La irrupción de la COVID-19 ha afectado la vida de casi todas las personas. La aparición del virus SARS-CoV-2 provocó, en un primer momento, que todos los países aplicasen medidas restrictivas, entre ellas, el distanciamiento físico y la imposición de confinamientos a nivel nacional, para limitar la propagación del virus y garantizar que los servicios de salud no se viesen abrumados por las demandas relacionadas con la enfermedad. La pandemia ha ampliado las brechas socioeconómicas y ha cambiado las prioridades políticas a nivel mundial. Asimismo, las consecuencias para la salud mental y física y los efectos sociales y económicos de la pandemia, junto con las medidas adoptadas para combatirla, han afectado más a las comunidades vulnerables y marginadas, incluidas las personas que viven en prisiones y otros lugares de detención. Con esta introducción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presenta un informe a través del cual recoge las distintas políticas y prácticas relacionadas con la salud que se implementaron dentro de las prisiones y otros lugares de detención desde el inicio de la pandemia. |  | Foto: Ron Lach Fuente: pexels Fecha descarga: 06/05/2022 |
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Está pensado como un recurso para los responsables de la formulación de políticas, los responsables de gestión penitenciaria y los profesionales de la salud en las prisiones, destacando la preparación, la capacidad de respuesta, la evaluación de riesgos, la mitigación de riesgos y la gestión de casos de COVID-19 dentro de las prisiones, con la finalidad de facilitar el aprendizaje de las experiencias de otros, crear un diálogo entre los y las profesionales y mejorar la preparación y la respuesta al COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en las prisiones. El documento presenta una selección de buenas prácticas de atención en las prisiones basadas en la evidencia, implementadas en diversos países y regiones, en función de seis criterios específicos que contienen una serie de recomendaciones, entre ellas, las siguientes: 1. Derechos humanos y alternativas al encarcelamiento Las medidas no privativas de la libertad deben aplicarse en todas las etapas de la administración de Justicia Penal. Cuando se apliquen restricciones en la comunidad en general y en las cárceles, las autoridades deben trabajar para mantener la comunicación entre las personas recluidas en centros penitenciarios y sus familias a través de cualquier medio de comunicación, preferiblemente audiovisual. La pandemia de la COVID-19 no debe utilizarse para justificar el cese de la inspección externa de las prisiones y otros lugares de detención.
2. Preparación, planes de contingencia y nivel de riesgo Es clave desarrollar un plan de acción multisectorial basado en la evaluación de riesgos y que esté integrado en los planes nacionales. Dichos planes deben plantear la anticipación de contingencias, e incluir la vigilancia, los procedimientos de detección, el manejo de casos, o el personal y los recursos disponibles, entre otros aspectos. Los planes deben publicarse para garantizar que sean conocidos por todos.
3. Formación y educación Es esencial que las personas que viven en las cárceles participen en actividades de sensibilización para que estén bien informadas y puedan comprender las restricciones impuestas con el fin de combatir la pandemia de la COVID-19. La formación sobre el conocimiento básico de la COVID-19, incluidos los patógenos, la vía de transmisión, las señales y la progresión clínica de la enfermedad, debe estar disponible para todo el personal penitenciario. La formación para todo el personal laboral y las personas que viven en las prisiones también debe cubrir las medidas de prevención ambiental y protección que pueden evitar la propagación de la enfermedad. Las herramientas de comunicación deben tener en cuenta las barreras del idioma y las posibles discapacidades intelectuales de los grupos objetivo. A modo de ejemplo, en España, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha desarrollado un programa multidisciplinar dirigido a incrementar la autoconciencia sobre los riesgos de la reutilización de drogas entre las personas que viven en centros penitenciarios. Los principales objetivos del programa incluyen sensibilizar a las personas que viven en prisiones y sus familias sobre la pérdida de tolerancia al consumo de drogas y la posible sobredosis, brindar apoyo técnico al personal de atención sanitaria y permitir un enfoque colaborativo entre los profesionales de la salud y de la seguridad y los profesionales de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en las cárceles. Asimismo, se han llevado a cabo talleres para familiarizar a las personas que viven en prisiones con los recursos de tratamiento disponibles y las intervenciones de prevención de recaídas y para motivarlos a utilizarlos.
4. Comunicación de riesgos Deben desarrollarse recursos que tengan en cuenta las posibles barreras idiomáticas y culturales para que los mensajes clave se comuniquen de manera clara, precisa y pertinente a las personas que viven en las cárceles, el personal y los visitantes. Dichos recursos deben cubrir medidas preventivas y señales y síntomas de enfermedades, incluidas las señales de advertencia de enfermedades graves que requieren atención médica inmediata. En Ghana, por ejemplo, el Servicio Penitenciario ha formado un equipo de respuesta rápida para la COVID-19 orientado a incrementar la concienciación y la comunicación de riesgos en los centros penitenciarios, brindar apoyo psicológico y social y lograr la reducción del estigma.
5. Medidas preventivas Las autoridades responsables de la gestión penitenciaria deben garantizar que todo el personal laboral y las personas que viven en las cárceles y otros lugares de detención tengan un conocimiento integral de las estrategias de prevención de la COVID-19. Debe garantizarse la disponibilidad de los recursos necesarios (materiales, humanos
), para implementar una estrategia de prevención integral. Se deben realizar evaluaciones de riesgos en cada entrada a la prisión o centro de detención. Es necesaria la creación de espacios para las cuarentenas así como para aquellas personas más vulnerables. Los traslados entre prisiones deben reducirse al mínimo y han de brindarse medios alternativos de comunicación, tanto con amigos y familiares como con proveedores de atención médica externos (telesalud). Las autoridades también deben tener en cuenta que las medidas restrictivas aplicadas en los centros penitenciarios durante la pandemia pueden tener consecuencias psicológicas y conductuales para las personas en las cárceles, siendo recomendable aplicar medidas de mitigación para asegurar su bienestar mental. Países como Reino Unido, Kazajistán o la República de Moldavia han llevado a cabo medidas para garantizar la salud mental de las personas recluidas en prisiones, implementado un servicio de atención telefónica y de videollamadas en los centros penitenciarios para brindar, entre otros aspectos, asistencia psicológica. Asimismo, en Azerbaiyán, con el fin de hacer frente a los efectos psicológicos derivados de la limitación de visitas y mantener el bienestar mental de las personas que viven en las cárceles, se han puesto a disposición sesiones de apoyo psicológico.
6. Gestión de casos Es recomendable que la gestión de casos se alinee con la guía nacional actualizada para entornos comunitarios y de atención primaria de la OMS. Se debe desarrollar un sistema de vigilancia penitenciaria integrado al sistema de vigilancia epidemiológica local/nacional. Debe crearse un espacio para el aislamiento de los casos y desarrollarse procedimientos para garantizar la observación sanitaria. Deben desarrollarse protocolos para la transferencia de casos graves a atención especializada cuando sea necesario. Deben establecerse mecanismos intersectoriales para que no se rompa el aislamiento al momento de la liberación.
Tal y como señala la OMS, este informe de buenas prácticas proporciona evidencia importante sobre la practicidad y aplicabilidad de la guía de la Organización Mundial sobre preparación, prevención y control de COVID-19 en centros penitenciarios y otros lugares de detención. Demuestra que la creación de asociaciones y la aplicación de enfoques innovadores brindan resultados positivos en la lucha no solo contra el COVID-19 sino también contra enfermedades transmisibles similares. Las prácticas también arrojan luz sobre la urgencia y relevancia de abordar las brechas y desafíos de salud dentro de las prisiones y otros lugares de detención y resaltan la importancia de abordar la salud penitenciaria como parte integral de la salud pública. Se puede acceder al documento desde la página Web de la OMS o bien directamente aquí: Good practices in managing infectious diseases in prison settings: a snapshot of responses to COVID-19 implemented around the globe between May and September 2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO |