La pandemia de la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, incluidas las personas con discapacidades psicológicas y sociales. Desde la falta de información hasta estándares inaccesibles de apoyo en salud mental, la discriminación se defiende y mantiene a nivel estructural, impidiendo que los grupos más vulnerables reciban una atención adecuada.

Así lo advierte la organización europea Mental Health Europe (MHE), en un informe de políticas a través del cual pone de relieve la importancia de contar con servicios comunitarios de salud mental que cumplan con los Derechos Humanos, estén disponibles, y sean accesibles, asequibles y de alta calidad.

Tal y como señala MHE, si bien el derecho a la salud y el acceso a la atención médica es un derecho humano básico, la pandemia ha evidenciado las desigualdades existentes. Esta discriminación se defiende y mantiene a nivel estructural (por ej., a través de estándares inaccesibles de apoyo en salud mental, falta de información, etc.) lo que impide que los grupos en situación de marginación y vulnerabilidad social reciban una atención adecuada.

Foto: sora shimazaki Fuente: pexels Fecha descarga: 22/12/2021

Las minorías étnicas, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las personas indocumentadas, las personas sin hogar y aquellas que conviven con realidades socioeconómicas difíciles, son tan solo algunos ejemplos de grupos que tienen más probabilidades de soportar una carga desigual de morbilidad y mortalidad. Ya desde la aparición del coronavirus, numerosas personas, incluidas las personas mayores, personas con mala salud, personas con discapacidades y otras que requerían servicios de atención médica durante aquella época, vivían con el estrés de tener que usar entornos de atención médica ya sobrecargados, una situación que los situaba en mayor riesgo de exposición al nuevo virus.

De acuerdo con este informe, si bien la desinstitucionalización ha sido una prioridad clave en la reforma de los sistemas de salud mental, todavía hay un número considerable de personas con discapacidades psicológicas y sociales que viven en instituciones en toda Europa y carecen de servicios comunitarios. Así, pese a la existencia de algunas reformas, persisten diversas barreras, como la escasa cooperación entre las autoridades sociales y sanitarias, la falta de servicios comunitarios y de cumplimiento de los Derechos Humanos, la transinstitucionalización o la austeridad, entre otras.  

MHE advierte de que, en muchos países occidentales, entre ellos España, “decenas de miles de personas con discapacidad psicológica y social siguen viviendo en instituciones, y poco se hace al respecto”. El impacto de la pandemia ha sido “particularmente duro” en las personas con discapacidades psicológicas y sociales que viven en instituciones y se hace imprescindible una reevaluación rápida de los sistemas de salud mental que dependen del internamiento involuntario en instituciones psiquiátricas y de atención social.

A pesar de que la institucionalización en sí misma constituye una violación de los Derechos Humanos, un informe reciente del Disability Rights Monitor alertaba del modo en que las medidas restrictivas impuestas con motivo de la pandemia exacerbaron las condiciones de las personas que vivían en instituciones psiquiátricas y de atención social. El informe pone de relieve aquí que el mayor número de testimonios que presenciaron la denegación de la atención médica, la prohibición de visitas y la imposición del aislamiento forzado una vez que se confirmó un brote local, provino de los Estados miembros de la UE, entre los que se incluía España, junto con Alemania, Austria y Francia. Asimismo, en línea con las advertencias del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y un estudio reciente de la London School of Economics and Political Science, más allá de sus implicaciones para los Derechos Humanos, la pandemia ha conllevado un mayor riesgo de infecciones y muertes en las instituciones, “planteando así una amenaza fundamental para la salud pública y cuestionando los antiguos enfoques de la asistencia social”.

Es más que evidente el profundo impacto que ha tenido la COVID-19 en los servicios de salud mental en la comunidad, especialmente con el establecimiento de medidas de emergencia sanitaria como el confinamiento obligatorio y el distanciamiento físico; sin embargo, el apoyo y los servicios comunitarios han demostrado una gran flexibilidad para adaptarse a la pandemia, “reinventándose rápidamente, continuando con el apoyo a la recuperación y manteniendo niveles más altos tanto de estándares sanitarios como de dignidad humana”. De hecho, el apoyo de la comunidad y las redes sociales mostraron un alto nivel de resiliencia y estuvieron a la altura del desafío, a pesar de las medidas y circunstancias en constante cambio.

Para MHE, estas realidades prometedoras, en yuxtaposición con los lentos procesos de desinstitucionalización, apuntan a un futuro que se base en la comunidad. Asimismo, lamenta la existencia en el contexto actual, de una dependencia excesiva de las intervenciones biomédicas con una prescripción excesiva de medicamentos como primera y, a menudo, única respuesta”. En este sentido, añade, “los servicios en la comunidad pueden abordar las necesidades de las personas a través de intervenciones personalizadas, y tienen la capacidad de llegar activamente a personas en situaciones vulnerables que, de otra manera, no encontrarían el camino hacia el apoyo adecuado”.

De este modo, el informe indica que los servicios de salud mental basados ​​en la comunidad bajo el enfoque de los DDHH, deben incluir el derecho a vivir en la comunidad, libre de cualquier medida coercitiva, a acceder a la justicia y buscar asistencia legal, así como la importancia del consentimiento y la participación o el derecho a tomar cualquier decisión legal. Cuando sea necesario, la toma de decisiones con apoyo debe estar disponible para acompañar a las personas a la hora de tomar cualquier decisión sobre asuntos legales (se incluye aquí la decisión de autoadmisión en los servicios hospitalarios).

Este enfoque en los Derechos Humanos se convierte en una herramienta central para muchas organizaciones de derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo que abogan por el cambio, incluidas las personas con discapacidades psicológicas y problemas de salud mental. En línea con lo expresado por el Comisionado de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, MHE manifiesta la relevancia de que los Derechos Humanos constituyan la brújula que oriente y de forma a unos servicios de salud mental comunitarios, que estén disponibles, y sean accesibles, asequibles y de alta calidad.

Recuerda también que mientras que “los sistemas legales continúen tolerando la toma de decisiones sustituida o la segregación en las instituciones”, no será posible una atención a la salud mental que realmente respete la autonomía, la dignidad, la voluntad y las preferencias de los usuarios y las usuarias del servicio. Asimismo, añade, “sin el consentimiento libre e informado de la persona, consagrado en la defensa de la capacidad jurídica, los servicios comunitarios de salud mental no cumplirán con los Derechos Humanos”.

El informe señala que la amplia gama de prácticas en Europa y en todo el mundo demuestra que es posible desarrollar servicios comunitarios basados en los Derechos Humanos, que sitúen a la persona en el centro de toda la toma de decisiones, que respeten los derechos y promuevan la inclusión, y que no excluyan, aíslen ni recurran a la coerción. Esto debería inspirar a los responsables de la formulación de políticas a ampliar las iniciativas prometedoras y a desarrollar estos servicios en sus países, haciendo “que sean la norma y no la excepción”.

Se puede acceder al informe desde la página Web de MHE o bien directamente a través del siguiente enlace:

Policy brief. Human Rights and Mental Health 

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