“Las residencias nunca pueden ser “aparcamientos” de personas mayores, y la emergencia sanitaria no puede ser excusa para no garantizarles la atención y protección que tienen reconocidas en los principales instrumentos de Derechos Humanos ratificados por España.”

Así lo afirma Amnistía Internacional (AI) en su informe titulado "Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España", un documento a través del cual se aborda la gestión realizada durante el pico de la primera ola de la pandemia y que derivó, según sus autores, “en falta de protección del personal (sin equipos de protección individual -EPI- ni acceso a tests PCR), escasez de recursos y mínima asistencia médico-sanitaria, una exclusión generalizada y discriminatoria de la derivación hospitalaria y aislamiento de residentes durante semanas enteras, sin apenas comunicación con sus familias ni con el mundo exterior”.

Foto: Matthias Zomer Fuente: pexels Fecha descarga: 09/06/2021

Para AI, estas medidas adoptadas por las autoridades españolas -especialmente en Cataluña y Madrid-, han supuesto una vulneración del derecho a la salud de las personas mayores, y “están estrechamente vinculadas a las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad”.

De acuerdo con el informe, los datos correspondientes a noviembre de 2020 del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la secretaría de Estado de Sanidad (Dirección General de Salud Pública) señalan que 40.749 personas fallecieron por COVID-19 en España, de las cuales, algunos estudios estimaron que cerca del 70% falleció en residencias de personas mayores.

Con la irrupción de la pandemia en nuestro país, las primeras medidas implementadas “con contundencia y sin supervisión legal” en los centros residenciales fueron el encierro y/o confinamiento de las personas mayores en sus cuartos durante largos periodos, prohibiendo completamente las visitas y cancelando sus actividades normales (todo ello, con una gran falta de claridad en torno a su temporalidad).

Asimismo, numerosos profesionales alertan de la falta de tratamiento adecuado en las residencias a los problemas de llagas, úlceras o depresión (muy comunes en personas mayores residentes), así como de la elaboración de protocolos con pautas que, en la práctica, supusieron la exclusión generalizada de la asistencia sanitaria adecuada “y, por tanto discriminatoria”-, de acceso a hospitales de personas mayores de residencias, tanto por razón de su edad, como por su discapacidad física y/o cognitiva y su lugar de residencia (a pesar de que estos criterios de exclusión son incompatibles con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y están prohibidos en la Constitución Española).

La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento por sospecha de COVID-19 produjeron -en varios casos documentados por la organización-, la desnutrición, la deshidratación, sufrimiento y un rápido deterioro e impacto emocional en las personas mayores en residencias: “A nivel médico una persona con deterioro cognitivo, para que no empeore, debe establecer rutinas, relacionarse con otras personas, realizar actividades que se repitan para ayudar a que se centren en el tiempo y espacio, y de esa forma impedir que el deterioro vaya a más o al menos retrasar la progresión. Los deterioros cognitivos muy graves empeoran por la simple falta de estimulación.” (…) “los que no se han quedado mal por la COVID se han quedado mal por lo que ha supuesto a nivel psicológico estar dos, tres, hasta cuatro meses encerrados en una habitación sin contacto con casi nadie, sin comprender bien la situación y sin poder ver a sus familias.”

Según advierte el informe, todo lo anterior ha contribuido a la soledad de las personas residentes y a su rápido deterioro, detectándose una falta de transparencia sobre lo que estaba sucediendo. En muchos casos, las personas han muerto solas, vulnerando su derecho a una muerte digna y suponiendo un trauma para sus familias. De igual modo, no ha habido una gestión adecuada de la despedida y del traslado de las personas una vez fallecidas: la familia no fue avisada, se tardaron varios días en sacar los cuerpos de la residencia, no se localizaban los cuerpos de su familiar fallecido, etc.

Precisamente, en este sentido, la experta independiente de la ONU sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad señalaba en un informe la trascendencia de que los Estados velen porque haya cuidados paliativos de buena calidad disponibles, aceptables y accesibles, y de que se pueda acceder oportunamente a la información sobre las opciones existentes de cuidados, apoyo y servicios paliativos, siendo los cuidados paliativos “una parte obligatoria e integral de la plena realización del derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental”. En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud recomienda en su guía para la gestión de las cuestiones éticas en los brotes de enfermedades infecciosas, que no se abandone a ningún paciente, asegurando, entre otras medidas, los recursos adecuados a la prestación de cuidados de apoyo y paliativos.

Dado lo anterior, Amnistía Internacional pone de manifiesto la relevancia del derecho a la dignidad y el respeto de la vida privada y familiar de las personas mayores, siendo primordial que las autoridades implementen medidas de prevención, detección, control y vigilancia de la COVID-19, en aras de garantizar el acceso de los residentes a una atención sanitaria adecuada y sin sufrir discriminación, en línea con los estándares internacionales y regionales.

A este respecto, expone en su informe una serie de recomendaciones, entre ellas, las siguientes:

  • Revisar y modificar aquellos protocolos que establecen instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, con el objetivo de que no puedan constituir discriminación en el acceso a la atención sanitaria, asegurando que las decisiones médicas se basen únicamente y en todos los casos en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible.

  • Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, asegurando los derechos de las personas mayores.

  • Garantizar el derecho a la salud, que incluye acceso total e igualitario para todas las personas mayores de las residencias a los servicios del sistema de salud y, específicamente, emprender medidas contra cualquier incidente de discriminación contra las personas mayores en las decisiones sobre atención médica, triaje y terapias que salvan vidas.

  • Asegurar que el régimen de las visitas a residencias priorice el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas.

  • Impulsar la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.

El informe se encuentra disponible aquí:

Abandonas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España 

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