La importancia de la prevención de la salud mental en personas con discapacidad intelectual y sus familias

3 Oct 2022

“Existe evidencia de que las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (en adelante PDID) tienen una mayor probabilidad que la población general de presentar, a lo largo de su vida, alteraciones de la salud mental y/o de la conducta. También sabemos que estas alteraciones generan en muchas ocasiones una gran dificultad en las personas y en sus familias a la hora de tener una calidad de vida suficientemente buena y de participar en su comunidad”. Así da comienzo el informe Salud mental para todos y todas, realizado por el grupo de reflexión de Plena Inclusión, en el que se abordan los obstáculos que las familias con personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo encuentran a la hora de acceder a servicios de salud preventivos en materia de salud mental.

La prevención de problemas de salud mental en este grupo es crítica, según señalan los autores del documento. Sin embargo, tanto en la primera infancia como en la niñez o adolescencia, la atención sanitaria deja de lado los problemas socioemocionales de los menores o sus familias.

El documento tiene como objetivo realizar un análisis de la situación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, desde el prisma de la salud mental, así como la de las personas con grandes necesidades de apoyo, que es un grupo frecuentemente excluido del acceso a recursos normalizados en este ámbito.

Según se indica en el informe, los servicios de atención a primera infancia (de 0 a 5 años) presentan algunas importantes carencias, tales como la falta de tiempo en las evaluaciones e infravaloración de la importancia de la detección de problemas conductuales del menor, ausencia de protocolos de evaluación de necesidades socioemocionales, amplio tiempo entre revisiones, ausencia de cribado homogéneo en la identificación de niños y niñas con trastorno del espectro del autismo, problemas en la detección de retraso en el desarrollo o alteraciones conductuales si el menor ha recibido un diagnóstico previo de discapacidad intelectual, falta de información y asesoramiento a las familias para poder acompañar a sus hijos, así como falta de herramientas de evaluación y de criterios consensuados para establecer el inicio de la intervención.

Durante la niñez (6-13 años), “las dificultades en la detección temprana de los problemas de salud mental dejan paso a otras cuestiones vinculadas con los cambios psicológicos, biológicos y sociales propios del fin de la infancia e inicio de la adolescencia”. De forma que, a pesar de que esta etapa es clave en la prevención de problemas de salud mental y que se reconoce que los niños y niñas con PDID tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de acoso escolar, “en esta etapa comienza a ponerse de manifiesto la escasez de redes sociales de apoyo dirigidas tanto a las PDID como a sus familias”.

En la adolescencia, los problemas socioemocionales de los menores se hacen aún más patentes con el agravante de que muchas PDID tienen menos posibilidades de tener un grupo de referencia, en una etapa que es esencial este sentimiento de pertenencia a un grupo. En este periodo las familias reclaman oportunidades para poder disfrutar de un ocio de calidad (las PDID no suelen contar con opciones de ocio adaptadas a sus necesidades) y una mejor formación en PDID por parte de los profesionales sanitarios, los técnicos sociales y el profesorado. “El sistema educativo, en la etapa de secundaria obliga a los adolescentes a estar cada vez más “quietos”, lo que condiciona las oportunidades de participación y de aprendizaje significativos”, señala el documento.

De acuerdo con esta situación, el grupo de reflexión de Plena Inclusión, considera que la intervención desde un enfoque escalonado, “organizado en diferentes niveles de intensidad de apoyo, podría dar respuesta tanto a la prevención como al abordaje de dificultades socioemocionales y desafíos en la conducta en niños, jóvenes y sus familias” y que “este marco debería formar parte de una estrategia nacional e incluir la necesidad de desarrollar estrategias regionales que tenga en cuenta los elementos clave identificados, a todos los ámbitos implicados”.

Asimismo, establece las siguientes recomendaciones:

  • La creación de sistemas de detección compartidos.
  • El reforzamiento de los servicios de apoyos comunitarios y personalizados.
  • El acompañamiento de los menores durante las transiciones del ciclo vital.
  • La implementación real de protocolos de colaboración y cooperación intersectorial.
  • La intervención desde un enfoque centrado en la familia.

Se puede acceder a la guía en el siguiente enlace:

Salud mental para todos y todas. Una estrategia preventiva infanto-juvenil incluyendo las necesidades de la población con discapacidad intelectual y/o del desarrollo

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