La Educación Emocional en el ámbito educativo: prioritaria para cuidar la salud mental, según un informe

1 Jul 2022

“Nos encontramos ante un panorama muy preocupante: por destacar algunos datos, la fiscalía general del Estado, en su Memoria de 2021 (Ejercicio 2020), ha señalado el incremento del ciberacoso en el periodo de confinamiento, la Asociación Americana de Pediatría ya ha establecido una relación muy clara entre el acoso escolar y el suicidio infantil y la OMS estima que aproximadamente entre el 5-15% de la población infantil presenta trastornos psicológicos.”

Así lo advierte la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en su último informe sobre Derechos Humanos en Salud Mental, un documento a través del cual aborda el estado actual de los Derechos de las personas con problemas de salud mental en nuestro país, recogiendo sus vulneraciones, logros y avances y estableciendo una serie de recomendaciones en este ámbito de la salud, todo ello, en base a una serie de artículos incluidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad.

Foto: RODNAE productions Fuente: pexels Fecha descarga: 30/06/2022

A continuación, recogemos las principales conclusiones del informe:

  • Si bien es un gran paso la voluntad política de abordar los problemas relacionados con la salud mental, a día de hoy sigue sin ser suficiente la dotación económica de la Estrategia de Salud Mental y del Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental. En este punto, el informe recuerda que “todo el presupuesto que se asigne al bienestar y a la salud mental no es un gasto sino una poderosa inversión de cara al futuro”.

  • El informe deplora que se haya cumplido la previsión de que los problemas de salud mental iban a ser una de las mayores consecuencias de la pandemia a enfrentar en 2021, apareciendo, incluso, “nuevas vertientes de la problemática”, como la fatiga pandémica.

    A este respecto, los datos señalan que durante el año 2020 los problemas de ansiedad y depresión se incrementaron en 129 millones, lo que supone un aumento del 25%. De acuerdo con el CIS, las personas jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, especialmente, con discapacidad psicológica y social, son los grupos de población que más han visto afectada su salud mental a lo largo de este año.

    También durante 2020, se registró en España un incremento exponencial en el consumo de ansiolíticos. De acuerdo con los autores del informe, el problema es que, “a la hora de encabezar estadísticas en el ámbito europeo en cuanto a la atención terapéutica, España no ocupa esos primeros puestos”. En este sentido, lamentan que sólo haya en nuestro país seis profesionales de la Psicología por cada 100.000 habitantes (mientras que la media en los países de la OCDE es de 18 por cada cien mil), así como la falta de psicoterapeutas en atención primaria. Esta situación, afirman, “ha provocado el aumento de las consultas privadas, a las que solo pueden asistir quienes tienen capacidad económica para sufragarlas, dejando a su suerte al alto porcentaje de población que no se puede permitir, económicamente, hacer frente a la atención que necesitan”.

  • Atendiendo al informe anual del Defensor del Pueblo, donde revela “importantes carencias en la atención a la salud mental”, SALUD MENTAL ESPAÑA insta a adoptar medidas transversales y desde una perspectiva de género que garanticen una atención pública y universal de la salud mental, así como un modelo de atención comunitario, personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona.

  • La pandemia de la COVID-19 ha contribuido a empeorar la situación económica de muchas personas y, consecuentemente, su salud mental. Las cifras muestran que un 53% de la población trabajadora percibe un empeoramiento en su salud mental, una tasa diez puntos superior entre quienes presentan problemas para cubrir sus necesidades básicas. Según los datos, las personas con ingresos bajos tienen hasta tres veces más posibilidades de sufrir ansiedad y depresión que aquellas con ingresos altos.

  • Sólo un 16% de las personas con discapacidad psicológica y social accede al mercado laboral, una situación de exclusión que lleva a situaciones de pobreza que dificultan la recuperación, ya que el desempleo no es solo factor causante de problemas de salud mental, sino también “responsable de su empeoramiento”, cuando ya existían previamente.

  • A la elevada tasa de desempleo que sufren las personas con problemas de salud mental, se suman las barreras de acceso al empleo a las que deben enfrentarse las mujeres por el hecho de serlo. Estas circunstancias “dificultan la autonomía de las mujeres con trastorno mental y las obliga a vivir en una situación de mayor aislamiento y desprotección”. A este respecto, el informe resalta la importancia de un mercado laboral “orientado a la conciliación, adaptado a la diversidad, no sexista y respetuoso con la salud mental”.

  • Se ha incrementado la vulneración de derechos en las residencias psiquiátricas durante la pandemia, aplicándose limitaciones injustificadas en los derechos de las personas, como, por ejemplo, “restricciones a la movilidad y a recibir visitas o comunicarse vía telefónica con sus familiares, aplicación de castigos o sanciones y ausencia de perspectiva terapéutica”.

    A este respecto, la Confederación lamenta en su informe que aún no hoy día no se ha logrado erradicar de nuestra sociedad el estigma “que ha acompañado y sigue acompañando al colectivo de personas con problemas de salud mental”.

  • Es trascendental incorporar un análisis de género para mejorar la efectividad de las intervenciones en materia de salud. Tal y como indica el informe, “los esfuerzos para abordar la pandemia no deben poner en peligro los frágiles avances que se han logrado en materia de igualdad de género”. A este respecto, pone de relieve la importancia de una respuesta política “que construya sociedades más igualitarias y resilientes para el futuro”, priorizando para ello la recopilación de datos desglosados por sexo, en aras de garantizar los derechos de las mujeres.

  • Teniendo en cuenta que “las violencias que sufren las personas con discapacidad están muy invisibilizadas”, la Confederación resalta la importancia de emprender más investigaciones relativas a la cifra de personas que se vieron afectadas por las esterilizaciones forzadas hasta la prohibición de esta práctica en diciembre de 2020.

  • La salud mental de niños, niñas y adolescentes se ha visto especialmente afectada por las medidas restrictivas implementadas desde el inicio de la pandemia, tales como la privación del movimiento y la estimulación sensorial necesaria, unido a ello, en muchos casos las pérdidas de algún o algunos familiares, el miedo y la incertidumbre.

    Durante el confinamiento, los y las adolescentes interaccionaron principalmente a través de redes sociales, lo que provocó diversas consecuencias, entre las que destaca la aparición de graves problemas como el acoso escolar y el ciberacoso.

    Los datos de la OMS estiman que, aproximadamente, entre el 5-15% de la población infantil “presenta problemas psicológicos que afectan a su vida social, y reducen sus oportunidades educativas, vocacionales y profesionales”. Considerando la continuidad existente entre los problemas de salud mental durante la infancia y posteriormente en la edad adulta, la Confederación pone de relieve la trascendencia de intervenir y prevenir desde edades más tempranas, con el fin de lograr el bienestar emocional de los y las menores y una buena salud mental en la vida adulta, destacando aquí el papel clave que puede desempeñar la educación emocional en los centros educativos.

    En este sentido, recomienda desarrollar las capacidades de gestión emocional de los alumnos y alumnas, y fomentar la formación preceptiva a las y los docentes sobre métodos para prevenir, detectar y atajar el acoso escolar.

  • Actualmente 11 millones de personas viven en España en situaciones de exclusión social, esto es, 2,5 millones más que en 2018. De ellas, más de 6 millones se encuentra en situación de exclusión severa. Se observa “un empeoramiento ostensible, tanto en el bienestar y en la exposición a la dependencia, como en la falta de capacidad económica para afrontar las necesidades médicas”. De este modo, la crisis social ha impactado en la capacidad de las familias para hacer frente a tratamientos a causa de las dificultades económicas. A esto se añaden factores como la brecha digital, la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo o el lugar de origen (población de origen inmigrante).

    De forma específica, la salud mental de personas refugiadas y migrantes se ha visto impactada de forma considerable por la pandemia, agudizándose este impacto por el “‘sinhogarismo’ o la permanencia en alojamientos inseguros”. Para hacer frente a esta situación, SALUD MENTAL ESPAÑA considera necesario que los servicios sean adecuados y accesibles siendo prioritario el diseño de políticas inclusivas y basadas en la evidencia que garanticen, no solo la cobertura sanitaria universal, sino también “oportunidades de empleo, vivienda digna y redes de colaboración y participación social para la población migrante y refugiada”.

  • La exposición “masiva y continuada” a la información que han difundido los medios de comunicación y redes sociales desde la aparición de la COVID-19 ha producido un efecto negativo sobre la salud mental de las personas. En este sentido, la sobreexposición a información poco fiable o centrada únicamente en aspectos negativos, puede conllevar problemas de salud mental, tales como depresión o ansiedad.

  • Con respecto al suicidio, según la OMS, unas 800.000 personas se suicidan cada año. Concretamente, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que, en 2020, murieron en nuestro país 3.941 personas por suicidio, un 7,4% más que en 2019, convirtiéndose en la principal causa externa de muerte y duplicando a los decesos por accidentes de tráfico. En este punto, el informe recoge un testimonio que pone de relieve la escasez de psicólogos en la sanidad pública y la incongruencia en la premura de atención urgente en el caso de problemas físicos y de salud mental, estos últimos con largas listas de espera.

  • CERMI y SALUD MENTAL ESPAÑA exigen la paralización del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, dado que “responde a un modelo absolutamente biologicista en salud mental”, y supone un atentado contra los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental, vulnerando diversos artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que los países que la han ratificado, entre ellos España, están obligados a cumplir. El informe resalta la necesidad de desarrollar medidas alternativas desde un enfoque de derechos humanos, para poner fin a la coerción en el ámbito de la salud mental.

  • Con respecto a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la Confederación subraya en su informe la relevancia de crear una red de figuras de apoyo lo suficientemente amplia como para posibilitar una intervención adaptada a las necesidades y circunstancias concretas de la persona en cada momento, “más allá de la nueva regulación de figuras tradicionales como la curatela, el defensor judicial o la guarda de hecho”. En palabras de los autores de este informe, para “superar el modelo biomédico” se requiere, entre otros aspectos, “la incorporación de nuevas figuras como agentes de apoyo mutuo, profesionales de la Psicología o cualquier otra que contribuya a prevenir situaciones límite y el recurso abusivo a los psicofármacos”, una recomendación en línea con la implantación de un modelo comunitario de atención a la salud mental, “cuya carencia ha estado en el origen de muchas de las denominadas ‘incapacitaciones’”.

  • Las personas consideradas como más vulnerables –entre ellas, aquellas con problemas de salud mental o personas con discapacidad psicológica y social- tienen restringida la posibilidad de controlar de manera individual todos los ámbitos de su vida, detectándose, a este respecto, cómo los recursos se han adaptado al sistema y a las instituciones, pero no a la persona. De acuerdo con el informe, esta situación en la que prima la idea de incapacidad sobre la de competencia, talento y aptitud, “perjudica a la persona generando dependencia familiar, aislamiento y segregación”.

    Por lo tanto, desde la perspectiva del empoderamiento y la recuperación, es prioritario fomentar su participación en la toma de decisiones en todos aquellos asuntos que les conciernen. La Asistencia Personal ha evidenciado ser un recurso óptimo en este sentido. En la misma línea, resulta igual de importante el “apoyo de pares”, una metodología que, en palabras de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, resulta “eficaz para ayudar a las personas que experimentan trastornos emocionales severos y prevenir la coacción en los servicios de salud mental, además de proporcionarles apoyo en la comunidad”.

Se puede acceder al informe desde la página Web de SALUD MENTAL ESPAÑA o bien directamente aquí:

Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental, 2021 

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