Reforzar la atención primaria, la atención hospitalaria y la
atención a la salud mental son algunas de las recomendaciones establecidas
por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su
comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta de
Relaciones con el Defensor del Pueblo el pasado 26 de noviembre.
Si bien el Defensor del Pueblo ha señalado que para su institución
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 y sus prórrogas son plenamente conformes con la Constitución, desde
principios de año la Institución que representa ha tramitado más de 26.000
actuaciones sobre quejas relacionadas con la crisis sanitaria. |
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Fuente: www.pexels.com
Artista: Anna Shvets Fecha descarga:
27/11/2020 | | |
De esta manera el Defensor del Pueblo ha presentado su informe
sobre las actuaciones realizadas frente a la pandemia de COVID-19, detallando
los siguientes aspectos que han sido motivos frecuentes de las quejas
recibidas:
- Quejas sobre libertades públicas, relacionadas conlas
limitaciones a la circulación impuestas durante el estado de alarma con
determinados grupos vulnerables como menores, personas con discapacidad
intelectual y sus acompañantes que fueron increpados cuando salían a dar paseos
terapéuticos y sanciones incorrectas recibidas por parte de los cuerpos de
seguridad del Estado.
- Carencias del Sistema Nacional de Salud, referentes sobre todo a la
reducción de los servicios de atención primaria, la escasez de respuesta de los
servicios de urgencias en los hospitales, las largas listas de espera y la
“insuficiente atención pública a la salud mental”. La crisis sanitaria ha
puesto en evidencia las carencias conocidas del Sistema Nacional de Salud, “cuya
capacidad de respuesta se ha visto casi superada en los peores momentos”, ha
señalado. A este respecto, el Defensor del Pueblo ha criticado la mala gestión
de la inversión en sanidad, la reducción de las plantillas y la precariedad
laboral del sector sanitario, abogando por la puesta en marcha de medidas para
invertir esta situación y por la creación de una agencia estatal de salud
pública con altas capacidades en situación de emergencia.
- Quejas sobre la atención sanitaria durante la pandemia relacionadas
con el temor a la propia salud debido a la saturación de los servicios
hospitalarios, la falta de recursos materiales (respiradores, camas, equipos de
protección…) y humanos, la suspensión de la actividad en los centros de atención
primaria, el cierre de los consultorios, el retraso en las citas médicas, las
dificultades para el acompañamiento de pacientes hospitalizados y la realización
de pruebas diagnósticas de COVID-19.
- La situación de incertidumbre económica generada por la crisis
sanitaria. A este respecto, el Defensor ha alertado que para resolver la
incertidumbre económica es necesario ofrecer una respuesta acorde a la
emergencia sanitaria, valorando positivamente que el orden de prioridades
aplicado por las autoridades en Europa haya sido “primero las personas, luego
las empresas y finalmente el sistema financiero”.
- Las medidas de protección social y apoyo a pymes y autónomos.
En relación con las numerosas quejas recibidas sobre la
preocupación de la ciudadanía sobre su estabilidad económica y la pérdida de
ingresos, el Defensor ha remarcado la importancia de las medidas de protección
social adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto económico de la
pandemia, aunque ha señalado la necesidad de que se tramiten las ayudas con
urgencia.
- La situación de las residencias de mayores, que constituye un foco de
especial atención por parte del Defensor del Pueblo. En esta línea, ha insistido
en la necesidad de una reforma en la normativa de estos centros y en “una
revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto”, de
forma que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas
institucionalizadas.Para el Defensor resulta fundamental aumentar la dotación de
personal de estos centros, mejorar la capacitación de los profesionales que
trabajan en ellos, asegurar la asistencia sanitaria y realizar un mejor control
y vigilancia sobre el funcionamiento de las residencias. Asimismo, ha recordado
que el protocolo de derivación a hospitales debe basarse en criterios meramente
clínicos y que aplicar otros criterios como la edad, la discapacidad o el nivel
de dependencia para la exclusión de esta atención no es ético ni legal.
Otros de los protocolos que deben eliminarse en estos entornos tienen que
ver con la prohibición absoluta de salidas de los residentes de los centros bajo
la justificación de proteger su salud o la restricción total de las visitas de
familiares y amigos, puesto que el “aislamiento puede causar importantes
efectos secundarios en los mayores residentes, afectando a su estado de salud
físico y emocional
- Quejas relativas a la educación. A este respecto, el Defensor
ha subrayado que la brecha digital se ha visto acentuada con el confinamiento.
Para reducir este impacto, se deberían proporcionar medios tecnológicos y
recursos a las familias que no pueden acceder a estos recursos, puesto que
“los alumnos deben disponer de los medios técnicos precisos para formarse a
distancia y los centros deben contar con los recursos tecnológicos precisos para
ofrecer esta educación”. La ausencia de criterios homogéneos entre las
comunidades en relación con las evaluaciones finales de curso ha sido otro
motivo de crispación entre las familias, así como la falta de medidas
consensuadas para garantizar la seguridad en las aulas en todo el territorio
español.
Más allá de estas consideraciones, el Defensor del Pueblo ha
detallado otros problemas relacionados con el sector de la vivienda, los
impuestos, la actividad económica y defensa de los consumidores y las personas
migrantes, merecedoras de los mismos derechos de salud que el resto de la
población.
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