Un estudio aborda el impacto negativo de la precariedad laboral sobre la salud mental
24 Abr 2023

La salud mental es una parte integral de la salud y el bienestar de la población, que depende de la combinación de múltiples factores así como determinantes sociales, entre los que se encuentra la precariedad laboral (la baja calidad de las condiciones de empleo y trabajo). Así pues, la salud mental es un indicador de salud que puede verse especialmente afectado por la precarización de las condiciones laborales.

Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por una Comisión de expertos/as pertenecientes a diferentes disciplinas (entre ellas, la Psicología), establecida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuyo objetivo es trazar un diagnóstico integrado lo más completo posible sobre la situación en España de la precariedad laboral y su impacto en la salud mental, estableciendo una serie de propuestas orientadas a eliminar y/o reducir tanto la precariedad laboral como los problemas de salud mental derivados de la misma.

Tal y como señalan sus autores, los contenidos y resultados de este estudio se dirigen simultáneamente a actores sociales muy diversos: a representantes políticos, especialmente a aquellos/as que tienen una responsabilidad directa sobre los temas y contenidos de los que trata este informe; a los agentes sociales, sindicatos, empresarios/as, asociaciones y movimientos sociales especialmente cercanos y preocupados por los temas tratados; a académicos/as y expertos/as interesados/as en la comprensión y divulgación de la temática abordada; y a la población general y, en particular, a la población trabajadora “que es la que se ve más directamente afectada por una experiencia que genera malestar, sufrimiento, enfermedades y muerte prematura”.

Fuente: freepik. Autor: Racool_studio. Fecha: 21/04/23

¿Qué es la precariedad laboral y qué consecuencias tiene?

La precariedad laboral es actualmente un fenómeno multidimensional, endémico y estructural que se extiende a una gran diversidad de trabajos y sectores productivos. La investigación científica apunta a la precariedad laboral como “un determinante social dañino para la salud”, o una pandemia tóxica”, que aumenta el riesgo de enfermar y morir prematuramente para quienes trabajan en esas condiciones, así como para sus familias.

Entre sus consecuencias, el documento destaca la desestructuración de la vida cotidiana, la dificultad para planificar el futuro, la generación de inseguridad, sufrimiento, alienación, frustración, desesperanza y miedo, así como problemas muy diversos de salud mental como son, entre otros, la ansiedad y la depresión, que generan un gran sufrimiento psicológico y cuyos efectos se extienden a todos los ámbitos vitales. A pesar de lo anterior, el informe lamenta que la precariedad continúe siendo “una gran desconocida social”, por lo que es fundamental comprenderla mejor para eliminarla y acabar con sus efectos nocivos.

Los problemas de salud mental se han incrementado en los últimos años

Con respecto a la salud mental, el documento recoge una serie de datos que dan cuenta del incremento de problemas de esta índole en los últimos años. Tal y como indica, en la Unión Europea, anualmente, una de cada seis personas (84 millones de personas) tiene un problema de salud mental (ansiedad, depresión, trastornos por uso de drogas y alcohol, etc.), distribuidos desigualmente según la clase social. Gran parte del malestar y la angustia que experimentan algunas personas “tiene una causa social”, que se expresa y percibe en forma de una amplia variedad de signos y síntomas físicos y/o psicológicos (por ej., ansiedad, crisis de pánico, depresión, cefaleas, mareos, lumbalgias, parestesias, fatiga y reacciones cutáneas, entre otras muchas).

De forma específica, la ansiedad y la depresión constituyen los dos principales cuadros clínicos responsables de la carga de enfermedad de los problemas de salud mental, con una alta prevalencia de este tipo de problemáticas en nuestro país entre la población de 15 años o más: el 5,8% presenta ansiedad crónica (1 de cada 12 mujeres; 1 de cada 28 hombres; 1 de cada 12 personas desempleadas; 1 de cada 23 personas que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar) y el 5,3% depresión (1 de cada 14 mujeres; 1 de cada 31 hombres; 1 de cada 13 personas desempleadas; 1 de cada 40 personas trabajadores/as en activo y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar).

A pesar de lo anterior, el informe lamenta que el sufrimiento psicológico quede “delegado a un sistema de atención sanitaria que trata (y tiende a hipermedicalizar) esas condiciones de salud”. A este respecto, recuerda que España es el país que más ansiolíticos e hipnóticos consume por habitante en todo el mundo.

La relación entre precariedad laboral y salud mental se da en forma de gradiente

Según señala el texto, la investigación epidemiológica evidencia una clara relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental en la población trabajadora, con un impacto duradero sobre la misma. Esta relación, en muchos casos, se da en forma de gradiente, de modo que, cuanto mayor es el nivel de precariedad laboral, mayor es a su vez la probabilidad de tener mala salud mental. De acuerdo con sus autores, los datos de la Encuesta Europea de Salud en España (2020) indican un mayor riesgo de depresión entre las personas en la situación laboral más precaria (incluyendo el desempleo). De un total de 511.000 casos de depresión entre la población activa, con un riesgo atribuible poblacional del 33,2%, se infiere que “si la población precarizada (incluyendo la desempleada) hubiera tenido un empleo estable, se hubieran podido evitar aproximadamente 170.000 casos de depresión”.

Algunos grupos presentan mayor vulnerabilidad

El informe pone de relieve la importancia de considerar otras relaciones sociales basadas en el género, la etnia, la edad o la migración, en el análisis de la precariedad laboral. A este respecto, en España, muchas personas migrantes afirman tener problemas de salud mental debido a la precariedad, que atribuyen principalmente, “a su situación irregular, tener un contrato temporal con ingresos bajos, no poder acogerse a una baja médica, no poder pedir un permiso y no estar dado de alta en la Seguridad Social”. De igual modo, aquellos/as trabajadores/as migrantes que se sienten discriminados/as en el trabajo presentan una peor salud mental, estrés, insomnio y ansiedad, acentuándose estas problemáticas en el caso de las mujeres.

En la misma línea, el entorno laboral puede constituir un espacio específico en el que se generan prejuicios materializados en forma de discriminación hacia las personas del colectivo LGTBIQ+. En este contexto, la exposición al estigma, la discriminación y los prejuicios contribuyen de forma significativa a los problemas de salud mental.

Por su parte, las personas trabajadoras informales (y sus familias) suelen aglutinar muchas de las características más extremas de la precariedad laboral y tienen un peor estado de salud mental que quienes trabajan de manera formal. De forma específica, la población trabajadora femenina se encuentra en una peor situación de informalidad, y su impacto en la salud se ve afectado por las desigualdades de género, de modo que las mujeres con trabajos informales son más proclives a presentar problemas de salud mental que las que tienen contratos de trabajo formales.

Por otro lado, hay algunos estudios que señalan que los/as investigadores/as predoctorales tienen una probabilidad seis veces mayor de sufrir depresión en comparación con la población general, identificando la sensación de incertidumbre, el estrés económico, la erosión de las redes de apoyo social y el agotamiento, como factores desencadenantes de mala salud mental tanto entre el profesorado como entre estudiantes, los cuales declaran tener episodios de depresión, estrés, ansiedad e ideación suicida.

El informe menciona también a los/as trabajadores/as de la cultura, entre quienes “se concentran múltiples dimensiones de precariedad”. A modo de ejemplo, datos de un estudio de 2018 muestran que el 47% de artistas españoles/as declaró un ingreso igual o inferior a 8.000 euros al año.

Preocupa la falta de medios y recursos, así como la excesiva medicalización en el SNS

Atendiendo a lo expuesto en párrafos anteriores, el documento expone las características y acciones que debería llevar a cabo el sistema de salud para atender los problemas de salud mental asociados a la precariedad laboral.

Tal y como indica, la mayor parte de la atención sanitaria a los problemas de salud mental tiene lugar en la atención primaria, esto es, fuera de la red de servicios especializados de salud mental. Este modelo de asistencia, afirma, “tiene el potencial de ofrecer una atención continua, integral, longitudinal, accesible y cercana para abordar los problemas derivados de la precariedad desde una perspectiva comunitaria que permita conseguir mejores resultados de salud y una mayor equidad”; sin embargo, el informe recuerda que los servicios de salud pública comunitarios en salud mental, sobre todo en relación con la precariedad laboral, constituyen un enorme reto donde casi todo está por hacer.

Alerta aquí de la falta de medios y recursos apropiados y la escasa visibilidad y reconocimiento profesional y social para llevar a cabo la labor de forma eficaz. Es el caso de la cifra de profesionales de salud mental en España, con ratios muy inferiores a las recomendaciones de la OCDE para países de similar nivel económico (6 psicólogos por cada 100.000 habitantes (2018), una cifra tres veces menor que la media europea).

Sumado a las deficiencias de la propia estructura de servicios, un importante problema destacado por los autores es “la infrafinanciación crónica y la mercantilización de los servicios del sistema sanitario público español”.

La prevención primaria de los problemas de salud mental debe abordar los factores de riesgo

El objetivo, por lo tanto, debe ser evitar la falta de atención y “la excesiva medicalización”, especialmente en procesos de salud que pueden estar ligados a condiciones sociales como es el caso de la precariedad laboral. Así, la salud pública (de la que forma parte la salud laboral) y la salud comunitaria deberían desempeñar un papel esencial en el abordaje de la prevención de los trastornos mentales y la promoción de la salud mental de la población. En este sentido, añade, “la salud mental pública debe comportar un enfoque poblacional de la salud mental que incluya el abordaje intersectorial sobre los determinantes y las desigualdades sociales de los trastornos mentales, la promoción del bienestar mental y el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas”.

En particular, incide en que la prevención primaria de los problemas de salud mental debe abordar los factores de riesgo para evitar la aparición de los mismos, y realizar intervenciones específicas para prevenir la ansiedad, la depresión, la psicosis, los trastornos por consumo de sustancias, la demencia y el suicidio. Sin embargo, deplora que en nuestro país, “las intervenciones para prevenir trastornos mentales y promover el bienestar mental, especialmente desde el punto de vista de los determinantes sociales, son enormemente limitadas”.

A este respecto, una medida eficaz que ha sido puesta de relieve en los últimos años por numerosos expertos, entidades y organizaciones -entre ellas, el Consejo General de la Psicología, el Defensor del Pueblo e incluso la OCU-, es la incorporación de psicólogos clínicos en atención primaria, un cambio que, de implementarse, redundaría en una mejora de este primer nivel de atención, aliviando la importante carga asistencial que suponen los problemas de salud mental para el Sistema Sanitario. Esta medida supondría un importante ahorro en términos de costes económicos y sociales, dado que facilitaría la identificación precoz y la intervención temprana de problemas de salud mental, evitando complicaciones en la sintomatología de los/as pacientes y la consiguiente cronificación.

La dificultad para calificar un problema de salud mental como accidente laboral

Por otra parte, el informe destaca la existencia de “dificultades o deficiencias a corregir en relación con la calificación (común o profesional) de las contingencias relacionadas con la salud mental”. A este respecto, señala que en el ámbito laboral, los problemas de salud mental “han sido tradicionalmente calificados, de manera mayoritaria, como enfermedades comunes, dadas las dificultades jurídicas que presenta el sistema de lista tasada que el ordenamiento español utiliza para la identificación de las enfermedades profesionales”. En la misma línea, comprende la dificultad de calificar un problema de salud mental como accidente de trabajo, dado lo difícil que resulta demostrar que una relación causal exclusiva con el trabajo.

Esta dificultad de calificar como profesionales las dolencias psíquicas, conduce, sin embargo, “a una eventual protección por el sistema menos intensa” (no se flexibilizan ciertos requisitos de acceso a las prestaciones, no se aplican las reglas especiales del cálculo de cuantías ni es aplicable el recargo de prestaciones por incumplimiento de la normativa de prevención). También conlleva dificultades en el establecimiento de planes de prevención y protección a nivel institucional y colectivo, actuando por lo tanto, en último término, como “factor precarizador” para las personas que experimentan problemas de salud mental.

Recomendaciones para prevenir y/o reducir el impacto de la precariedad laboral en la salud mental

A pesar de la escasa evidencia científica relativa a las estrategias e intervenciones más efectivas para reducir el impacto de la precariedad laboral sobre la salud mental, existen varios documentos relevantes generados por instituciones internacionales como la OIT, la OCDE, la ONU, el ETUI (European Trade Union Institute), que recogen diversas propuestas políticas de interés en este sentido. El informe concluye exponiendo una serie de recomendaciones generales orientadas a promocionar la salud y reducir el impacto de la precariedad sobre la salud mental, entre ellas las siguientes:

  • Desarrollar organizaciones más saludables, declarando la mejora de la salud mental como un objetivo estratégico, y promoviéndola en el marco de las negociaciones colectivas.
  • Potenciar la formación de todo el personal laboral en materia de riesgos psicológicos y sociales e incorporar la salud mental en las estrategias empresariales de prevención. En este punto, puede ser clave contar con psicólogos/as del trabajo y las organizaciones, cuyas funciones, de acuerdo con la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional (SIOP-Society for Industrial and Organizational Psychology), son esenciales para ayudar a las empresas a comprender los desafíos que enfrentan los empleados y las empleadas y a actualizar las prácticas del personal laboral que disminuyen el estrés y el agotamiento, facilitando la adopción de comportamientos saludables (por ejemplo, la introducción de herramientas de manejo del estrés), capacitación, flexibilidad y otras intervenciones clave, orientadas a optimizar la salud mental y el bienestar de sus empleados/as.
  • Implementar la reducción de la jornada laboral en las organizaciones. Realizar jornadas laborales más cortas tiene un impacto muy positivo en la reducción del desempleo, el aumento de la calidad de vida y la mejora del cuidado de personas, en la reducción del estrés y la mejora del sueño, compatibilizar el horario escolar, el estudio, etc.
  • Adaptar mejor toda la regulación del sistema de prevención de riesgos psicológicos y sociales a las distintas formas de teletrabajo.
  • Incluir la obligatoriedad de la Evaluación de Riesgo con perspectiva de género.
  • Incorporar las psicopatologías en el listado de enfermedades profesionales, en los términos recogidos por la Recomendación n.º 194 de la OIT y reformular el modelo de enfermedades profesionales para que se conforme formalmente como un modelo mixto.
  • Fortalecer los Equipos de Valoración de Incapacidades con profesionales con competencias en salud mental y relaciones laborales (por ejemplo, psicólogos/as del trabajo y los recursos humanos).
  • Reforzar la sanidad para que ofrezca una atención a la salud mental que sea universal, equitativa, gratuita y de calidad. Desarrollar un sistema sanitario centrado en la atención primaria y comunitaria, los cuidados, los determinantes sociales de la salud y la salud pública, y desmedicalizar y «despatologizar» procesos de sufrimiento psicológico. Implementar un enfoque de “salud en todas las políticas”.

Se puede acceder al informe completo desde la página web de la Confederación Salud Mental España o bien directamente aquí:

Precariedad laboral y salud mental

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