Mental Health Europe (MHE), a través del Grupo de Expertos Europeos sobre la Transición de la Atención Institucional a la Atención Basada en la Comunidad, ha mostrado su preocupación por la falta de fondos destinados hacia la inclusión social de los colectivos más afectados por la pandemia. Por este motivo, acaba de realizar un llamamiento urgente para que los Estados miembros inviertan en medidas que aseguren la inclusión social y una respuesta a la pandemia económica y socialmente justa para todos.

Según la hoja de ruta planteada por la Comisión Europea, y de acuerdo con el comunicado publicado por este grupo de expertos, la reforma de la atención institucional y la inversión en servicios de atención basados en la comunidad están en peligro de quedarse fuera del plan de respuestas frente a la pandemia.

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Two Dreamers Fecha descarga: 20/01/2021

La inclusión social y la protección de los grupos vulnerables constituye pilar fundamental de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UNCRPD), por lo que no ofrecer respuestas adecuadas a estas personas supondría una clara violación de los valores fundamentales, según los expertos

A continuación se reproduce el comunicado publicado por MHE:

La UE debe dar prioridad a la inclusión social en su recuperación de COVID-19

Llamamiento urgente para que se establezcan objetivos y salvaguardias para las inversiones en la inclusión social y el paso del apoyo institucional al comunitario

Al Grupo Europeo de Expertos sobre la transición de la atención institucional a la atención de base comunitaria (en adelante, el "GEE") le preocupa que los fondos de recuperación de la UE y el proceso de adaptación del Semestre Europeo no basten para lograr la inclusión social de los más afectados por la pandemia. Al centrarse en la recuperación económica, incluido el mercado de trabajo posterior a la pandemia, se corre el riesgo de dejar atrás a los más afectados. El EEG insta a la UE a que invierta en la inclusión social y en reformas económicas y sociales justas.

El 17 de septiembre de 2020, la Comisión Europea publicó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible (ASGS) para 2021. En años anteriores, la ASGS fue la guía para el proceso del Semestre Europeo. Este año, la Comisión Europea lanzó un nuevo instrumento junto con la ASGS: el Fondo para la Recuperación y la Resistencia (FRR).

Tras un período de estancamiento económico, el objetivo de invertir en la recuperación económica parece bueno. El 37% de la inversión también se hará en la "transición verde" y el 20% estimulará la "economía digital". Sin embargo, lo que falta son objetivos de inversión en inclusión social o mecanismos de protección para evitar, por ejemplo, las inversiones en centros de atención institucional. Esto no es coherente con el compromiso de la UE con el proceso de desinstitucionalización de los últimos años. En 2013, la UE introdujo una condicionalidad ex-ante sobre la inclusión social 9.1. en el ESIF para el período de programación 2014-2020, con una prioridad de inversión dedicada a la transición de la asistencia institucional a la de base comunitaria. Este compromiso se ha reafirmado aún más con la introducción de condiciones habilitantes en el proyecto de Reglamento de Disposiciones Comunes (RCC) para el período de programación 2021-2027 y con la identificación de la desinstitucionalización entre las prioridades de inversión en la financiación de la Política de Cohesión 2021-2027 en los informes de los países de 2019 (anexo D).

Sin embargo, al no existir un criterio de este tipo para el FRR, existe un claro peligro de que se pase por alto la inclusión y protección social, e incluso de que los fondos contribuyan directamente a la segregación. Algunos pueden considerar que el acondicionamiento o la renovación de las "instituciones de atención" es adecuado en el marco de la "transición verde" y recibir financiación de la Unión Europea. El daño resultante para la vida y los derechos de las personas sería una clara violación de los valores fundamentales de la UE.

Si bien el texto rector del FRR hace referencia al pilar social de la UE como una brújula, no existen salvaguardias sólidas que garanticen que todas las inversiones se ajusten al pilar o a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El seguimiento del proceso también será difícil, porque a diferencia de los Informes de País en el proceso del Semestre Europeo, los Estados miembros pueden ahora decidir libremente si hacen públicos o no sus Planes Nacionales de Recuperación y Resistencia (PNRR). Además, se fomenta la participación de la sociedad civil, pero no se aplica el principio de asociación.

Aunque el Semestre Europeo siguió siendo en gran medida un instrumento económico/presupuestario, que también permitió la austeridad en el sector social, el EEG y otras ONG del sector trabajaron con ahínco para alentar a la UE a hacer el Semestre Europeo "más social" a lo largo de los años y con un éxito moderado.

Aunque el establecimiento del FRR está menos centrado en un presupuesto equilibrado que el semestre original, parece que tiene como objetivo eliminar una vez más los objetivos y salvaguardias para las inversiones en la inclusión social y el proceso de desinstitucionalización. Sin embargo, según las conclusiones de los miembros del EEG, las personas más susceptibles a la exclusión social, incluidos los niños y adultos con discapacidad y sus familias y los niños en el sistema de atención alternativa, han sido duramente golpeados por la pandemia. Las instituciones se han convertido en focos de infección e incapaces de prestar un apoyo adecuado a los adultos y niños, incluida su participación en la educación a distancia, además de ser incompatibles con las obligaciones de los Estados miembros en virtud del derecho internacional y de la Unión Europea.

Además, durante la pandemia, muchos servicios sociales se enfrentaron a importantes desafíos, como el aumento de los gastos en paralelo a la inestabilidad o la disminución de la financiación, y la escasez de personal, que pusieron en peligro la continuidad y la sostenibilidad del apoyo. Es necesario que el FRR responda a esos desafíos y ofrezca garantías para asegurar el acceso a los servicios centrados en la persona y el empoderamiento en la comunidad, de conformidad con los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y el pilar europeo de derechos sociales. Por lo tanto, toda inversión razonable debe canalizarse hacia el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios basados en la familia y la comunidad, incluidos los servicios preventivos para mantener unidos a los niños y su familia, y la promoción de la vida independiente.

Continuaremos haciendo un seguimiento de la evolución del proceso del FRR y examinando si los PRNR respetan las obligaciones de los Estados Miembros en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otras leyes y políticas de derechos humanos, como la próxima Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Pedimos a la Unión Europea y a los Estados miembros que no desperdicien esta importante oportunidad y que se aseguren de que las personas más afectadas por la crisis estén en el centro de la recuperación. Juntos, construyamos una Europa más sostenible, social y justa.

"El cuidado institucional es una contradicción de términos", declaró el Comisionado Dalli en una conferencia el año pasado. "Queremos dar poder a la gente y fomentar la independencia". Pedimos a los Estados miembros y a la UE que cumplan esta promesa.

Mental Health Europe

 

 

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