes y reintroducen procedimientos previamente descartados, como el tratamiento ambulatorio involuntario. Este último había sido probado anteriormente en este país, pero fue abandonado por su uso limitado y por las preocupaciones que generó.

Cambios legislativos: nuevas formas de control y sus justificaciones

El nuevo marco legal incluye diversas modificaciones, todas ellas, orientadas a aumentar el abanico de herramientas para controlar el comportamiento de personas ingresadas en centros psiquiátricos. Por ejemplo, la llamada «restricción de área» permite ahora que el personal indique a los usuarios que permanezcan en una zona específica, como su habitación, sin necesidad de cerrarla con llave. Aunque se presenta como una alternativa menos intrusiva a la contención mecánica o manual, las medidas implican una vigilancia frecuente y aún se espera definir su duración máxima.

Otra modificación importante es la legalización de la administración forzosa de sedantes en situaciones de peligro para uno mismo o para otros, aun cuando no exista agitación evidente. Este uso de la tranquilización rápida pretende reducir el empleo de la contención mecánica prolongada, una de las prácticas más criticadas tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se aprueba el uso de habitaciones cerradas sin contacto con otras personas, exclusivamente en contextos forenses, con el argumento de sustituir la contención mecánica y evitar mayores daños.

Las reformas también autorizan el uso de correas suaves en brazos y piernas durante traslados agudos entre centros, con el objetivo declarado de reducir lesiones tanto en usuarios como en el personal. A su vez, se contempla la eliminación del efecto suspensivo de las apelaciones contra tratamientos forzosos en casos específicos de internamiento involuntario o forense debido a la no adherencia a la medicación y presencia de psicosis. Esto permitirá administrar medicamentos sin demoras legales, bajo determinadas condiciones.

Finalmente, el tratamiento ambulatorio involuntario podría reintroducirse tras una revisión por parte de la Autoridad Sanitaria Danesa. Esta medida permitiría continuar el tratamiento tras el alta en pacientes graves «que no son conscientes de su condición», con la finalidad de reducir readmisiones involuntarias y, con ello, el uso de prácticas restrictivas.

El contexto internacional: un retroceso frente al consenso global

Estas decisiones legislativas se producen en un momento en que los sistemas de salud mental de todo el mundo están tratando de reducir o eliminar las prácticas restrictivas debido a la evidencia en torno a los daños que conllevan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado repetidamente a su eliminación progresiva, promoviendo un enfoque basado en los derechos.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura elogió en su informe de 2024 la disminución reciente del uso de prácticas restrictivas en Dinamarca, subrayando la importancia de mantener ese avance. A pesar de ello, las prácticas forzadas y la tranquilización rápida siguen siendo las más utilizadas y las que generan más quejas, según datos de la Autoridad de Datos de Salud danesa y la Agencia de Quejas de Pacientes.

La reforma se produce en paralelo a objetivos políticos que aspiran a reducir un 30% el uso de las prácticas más intrusivas (como la contención mecánica y manual, y la tranquilización rápida) de aquí a 2030.

Consecuencias éticas y psicológicas

Diversas voces advierten de que estos cambios podrían tener graves consecuencias para la salud mental y la integridad psicológica de las personas usuarias del sistema. Aunque algunos argumentan que las nuevas prácticas podrían reducir el uso de métodos más intrusivos, como la contención mecánica prolongada —considerada por muchos como una forma de trato cruel—, también se reconoce que incluso las formas «más suaves» de restricción pueden tener consecuencias negativas importantes.

Estas prácticas están asociadas con daños físicos y psicológicos sustanciales, deterioro de las relaciones terapéuticas y pérdida de confianza en el sistema. Pueden disuadir a las personas de buscar atención cuando la necesitan. Además, su expansión a contextos comunitarios, más allá del entorno hospitalario, plantea dudas sobre la coherencia de la reforma con los compromisos de Dinamarca en materia de derechos humanos.

El artículo advierte que la mera modificación de la legislación no garantiza cambios en la práctica clínica y, en algunos casos, podría reducir el umbral para aplicar medidas coercitivas, con el consiguiente riesgo de abuso.

Alternativas basadas en la evidencia

Frente a esta expansión legal, el artículo sugiere que los responsables políticos y los sistemas de salud mental deberían dar prioridad a estrategias basadas en la evidencia que han demostrado reducir el uso de prácticas restrictivas. Entre ellas se encuentran las técnicas de desescalada, las evaluaciones estructuradas de riesgo, la atención informada en trauma y la toma de decisiones con apoyo.

La evidencia disponible también subraya la importancia de contar con niveles adecuados de personal, formación continua y relaciones terapéuticas sólidas como factores clave para prevenir situaciones de coerción. Resulta paradójico que, en un momento de inversión récord en salud mental, Dinamarca opte por institucionalizar prácticas restrictivas en lugar de fomentar alternativas no coercitivas.

Aunque la reforma incluye compromisos con la desescalada y la educación del personal, el artículo señala que no está claro si estas estrategias recibirán la financiación y el apoyo necesarios para ser eficaces.

¿Una oportunidad o un riesgo?

El plan danés representa una inversión urgente e importante en el sistema de salud mental. No obstante, la introducción de nuevas formas de coerción podría revertir décadas de avances y poner en entredicho los principios éticos fundamentales que sustentan la atención psicológica moderna. La reforma reconoce incluso que estas medidas podrían aumentar el uso global de prácticas restrictivas, en lugar de disminuirlo.

Algunos sistemas han demostrado que el uso repetido o simultáneo de múltiples formas de coerción puede volverse autoperpetuante. Por ello, aunque algunas de las nuevas medidas puedan parecer pragmáticas a corto plazo, su adopción debe hacerse con extrema precaución, transparencia y una evaluación continua rigurosa. Solo así podría convertirse esta reforma en una oportunidad para avanzar hacia una atención en salud mental más humana, menos intrusiva y más respetuosa de los derechos de las personas.

Fuente: Pedersen, M. L. (2025, July 8). New restrictive practices in mental health practice in Denmark. The Lancet Psychiatry. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(25)00195-6