Las ausencias laborales por incapacidad temporal (IT) han aumentado de forma generalizada en España desde 2018, aunque con importantes diferencias entre comunidades autónomas. Junto al crecimiento global de las jornadas perdidas, los datos ponen de relieve varios fenómenos especialmente relevantes: el creciente peso de los problemas de salud mental, la concentración de una parte considerable de las jornadas perdidas en las bajas de larga duración y en trabajadores y trabajadoras que encadenan varios procesos, así como marcadas diferencias territoriales y sectoriales.
Así se desprende de la nueva fase del proyecto de investigación desarrollado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que analiza los procesos de incapacidad temporal del Régimen General entre 2018 y 2024 a partir de los datos de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A diferencia de aproximaciones basadas en encuestas, el proyecto estudia los procesos de IT registrados y ofrece ahora una radiografía de las 17 comunidades autónomas.
Grandes diferencias territoriales en las ausencias por incapacidad temporal.
En 2024, el promedio nacional de jornadas potenciales de trabajo perdidas por IT se situó en el 5,94%, frente al 4,12% registrado en 2018, lo que supone un incremento del 44,1%. Sin embargo, las diferencias territoriales son considerables.
Canarias presenta el indicador más elevado, con un 8,20% de jornadas potenciales perdidas, un 38% por encima del promedio español y un 63,5% más que en 2018. En esta comunidad, una media de 67.000 trabajadores y trabajadoras se habría ausentado diariamente por IT en 2024, equivalente a unos 30 días de ausencia por persona trabajadora al año.
También se sitúan claramente por encima del promedio Galicia (7,58%), País Vasco (7,29%), Cantabria (7,03%) y Asturias (6,82%). En el extremo opuesto aparecen comunidades con indicadores inferiores al promedio nacional, entre ellas Andalucía, con un 5,35%. En esta última, alrededor de 162.000 personas se habrían ausentado diariamente por una IT durante 2024, aunque tanto su incidencia como su prevalencia permanecen por debajo de los valores nacionales.
Los datos evidencian, además, que las comunidades con menores niveles de IT en 2018 no necesariamente han registrado una evolución más favorable. Castilla y León, por ejemplo, alcanza prácticamente el promedio español (5,92%), pero acumula un crecimiento del 50,5% desde 2018. Extremadura presenta una situación similar: su indicador se sitúa en el 5,9%, prácticamente en línea con el promedio nacional, pero ha aumentado un 54% desde 2018. Aragón, con un 5,97%, se mantiene también muy próximo al promedio español, tras un incremento del 47%.
El creciente peso de la salud mental.
Uno de los resultados más relevantes del análisis por patologías es el peso que adquieren los problemas de salud mental, especialmente cuando se consideran conjuntamente con las algias. Ambas categorías concentran una parte muy importante de las jornadas perdidas en numerosas comunidades.
En Galicia, las algias y la salud mental explican cerca del 60% del indicador de IT, mientras que la contribución de la salud mental ha aumentado un 145% desde 2018. En Canarias, ambas categorías explican el 57% del indicador, y la contribución de la salud mental se ha más que duplicado respecto a 2018.
El patrón se reproduce en otros territorios: algias y problemas de salud mental representan conjuntamente el 56,6% del indicador en Asturias, el 55,5% en País Vasco, el 55% en Cantabria y el 52% en Murcia. Desde 2018, la contribución de la salud mental se ha duplicado en Asturias y ha aumentado un 109,4% en País Vasco, un 101,3% en Cantabria y un 111,7% en Murcia. En Aragón, ambas categorías generan conjuntamente el 52,6% de las jornadas perdidas y la salud mental es la categoría que más crece, con un aumento de su peso del 48,5% desde 2018. Mientras que en Navarra, explican el 50,9% del indicador y la contribución de la salud mental aumenta un 74,5%. En Illes Balears, algia y salud mental explican conjuntamente el 49,8% del indicador y la contribución de la salud mental casi se ha duplicado desde 2018, con un aumento del 95,1%.
Los problemas de salud mental ganan peso también en comunidades con niveles de IT inferiores al promedio nacional.
En Andalucía, las algias y la salud mental generan conjuntamente el 49,6% de las jornadas perdidas, y la contribución de la salud mental al indicador ha aumentado un 132% desde 2018, siendo la categoría que más crece. Por su parte, en la Comunidad de Madrid, ambas explican el 50,8% del indicador y la contribución de la salud mental ha aumentado un 99,4%.
En La Rioja, ambas patologías explican el 48,3% del indicador y la contribución de la salud mental se ha más que duplicado desde 2018, con un incremento del 126,2%. Por su parte, en la Comunitat Valenciana, el 54,4% de las jornadas perdidas se concentra en Algias (33,3%) y salud mental (21,1%), siendo esta última la que registra el mayor incremento en su peso, un 50,7%.
Las bajas de larga duración concentran una parte desproporcionada de las jornadas perdidas.
El segundo elemento común es el impacto de los procesos prolongados. Aunque las bajas superiores a un año constituyen una proporción reducida del conjunto de procesos, su contribución a las jornadas perdidas es muy elevada.
En Andalucía, por ejemplo, las bajas superiores a 365 días representan únicamente el 5,3% de los procesos, pero concentran el 28,9% de los días perdidos y explican el 41% del incremento de las jornadas perdidas desde 2018. Además, su prevalencia ha aumentado un 84,8%, hasta alcanzar 8,6 casos por cada 1.000 trabajadores y trabajadoras.
La situación se repite en otros territorios. En Asturias, las bajas superiores al año representan el 7% de los procesos, pero concentran el 31% de las jornadas perdidas y explican el 44% del aumento registrado desde 2018. Por otro lado, en Cataluña suponen solo el 3,3% de los procesos, pero casi el 29% de los días perdidos.
En Galicia, los procesos de más de un año representan el 8% del total, pero concentran el 32% de las jornadas perdidas y explican el 47% del incremento de la IT desde 2018. en Extremadura, alcanzan el 9% de los procesos y el 33% de las jornadas perdidas.
Una minoría de trabajadores concentra buena parte de las bajas.
El análisis identifica asimismo un aumento de la repetición de procesos, definida como haber tenido dos o más procesos con jornadas perdidas por IT en un periodo de doce meses. Como referencia, para el conjunto de España, el 16,2% de las personas trabajadoras concentra el 69,3% de los procesos y el 62,6% de las jornadas perdidas.
Las cifras varían territorialmente. En Andalucía, el 12,4% de los trabajadores y trabajadoras concentra el 62,8% de las bajas y el 56,5% de las jornadas perdidas, y la repetición ha ganado peso desde 2018. En Asturias, el 13,5% presenta dos o más procesos y concentra el 60,3% de estos y el 58,2% de las jornadas perdidas.
Destaca especialmente Navarra, donde el 24,8% de los trabajadores y trabajadoras repite baja y concentra el 77,1% de los procesos y el 73,4% de todas las jornadas perdidas, frente al 62,6% nacional. En Aragón, el 15,5% concentra el 66,8% de las bajas y el 62% de las jornadas perdidas, mientras que en Castilla-La Mancha el 14,6% concentra el 65,7% de los procesos y el 57,6% de las jornadas. Por su parte, en Illes Balears, el 17,7% de los trabajadores y trabajadoras repite baja y concentra el 69,1% de los procesos y el 63,1% de las jornadas perdidas, este último porcentaje, ligeramente superior al promedio nacional (62,6%).
Actividades administrativas, saneamiento y sanidad, entre los sectores con mayores niveles.
Las diferencias también son importantes por actividad económica. Aunque la distribución no es idéntica en todas las comunidades, las actividades administrativas y servicios auxiliares —que incluyen actividades como limpieza o seguridad—, el suministro de agua y saneamiento y las actividades sanitarias aparecen reiteradamente entre los sectores con mayores porcentajes de jornadas potenciales de trabajo perdidas por IT.
En País Vasco, las actividades administrativas alcanzan el 12,10%, seguidas de agua y saneamiento (10,41%) y actividades sanitarias (9,68%). En Galicia, agua y saneamiento llega al 11,30%, las actividades administrativas al 11,18% y las sanitarias al 9,62%.
Existen, no obstante, particularidades territoriales: en Asturias encabezan el indicador las industrias extractivas (11,10%), mientras que en Canarias lo hace agua y saneamiento (11,55%), con la hostelería y las actividades administrativas próximas al 10%. En Andalucía, las actividades administrativas y servicios auxiliares registran el 9,10%, seguidas de agua y saneamiento (8,82%) y las administraciones públicas (7,56%). Asimismo, en Castilla-La Mancha, las actividades administrativas alcanzan el 8,41%, por delante del transporte y almacenamiento (7,03%) y agua y saneamiento (6,99%).
En conjunto, la radiografía territorial de Umivale Activa y el Ivie muestra que el aumento de la incapacidad temporal no responde únicamente a un mayor número de bajas, sino también a la creciente relevancia de determinados componentes: los procesos de larga duración, la repetición de bajas y el aumento del peso de los problemas de salud mental. Los resultados ponen también de manifiesto que la intensidad de estos fenómenos varía sustancialmente entre territorios y sectores de actividad, evidenciando la necesidad de atender a estas diferencias para comprender la evolución de la incapacidad temporal en España.
La batería de fichas regionales sobre la incapacidad temporal y la siniestralidad se encuentra disponible aquí.