EXPERTOS DEL ÁMBITO JURÍDICO COINCIDEN EN LA NECESARIA INCORPORACIÓN DEL PSICÓLOGO JURÍDICO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

Jueces, catedráticos, profesionales de la Psicología y responsables políticos coinciden en que si se quiere modernizar, actualizar y ayudar al sistema judicial español es necesario que la Ley Orgánica del Poder Judicial incorpore el trabajo del psicólogo jurídico o forense. Estas declaraciones eran vertidas por diferentes personalidades que participaron en la inauguración del IV Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense, celebrado en Murcia la semana pasada.

Tal y como recogen diversos medios de comunicación en estos días, en la jornada inaugural, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, defendió la presencia del psicólogo como colaborador de la Justicia y señaló la pertinencia de que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoja y contemple el trabajo de los psicólogos como parte del propio sistema. Unas declaraciones que fueron secundadas por el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho, quien señaló la importante labor e implicación laboral de estos especialistas en asuntos de gran actualidad en nuestra sociedad, como son la desestructuración familiar, la violencia de género o las situaciones de vulneración de los derechos de los menores.

Por su parte, el Consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana, destacó igualmente la relevancia del profesional de la Psicología en la planificación y elaboración de tratamientos para personas con conductas antisociales y violentas. En su intervención, Bascuñana tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para referirse a la actuación de los psicólogos en la prevención de la exclusión social y atención a víctimas de violencia, enfatizando el papel de las políticas transversales de educación, sanitarias y de servicios sociales.

Blanca Vázquez Mezquita, psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue la encargada de abrir el Congreso con una conferencia inaugural en la que enfatizó la contribución del psicólogo en la modernización de la Justicia desde finales de los años 80. Así, en su intervención se centró en la forma en que el sistema judicial y los psicólogos «han ido de la mano en la elaboración de diversas leyes, como la Ley de violencia de género, la Ley del menor, la Ley de asistencia a víctimas, y cómo todo esto ha ido modernizando el sistema judicial», tal y como declaró a los medios de comunicación allí presentes.

En esta misma línea, se puede afirmar que la Psicología ha contribuido de manera destacada en el desarrollo de leyes y procedimientos dentro del sistema judicial. En una entrevista concedida recientemente a Infocop, el Ministro de Justicia, Mariano Bermejo, hacía un balance de la relación entre Psicología y Justicia en los últimos años y ofrecía su valoración con respecto al trabajo de los psicólogos en el sistema judicial, una labor que empieza a consolidarse. Al respecto, Bermejo reconocía que «hoy la presencia de profesionales de la Psicología ya es una realidad en el ámbito de la jurisdicción de menores, también en el ámbito de la jurisdicción de familia… No podía ser de otro modo. Estamos hablando de los dos campos donde seguramente hace más falta, pero habrá que plantearse, en un futuro no lejano, otras áreas como el ámbito de incapacidades y seguramente, la que está a punto de nacer, que es la de mayores. Estamos a punto de ver nacer un área de tratamiento específico de mayores en el ámbito de la Justicia, con lo que llamamos tercera edad, sobre todo, el ámbito de la Ley de Dependencia».

Con respecto a la situación actual de los profesionales de la Psicología, Bermejo considera que «la presencia de operadores no jurídicos, en concreto psicólogos, pero también sociólogos, trabajadores sociales, etc., está siendo enormemente enriquecedora. Ahora ya nadie concebiría entrar en el momento decisorio, ni siquiera en el momento promotor de la Justicia, hablo de la posición del fiscal, sin que previamente hayan intervenido operadores provenientes del mundo de estas otras humanidades y, en concreto, de la Psicología. Piénsese en el Derecho de Familia y, dada su evolución, ya no sabríamos andar sin la presencia de esos otros operadores. Y dado que sin esos operadores no seríamos, hoy por hoy, capaces de andar, algo ha cambiado a mejor, y empiezan a ser insustituibles.

Debido precisamente a esa complejidad de este campo de trabajo y a la trascendencia de la Psicología dentro del sistema jurídico español, se hace cada vez más necesario que se tomen medidas que permitan mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo. Para Fernando Chacón, entre las acciones a llevar a cabo con objeto de garantizar las mejoras del sector y que, sin lugar a dudas, redundarían en la calidad de las intervenciones profesionales, tendría que estar el hecho de que estos profesionales pertenecieran al cuerpo de funcionarios como, por ejemplo, los médicos forenses. «Mientras esta conversión no se produzca, al menos deberían convocarse en el menor tiempo posible las pruebas de acceso como contratados laborales, evitando el sistema actual de cobertura a través de puestos interinos», según las propias palabras del decano madrileño.

Otras medidas y acciones que serían necesarias implementar para mejorar las condiciones de este colectivo, en opinión de Chacón, pasarían por «exigir que en los procesos de selección de los psicólogos forenses se valore específicamente la formación y experiencia profesional de la Psicología aplicable al ámbito jurídico; [ …] se establezca una formación de postgrado oficial con directrices propias en Psicología Jurídica,[ …] se elaboren protocolos y guías de buenas prácticas de la actuación profesional en los diversos ámbitos, de forma que se establezcan criterios de calidad; [ …] se creen grupos de trabajo conjuntos entre la Comisión Deontológica y la Sección de Psicología Jurídica para tratar cuestiones deontológicas específicas, con el objeto de elaborar criterios de actuación concretos», etc.