Reforzar la atención primaria, la atención hospitalaria y la atención a la salud mental son algunas de las recomendaciones establecidas por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado 26 de noviembre.

Si bien el Defensor del Pueblo ha señalado que para su institución el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus prórrogas son plenamente conformes con la Constitución, desde principios de año la Institución que representa ha tramitado más de 26.000 actuaciones sobre quejas relacionadas con la crisis sanitaria.

De esta manera el Defensor del Pueblo ha presentado su informe sobre las actuaciones realizadas frente a la pandemia de COVID-19, detallando los siguientes aspectos que han sido motivos frecuentes de las quejas recibidas:

• Quejas sobre libertades públicas, relacionadas conlas limitaciones a la circulación impuestas durante el estado de alarma con determinados grupos vulnerables como menores, personas con discapacidad intelectual y sus acompañantes que fueron increpados cuando salían a dar paseos terapéuticos y sanciones incorrectas recibidas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
• Carencias del Sistema Nacional de Salud, referentes sobre todo a la reducción de los servicios de atención primaria, la escasez de respuesta de los servicios de urgencias en los hospitales, las largas listas de espera y la “insuficiente atención pública a la salud mental”. La crisis sanitaria ha puesto en evidencia las carencias conocidas del Sistema Nacional de Salud, “cuya capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”, ha señalado. A este respecto, el Defensor del Pueblo ha criticado la mala gestión de la inversión en sanidad, la reducción de las plantillas y la precariedad laboral del sector sanitario, abogando por la puesta en marcha de medidas para invertir esta situación y por la creación de una agencia estatal de salud pública con altas capacidades en situación de emergencia.
• Quejas sobre la atención sanitaria durante la pandemia relacionadas con el temor a la propia salud debido a la saturación de los servicios hospitalarios, la falta de recursos materiales (respiradores, camas, equipos de protección…) y humanos, la suspensión de la actividad en los centros de atención primaria, el cierre de los consultorios, el retraso en las citas médicas, las dificultades para el acompañamiento de pacientes hospitalizados y la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19.
• La situación de incertidumbre económica generada por la crisis sanitaria. A este respecto, el Defensor ha alertado que para resolver la incertidumbre económica es necesario ofrecer una respuesta acorde a la emergencia sanitaria, valorando positivamente que el orden de prioridades aplicado por las autoridades en Europa haya sido “primero las personas, luego las empresas y finalmente el sistema financiero”.
• Las medidas de protección social y apoyo a pymes y autónomos. En relación con las numerosas quejas recibidas sobre la preocupación de la ciudadanía sobre su estabilidad económica y la pérdida de ingresos, el Defensor ha remarcado la importancia de las medidas de protección social adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto económico de la pandemia, aunque ha señalado la necesidad de que se tramiten las ayudas con urgencia.
• La situación de las residencias de mayores, que constituye un foco de especial atención por parte del Defensor del Pueblo. En esta línea, ha insistido en la necesidad de una reforma en la normativa de estos centros y en “una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto”, de forma que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas institucionalizadas.Para el Defensor resulta fundamental aumentar la dotación de personal de estos centros, mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan en ellos, asegurar la asistencia sanitaria y realizar un mejor control y vigilancia sobre el funcionamiento de las residencias. Asimismo, ha recordado que el protocolo de derivación a hospitales debe basarse en criterios meramente clínicos y que aplicar otros criterios como la edad, la discapacidad o el nivel de dependencia para la exclusión de esta atención no es ético ni legal.  Otros de los protocolos que deben eliminarse en estos entornos tienen que ver con la prohibición absoluta de salidas de los residentes de los centros bajo la justificación de proteger su salud o la restricción total de las visitas de familiares y amigos, puesto que el “aislamiento puede causar importantes efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a su estado de salud físico y emocional
• Quejas relativas a la educación. A este respecto, el Defensor ha subrayado que la brecha digital se ha visto acentuada con el confinamiento. Para reducir este impacto, se deberían proporcionar medios tecnológicos y recursos a las familias que no pueden acceder a estos recursos, puesto que “los alumnos deben disponer de los medios técnicos precisos para formarse a distancia y los centros deben contar con los recursos tecnológicos precisos para ofrecer esta educación”. La ausencia de criterios homogéneos entre las comunidades en relación con las evaluaciones finales de curso ha sido otro motivo de crispación entre las familias, así como la falta de medidas consensuadas para garantizar la seguridad en las aulas en todo el territorio español.

Más allá de estas consideraciones, el Defensor del Pueblo ha detallado otros problemas relacionados con el sector de la vivienda, los impuestos, la actividad económica y defensa de los consumidores y las personas migrantes, merecedoras de los mismos derechos de salud que el resto de la población.

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