La importancia de reforzar los equipos psicosociales de los Juzgados, entre las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según una PNL

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la mesa del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre el cumplimiento y transposición de las medidas legislativas del Pacto de Estado contra la violencia de género a nuestro ordenamiento jurídico, para su debate en la Comisión del seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto en materia Violencia de Género.

En su exposición de motivos, el PP pone de relieve la importancia de que el Gobierno retome el trabajo de cumplimiento legislativo de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, dado que aún tiene “cuestiones de calado sin desarrollar”, entre ellas, la prohibición de las visitas de los hijos a prisión a los padres condenados, la revisión de las visitas de los hijos a padres denunciados o condenados (en el caso de que los menores hayan presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia), o la mayor dotación de los equipos psicosociales de los Juzgados que evalúan la situación de los menores y de las mujeres víctimas “y que precisan de un refuerzo importante”.

Asimismo, subraya la necesidad de abordar dos temas clave: el primero, la “difícil ampliación del concepto de violencia contra la mujer o violencia de género”, cuya definición, de acuerdo con el Grupo Popular, no se adecúa en el marco legislativo español a la concepción que se hace de ella en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa (ratificado por España en 2014), pues “trasciende el ámbito de la violencia en el seno de la pareja o las ex parejas, incorporando también otras casuísticas como la violencia sexual o aquella violencia ejercida contra mujeres con las que no se mantenga o haya mantenido ninguna relación sentimental”. En palabras del Grupo Parlamentario este es un tema que el Gobierno debe solucionar, dado que, según el Convenio, las Víctimas deben ser beneficiarias del mismo estatuto integral de protección establecido en España para las mujeres víctimas de violencia de género. El segundo aspecto crucial es la necesidad de aprobar una Ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual, un “fenómeno internacional del que son víctimas preferentes las mujeres y las niñas”.

Dado lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha presentado su iniciativa a través de la cual insta al Gobierno a:

“- Elaborar en un plazo máximo de dos meses un Informe de cumplimiento de las doscientas cuatro medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para su defensa por parte de la Ministra de Igualdad ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado.

– Presentar, a la mayor brevedad posible, los textos legales necesarios para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de los puntos del Pacto de Estado pendientes aún, tres años después de la aprobación de éste.

– Comenzar en el seno de la misma Comisión, los preparativos para la redacción de un anteproyecto de Ley contra la trata, con las comparecencias de todas las organizaciones que trabajan en la atención y recuperación de las víctimas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de los diferentes ministerios vinculados, entre otros.”

Se puede acceder directamente al documento a través del siguiente enlace:

Proposición no de Ley sobre el cumplimiento y transposición de las medidas legislativas del Pacto de Estado contra la violencia de género a nuestro ordenamiento jurídico