El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre. La conclusión principal de estas disposiciones es la creación de un nuevo Grado III+ de dependencia extrema, que garantiza un nivel de protección económica específico de 4.930 euros al mes para las personas beneficiarias de este grado.
Este marco normativo tiene como objetivo fundamental posibilitar una garantía pública de supervisión y atención continuada especializada 24 horas, buscando prevenir el riesgo de muerte evitable de personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
Dado su carácter de Real Decreto-ley, este texto normativo deberá ser convalidado próximamente por el Pleno del Congreso de los Diputados para mantener su vigencia y aplicación efectiva.
La imperativa de mejorar la calidad de vida
El Real Decreto-ley 11/2025 surge como una respuesta directa a la Ley 3/2024, de 30 de octubre, cuya prioridad es mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios especializados para aquellas personas que padecen procesos graves. Estos procesos se caracterizan por varios elementos clave, según el documento: la no existencia de un tratamiento curativo específico, el poco tiempo de supervivencia desde el diagnóstico, la rápida evolución hacia un alto nivel de discapacidad y dependencia, y la necesidad de integrar cuidados complejos sanitarios y sociales.
Para cumplir con esta meta, la Ley 3/2024 contemplaba modificaciones legislativas orientadas a garantizar la mejor calidad de vida a través de la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia. Los promotores de la norma destacan que las enfermedades abordadas, que incluyen la Esclerosis Lateral Amiotrófica y otros procesos neurológicos y no neurológicos de alta complejidad, tienen un «impacto social, sanitario, laboral y económico muy elevado», con una rápida progresión a una situación de alta dependencia y un enorme padecimiento para las personas afectadas y sus familias.
El Real Decreto-ley se inspira, tal como se indica en su contenido, en los principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, especialmente la universalidad en el acceso y la promoción de las condiciones para que las personas dependientes puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.
Fortalecimiento del sistema de dependencia y creación del Grado III+
En un esfuerzo por materializar de forma efectiva el mandato de adaptación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Real Decreto-ley introduce una novedad crucial en la Ley 39/2006: la creación del Grado III+ de dependencia extrema.
Este nuevo grado está específicamente diseñado para incluir a las personas que, teniendo ya reconocido el Grado III de dependencia, están diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. El texto legal puntualiza que se refiere a la «fase avanzada de la enfermedad que determina una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria», incluyendo la asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia. También abarca a aquellas personas con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, conforme a la reglamentación que determine el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024.
A las personas con el Grado III+ de dependencia extrema se les asignará un nivel mínimo de protección específico, garantizado por la Administración General del Estado. Esta cuantía se fija en 4.930 euros al mes. Además, estas personas tendrán reconocido el acceso a una prestación económica vinculada al servicio, que únicamente podrá ser destinada a ayuda a domicilio, o a una prestación económica de asistencia personal. Para facilitar esta atención, se ha optado por incrementar las cuantías máximas de la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio y de la prestación económica de asistencia personal, fijándolas en 9.859 euros para este nuevo grado. Esta modificación tiene el propósito de asegurar que los beneficiarios puedan recibir la atención domiciliaria que requieren, incluyendo la supervisión especializada 24 horas.
Se considera una medida que debe ser aprobada con carácter urgente
La justificación para la aprobación de estas disposiciones mediante un Real Decreto-ley, invocando la figura de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86 de la Constitución Española, es uno de los pilares del documento.
Los argumentos presentados por el Gobierno giran en torno a la rápida progresión de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, que hace que la dependencia y las complicaciones respiratorias se manifiesten en poco tiempo, generando situaciones de alta vulnerabilidad.
El documento sostiene que la no aprobación inmediata de estas medidas implicaría la «no atención inmediata, continuada, individualizada y especializada en el hogar» de las personas con estas enfermedades. La normativa señala que, en este contexto, la demora en la puesta en marcha de un sistema de garantía pública de atención continuada presenta un «carácter sumamente apremiante», argumentando que el tiempo empleado en una modificación sucesiva y ordinaria de varias normas implicaría el pago de un «precio demasiado elevado, inasumible para la sociedad española».
Según la visión del texto, no actuar inmediatamente agravaría las desigualdades sociales y de género al aumentar la sobrecarga de las familias cuidadoras, además de aumentar el riesgo de vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la adopción de medidas extraordinarias de aplicación inmediata es «imprescindible» para proteger los derechos de las personas dependientes, agilizar la tramitación de expedientes y asegurar la financiación necesaria.
Reformas normativas clave
Para dotar de sustento jurídico al Grado III+ y su financiación, el Real Decreto-ley introduce varias modificaciones normativas específicas:
- Se añade la disposición adicional decimoséptima a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, para establecer el régimen jurídico de las personas bajo el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024.
- Se modifica la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, con el fin de determinar el nivel mínimo específico de protección para el Grado III+ de dependencia extrema.
- Se reforman determinados preceptos del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, para adaptar las prestaciones económicas vinculadas a la ayuda a domicilio y asistencia personal a la Ley 3/2024, respondiendo a la necesidad de apoyos técnicos continuados una vez reconocido el Grado III.
Finalmente, el Real Decreto-ley también introduce una disposición transitoria que establece el régimen de compatibilidad de los gastos subvencionables previstos en el Real Decreto 667/2025, de 22 de julio, que regula una subvención al Consorcio Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ConELA). Los nuevos servicios de asistencia sociosanitaria dejarán de ser gastos subvencionables por ConELA una vez que queden garantizados de forma efectiva por las prestaciones económicas del Grado III+.