Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, promovida por el Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, se celebró el pasado 24 de noviembre la Mesa Redonda: Violencia Estructural: Género e Igualdad, en la que intervinieron Esperanza Bosch Fiol, directora del Máster Universitario Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género de la Universidad de les Illes Balears y Almudena Fontecha López, secretaria para la Igualdad de UGT. La coordinación de la misma estuvo a cargo de Rosa Mª Redondo Granado, vocal de la Junta de Gobierno del COP y responsable del Grupo de Trabajo de Psicología e Igualdad de Género.

Tras las intervenciones de las ponentes y un posterior turno de intervención abierta de los asistentes, es posible extraer las cuestiones principales y algunas conclusiones para la reflexión.

La violencia de género es un problema social de primer orden que no está resuelto en ningún país del mundo, ni siquiera en los más desarrollados en cuanto a políticas de igualdad.

La violencia de género viola los Derechos Humanos, así pues, no es una problemática aislada que forma parte de la esfera privada, atenta contra los Derechos Humanos de la mitad de la población (derechos que el Estado Español se compromete a garantizar como firmante de la declaración de la CEDAW -Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer-).

Situándonos en la actualidad la pregunta planteada por la primera ponente, Esperanza Bosch es: ¿Por qué? ¿En nombre de qué se realiza algo semejante? ¿Qué tienen en común todas las culturas y sociedades para que en todas se ejerza la violencia contra las mujeres? Concluía que aquello que tienen en común todos los ejercicios de violencia contra las mujeres es el machismo, de modo que no es una cuestión particular, sino social, de cultura patriarcal.

Revisando los modelos con los que se ha tratado de explicar esta problemática a lo largo de la historia identificaba unos como reduccionistas o unicausales (aquellos que atribuyen causas más individuales tales como el alcohol, sumisión etc.) que ya no se utilizan pero dejaron sesgos explicativos muy importantes y otros centrados en un tipo de maltrato o cultura específica (sistémicos o ecológicos). Proponía pues la necesidad de utilizar modelos interculturales, a nivel global, en la búsqueda de un elemento común: la sociedad patriarcal de convivencia y el pensamiento misógino que la sustenta, (dónde el patriarcado tendría un papel central), aunque no sólo deben ser modelos de corte sociológicos los que expliquen el origen de la violencia puesto que la psicología tiene y debe tener un papel importante contribuyendo a explicar también la generación y mantenimiento de los comportamientos violentos y agresivos.

Por otro lado, Almudena Fontecha, expuso que el empleo en nuestra sociedad no es sólo la puerta para acceder a una independencia económica sino también a derechos básicos (pensión, jubilación, etc.). Antes del inicio de la actual crisis ya se planteaba que se necesitarían 475 años para que hombres y mujeres se igualaran en el mercado laboral, y ese dato es relevante puesto que el índice de progreso de un país viene medido también por el lugar que ocupan las mujeres, siendo por tanto un índice de bienestar social.

En el campo laboral las desigualdades son manifiestas, las mujeres actualmente están más formadas y cuando acceden al mercado laboral suelen ocupar un cargo de inferior categoría al de su formación y siguen cobrando menos. Los datos nos indican que el 40% de las mujeres empleadas ganan un 30% menos que sus compañeros hombres. En este caso, se trataría de reivindicar igual salario por trabajos de igual valor. Desgraciadamente, incluso las medidas que se promueven para conciliar la vida laboral y familiar son a menudo utilizadas por el sistema para penalizar aquellas personas supuestamente beneficiadas (las mujeres), considerándolas sobreprotegidas y más costosas para el empresario. Las desigualdades en el ámbito laboral no sólo son problemas derivados de la situación económica sino de un interés específico para mantener la diferenciación entre hombres y mujeres, basándose en dos supuestos: la desigualdad como elemento de competitividad y todo lo que tiene que ver con la conciliación, que se contempla como la excusa ideal para no contratar a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado.

En todos los ámbitos, la manifestación más atroz de la desigualdad entre hombres y mujeres es la violencia de género, suponiendo un problema de salud pública, según la declaración de la OMS.

En lo que respecta a la intervención se plantea, por un lado, que la discriminación y desigualdad la sufrimos todas las personas, es social, no sólo de las mujeres, y es importante recalcar el papel de los hombres tanto en la lucha contra la violencia como en la consecución de la igualdad. Por otro lado, se destaca que en el proceso de recuperación de las mujeres que han sufrido violencia, el empoderamiento es un elemento clave, pero que también será necesario poder dar a estas mujeres espacios y herramientas para el análisis de su realidad y vivencias.

Como conclusiones a nivel específico se señaló que el trabajo a realizar desde los y las profesionales de la psicología debe ser valorado como básico para la atención de esta problemática, y es absolutamente imprescindible que incorpore la perspectiva de género en su formación básica y específica, así como poder disponer de espacios de supervisión y cuidado del o la profesional interviniente.

A un nivel más global, y como conclusión, señalar que la desigualdad es un problema económico e ideológico, que afecta a la salud, atenta contra los derechos humanos en todas las sociedades y que la lucha contra esta desigualdad y su máxima consecuencia, que es la violencia de género, debe estar en la agenda política de todos los grupos políticos y de todos los gobiernos, dado el carácter público y dramático de la problemática.

Finalmente, denunciamos además que en la situación de crisis actual se detecta un retroceso en los derechos sociales y laborales adquiridos por las mujeres, sustentado no sólo por cuestiones de índole económica, sino ideológicas absolutamente inadmisibles que atentan contra la igualdad de las mujeres.