Entra en vigor en España la Ley para erradicar la esterilización forzada de personas con discapacidad

El pasado día 4 de diciembre, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

Tal y como señalaba el texto legislativo, a pesar de que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), en vigor en España desde 2014, prohíbe expresamente las esterilizaciones forzadas, el Código Penal permite que, en nuestro país, siga llevándose a cabo esta práctica que vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad.

La permanencia de esta posibilidad legal en el Derecho nacional, sustentada en mitos como “el bien de la familia”, “la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres” o “por su bien”, atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención internacional de las personas con discapacidad, en vigor desde hace ya más de una década. 

En esta misma línea, el Comité sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, en su observación general n.º 1, confirma que las mujeres con discapacidad están sujetas a altas tasas de esterilización forzosa, negándoles con frecuencia el control de su salud reproductiva y toma de decisiones, bajo el supuesto de que no son capaces de tener relaciones sexuales consentidas. Por otro lado, la anticoncepción y la esterilización forzada pueden dar lugar a la violencia sexual sin la consecuencia del embarazo, especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad psicológica y social o intelectual, las mujeres internadas en centros psiquiátricos y otras instituciones y aquellas privadas de libertad.

Atendiendo a esta grave situación, el Proyecto de Ley ponía de manifiesto la obligación de los Estados que han ratificado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho de todas las personas con discapacidad a la igualdad y la no discriminación, concretamente, modificando o derogando leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra esas personas. Ejemplo de estas leyes son, junto con las leyes de esterilización de mujeres y niñas con discapacidad sin su consentimiento, las de tutela y otras normas que vulneran el derecho a la capacidad jurídica, y las leyes de salud mental que legitiman la institucionalización y la administración forzada de tratamientos, que son discriminatorias y deben abolirse.

Lamentablemente, como bien señalaba el texto, la esterilización forzada “es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera”. Prueba de ello, son los datos del Consejo General del Poder Judicial y del CERMI, que apuntan a más de un millar de esterilizaciones forzadas practicadas en nuestro país durante la última década, la mayoría de ellas en mujeres, dándose sólo en el año 2016, 140 casos (entre los años 2005-2013 se registraron 865 casos más).

En aras de mejorar la protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad y defender derechos básicos de las personas con discapacidad, la nueva medida legislativa considera prioritario que la esterilización forzosa o no consentida deje de practicarse en España, eliminando, para tal fin, el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal, que, en la actualidad, despenaliza las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial, tal y como ya recomendó oficialmente a nuestro país en 2011 la ONU a través del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La trascendencia de Ley de esta índole ya había sido puesta de manifiesto en el Congreso de los Diputados, resultando aprobada también por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios. Su aprobación, así como su reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor el pasado día 18 de diciembre, supone un paso histórico en el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su inclusión, así como un gran avance jurídico y social que en Europa, únicamente han dado España y Suecia.

Fuente: Senado de España