El día 30 de noviembre, el área de Intervención Psicológica en Emergencias del Consejo General de la Psicología, representada por Dolores Escalante, celebró en Madrid una reunión con la Dirección General de Protección Civil, con las psicólogas responsables de esta entidad, Elena Puertas e Isabel Vera.

El objetivo de esta reunión fue desarrollar sinergias y plantear acciones conjuntas para llevar a cabo entre ambas entidades.

La reunión fue muy fructífera y enriquecedora, dado que ambas entidades mostraron el mismo interés y compartieron el mismo posicionamiento en cuanto a las acciones a seguir para conseguir que profesionales de Psicología de Emergencias tengan el lugar que les corresponde y que tanto demanda la ciudadanía.

Un objetivo acordado fue trabajar para que, en todo el territorio español, la asistencia psicológica en emergencias se ofrezca en similares condiciones y no discrimine a la ciudadanía en función de su lugar de residencia, dado que, en la actualidad, hay C.C.A.A. que no tienen este recurso o que las condiciones en que se presta la asistencia psicológica es en condiciones muy precarias.

Un objetivo a medio plazo es conseguir que se creen plazas fijas para profesionales de la Psicología en todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que gestionen la emergencia, al igual que ocurre con otros colectivos.

La Ley de Protección Civil del 2015, recoge como Derecho de la ciudadanía la asistencia psicológica en estas situaciones, sin embargo no se está atendiendo este Derecho, ya que no se ha desarrollado ninguna normativa que articule los recursos necesarios para poder implementar esta necesidad y cumplir con lo que recoge dicha Ley.

Para poder seguir trabajando conjuntamente, se establecieron acuerdos para próximas reuniones, entre los que se acordaron: organizar reuniones con otras instituciones relacionadas con las emergencias, así como seminarios conjuntos para seguir sensibilizando a las instituciones sobre la labor imprescindible de la Psicología de las Emergencias, no solo durante una emergencia, sino también llevando a cabo acciones preventivas formativas a todo el personal interviniente en la emergencia y a toda la ciudadanía en general.

Para poder recoger todas estas acciones conjuntas ambas instituciones consideraron la necesidad de firmar un convenio de colaboración.