Retrasar la edad de acceso no puede ser la única medida
José Antonio Luengo, vicepresidente primero del COP, y Marta Labrador, psicóloga – Entrevista
La reciente propuesta del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha reabierto el debate sobre cómo proteger la salud psicológica de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. ¿Es una medida necesaria y acertada? ¿Es suficiente? ¿Cuáles pueden ser sus efectos? ¿Cuál es la valoración que hace el Consejo General de la Psicología sobre esta propuesta?
José Antonio Luengo Latorre, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología, y Marta Labrador Méndez, directora PSICOLAB Studio Grupo de Investigación TIC-TAC UCM, coinciden en que la preocupación es legítima, pero advierten de que estamos ante un fenómeno complejo que exige una mirada más amplia.
Para José Antonio Luengo, la iniciativa debe entenderse como una medida de regulación más que de prohibición. Recuerda que actualmente la edad mínima para abrir un perfil con autonomía está fijada en 14 años, y que ampliarla hasta los 16 supone ganar dos años de madurez en una etapa clave del desarrollo.
La medida pretende proteger y garantizar los derechos de los y las menores en entornos digitales
La investigación más reciente, especialmente en los últimos cinco años, ha señalado riesgos importantes asociados al uso intensivo y sin supervisión de redes sociales: exposición a contenidos ilícitos o perjudiciales, cultura de la comparación constante, presión estética, sexualización precoz o discursos de odio. Todo ello, señala el vicepresidente primero del COP, “puede afectar al equilibrio emocional de menores que aún están construyendo su identidad”.
Foto: José Antonio Luengo, vicepresidente primero del COP, en un momento de la entrevista.
Desde esta misma perspectiva, el Consejo General de la Psicología subraya que su posición es técnica y científica. A través de su fundación, que ejerce una misión investigadora, trabaja en coordinación con sociedades científicas de ámbitos como la psiquiatría, la pediatría, la neuropsicología o la neurología. Por lo que más allá del legítimo debate social y político, la prioridad, asegura el responsable colegial, “debe ser siempre el interés superior de la infancia y la creación de entornos digitales seguros que favorezcan un desarrollo saludable de la personalidad».
Luengo subraya, por otro lado, que la regulación por sí sola no basta: es imprescindible mejorar los sistemas de verificación de edad, implicar a las plataformas y reforzar el trabajo en familias y centros educativos.
La prohibición deber ir acompañada de otras medidas como los sistemas de verificación de edad
Marta Labrador comparte que la intención de la norma es protectora y responde a una lógica de salud pública infantil, pero introduce matices. La evidencia científica indica que los efectos no son iguales para todos los y las adolescentes y dependen de factores como la vulnerabilidad individual, el apoyo familiar o el contexto.
Además, advierte de que no puede establecerse una relación directa y simple entre redes sociales y problemas de salud mental. En muchos casos, los y las adolescentes con mayor malestar previo son quienes hacen un uso más problemático.
Foto: Marta Labrador Méndez, directora PSICOLAB Studio, en un momento de la entrevista.
Entre los aspectos positivos de la propuesta, Labrador destaca que fija un marco común que facilita la labor de las familias y limita el acceso precoz a contenidos peligrosos como el grooming o la sextorsión. Pero también señala posibles riesgos: el efecto de atracción hacia lo prohibido y la falsa sensación de control, como si la norma, por sí sola, resolviera el problema.
La responsabilidad para proteger a los y las adolescentes debe ser compartida entre padres, colegios, estado…
Ambos expertos coinciden en que la responsabilidad debe ser compartida. Familia, centros escolares, Estado, plataformas tecnológicas y profesionales de la salud mental deberían formar parte de un ecosistema que requiere coordinación y colaboración.
Más allá de la edad límite, la clave podría estar en la educación digital, la alfabetización de las familias y el acompañamiento progresivo de los y las menores para que, cuando accedan a entornos digitales y redes sociales, lo hagan con pensamiento crítico y con un mayor conocimiento.
Podéis ver la entrevista completa aquí: