Expertos de la ONU solicitan intensificar los esfuerzos para luchar contra la violencia de género

La violencia hacia las mujeres y niñas (en sus múltiples manifestaciones: violencia sexual, asesinato, abuso, acoso online, maltrato físico, ….), sigue estando muy presente en todo el mundo, por lo que se deben intensificar los esfuerzos de los gobiernos para erradicar esta grave situación. Así lo solicita la Plataforma de expertos independientes sobre la eliminación de la discriminación y la violencia contra la mujer de la ONU (Plataforma EDVAW), con motivo de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El grupo de expertos ha elaborado un comunicado en el que solicitan a los Estados Miembros que actúen con diligencia y que luchen contra los retrocesos en igualdad de género que se han agravado con la situación de pandemia sanitaria en todo el mundo.

 A continuación, se reproduce el comunicado de la Plataforma EDVAW:

Aunque representan más de la mitad de la población mundial, las mujeres y las niñas de todo el mundo siguen corriendo el riesgo de ser asesinadas y de ser objeto de violencia, intimidación y acoso cuando hablan, por el simple hecho de ser mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres y las niñas es el resultado de formas interseccionales de discriminación social, política, económica, racial, de casta y cultural que se perpetran a diario contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, incluso en el contexto de los conflictos armados, y los Estados y la comunidad internacional tienen la obligación impuesta por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos de hacer frente a esta violencia. En conjunto, estas formas de discriminación no sólo agravan la intensidad y la frecuencia de la violencia, sino que agudizan la impunidad que existe contra ella y aumentan la disposición social e individual a permitirla.

Resulta especialmente preocupante el hecho de que no sólo las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de múltiples manifestaciones de violencia, sino que también se han multiplicado los espacios en los que ésta tiene lugar. En ningún lugar es más evidente que en los espacios en línea, incluidas las redes sociales. Los gobiernos, las empresas privadas y otros pueden tratar de ocultar sus responsabilidades detrás de la naturaleza aparentemente «sin fronteras» de Internet. Pero los derechos humanos son universales y, como tales, hay un régimen de derechos humanos que protege los derechos de las mujeres y las niñas tanto en línea como fuera de ella, y que exige tolerancia cero para la violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio digital. La violencia contra las mujeres y las niñas florece porque no se impide con firmeza que quienes pretenden silenciar a las mujeres y las niñas y facilitar su explotación, abuso, mutilación y asesinato rindan cuentas de sus actos.

Es inaceptable que en el mundo actual, donde la humanidad y la vida en este planeta se enfrentan a las amenazas existenciales del cambio climático y la contaminación tóxica en medio de la proliferación de conflictos la pandemia del COVID-19 ha matado al menos a 5 millones de personas y ha infectado al menos a 250 millones en todo el mundo en menos de dos años, provocando también un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres, que las mujeres y las niñas no puedan participar plenamente en la respuesta a estas amenazas o en la búsqueda de soluciones porque son discriminadas, maltratadas y siguen sufriendo la violencia, incluida la violencia sexual, la explotación y la muerte por razón de su sexo, género, orientación sexual e identidad de género. Estas crisis mundiales interactúan con las desigualdades preexistentes y las profundizan, así como con las lagunas jurídicas, institucionales y políticas para eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas, que en muchos casos las agravan. Las mujeres indígenas, las desplazadas internas, las discapacitadas, las lesbianas y las transexuales y las pertenecientes a otros grupos vulnerables o marginados se ven especialmente afectadas por el fracaso de estas políticas a la hora de prevenir dicha violencia, así como de proteger y asistir a las supervivientes.

Aunque varios Estados, agentes no estatales y otras partes interesadas han intensificado sus intervenciones y la asignación de recursos para prevenir y responder a la violencia de género contra las mujeres y las niñas, es necesario un mayor esfuerzo en términos de intervenciones financieras y no financieras para que estos enfoques sean realmente transformadores, especialmente en lo que respecta a la prevención, para evitar que las políticas sigan siendo «ciegas al género», «explotadoras del género» o «neutrales a la raza». Muchas de estas políticas no desglosan los datos en función de las construcciones sociales y raciales que discriminan, marginan, excluyen y violentan a las mujeres y las niñas. Estas políticas deben transformar los sistemas sociales, económicos y políticos imperantes que producen, alimentan y mantienen la desigualdad de género e impulsan la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, mediante una mayor inversión en su educación y desarrollo de habilidades, el acceso a la información, los servicios sociales y los recursos financieros, y el apoyo a la representación y las imágenes positivas en el discurso público y los medios sociales. Colectivamente, tienen que hacer más para desafiar las normas sociales patriarcales y las construcciones de masculinidad, feminidad, racismo y casta que se basan en estereotipos extremadamente dañinos y que pueden causar daños psicológicos, físicos, emocionales y económicos, también para las mujeres de color, incluidas las afrodescendientes. Estos estereotipos impregnan las instituciones estatales, como demuestra la falta de responsabilidad en muchos casos ante los sistemas de justicia y de aplicación de la ley. Los Estados también deben garantizar el acceso a una atención física y mental integral para las sobrevivientes de la violencia de género, como parte de la gama completa de atención a la salud sexual y reproductiva de calidad que debe estar disponible para todos.

Es necesario un esfuerzo colectivo para detener el retroceso de los avances logrados en la erradicación de la violencia contra las mujeres en todo el mundo y para contrarrestar la reacción contra la igualdad de género y los principios de la legislación y la gobernanza basadas en los derechos humanos. Los responsables de estas medidas regresivas suelen empezar por intentar cooptar el sistema de justicia, cambiar o promulgar nuevas leyes y recortar los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, como su libertad de pensamiento, expresión y asociación, su derecho de reunión pacífica, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento y, en particular, sus derechos sexuales y reproductivos. Todos los derechos humanos son inalienables, interdependientes y existen sin jerarquía, a pesar de los esfuerzos de algunos actores por sacrificar algunos de estos derechos a expensas de otros, a menudo en nombre de sus propias normas culturales o religiosas y de su particular percepción de la armonía social.

Las mujeres y las niñas de todo el mundo deben ser escuchadas; sus voces no deben ser silenciadas ni sus experiencias deben pasar desapercibidas. Las mujeres nunca ganarán su dignidad hasta que se protejan sus derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Hay que promover y proteger a toda costa la capacidad de acción y la participación de las mujeres y las niñas en todos los procesos que afectan a sus derechos y a sus vidas. Los Estados deben garantizar y crear un entorno propicio para que las mujeres ejerzan sus libertades fundamentales de expresión, asociación, reunión pacífica y participación pública sin sufrir intimidaciones ni ataques. Los Estados deben ejercer su obligación de diligencia debida y proteger a las defensoras de los derechos humanos, a las activistas y a las organizaciones de mujeres que son regularmente acosadas, intimidadas y sometidas a violencia por defender sus derechos y promover la igualdad. El nivel y la frecuencia de la violencia contra ellas debería hacer saltar la alarma en todas partes. Es, y debe ser, una política pública y una prioridad en materia de derechos humanos.

Si queremos calibrar la salud, la seguridad y la prosperidad subyacentes de una sociedad, todos debemos abordar nuestro deber de participar en el respeto y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. No habrá prosperidad si no se pone fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en la esfera pública como en la privada.

No habrá fin de la violencia contra las mujeres y las niñas si no reconocemos y protegemos la dignidad, los derechos y la seguridad de las mujeres y las niñas en todas partes y en todo momento.

Consultar comunicado aquí.