Más de ocho de cada diez agresiones sufridas por profesionales en centros sanitarios no llegan nunca a registrarse oficialmente. La violencia que padecen médicos, enfermeras y otros trabajadores del ámbito de la salud —insultos, amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas—, permanece en gran medida invisible para el sistema, pese a su impacto en la salud mental, la calidad asistencial y los costes económicos que genera.
Estas son algunas de las principales conclusiones recogidas en un estudio publicado en la revista Ansiedad y Estrés, y desarrollado por investigadores del Hospital Clínico San Carlos y de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de estimar la prevalencia real de agresiones a trabajadores de centros sanitarios, calcular el grado de infradeclaración existente y analizar los motivos y factores asociados a la no comunicación de estos episodios.
El estudio adopta un diseño observacional retrospectivo y analiza la situación en un gran hospital público de la Comunidad de Madrid y sus centros asociados durante el periodo 2021-2022. Para ello, los autores combinaron dos fuentes de información: por un lado, los registros oficiales de agresiones recogidos en la aplicación REMAC (Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos) y, por otro, una encuesta elaborada ad hoc y dirigida a la totalidad de la plantilla (N = 5.472 profesionales), tanto profesionales sanitarios/as como no sanitarios/as.
Participaron finalmente 900 trabajadores (16,45% de la plantilla), de los cuales el 63,6% se identificó como personal sanitario y el 29% como personal no sanitario. Casi la mitad de los respondientes (45,2%) manifestó haber sufrido alguna agresión en el periodo analizado. Tras depurar los cuestionarios incompletos, la prevalencia «por protocolo» se situó en un 43,1%. Sin embargo, al contrastar estos datos con los registros oficiales, se constató que únicamente 87 trabajadores habían declarado agresiones en esos dos años (43 en 2021 y 44 en 2022), lo que supone un 1,64% de la plantilla.
La comparación entre ambas fuentes permitió estimar una infradeclaración del 83,1%: mientras que la encuesta arrojaba una prevalencia del 16,9%, la prevalencia oficial era del 1,6%. En otras palabras, más de cuatro de cada cinco agresiones no constan en los registros formales, cuestionando la fiabilidad de los datos oficiales y dificultando una adecuada planificación preventiva.
Violencia laboral y salud mental.
El estudio se enmarca en un contexto en el que la violencia laboral en el sector sanitario constituye un problema creciente y de alto impacto. La literatura revisada recuerda que el riesgo de sufrir agresiones en el ámbito sanitario es significativamente superior al de otros sectores y que las consecuencias más frecuentes incluyen estrés, ansiedad y depresión, además de un deterioro de la calidad asistencial.
Los datos recogidos por sus autores muestran que, en España, entre 2017 y 2020 se registraron 2.755 accidentes de trabajo con daño psicológico causados por agresión, de los que uno de cada cuatro se produjo en actividades sanitarias. Asimismo, revisiones sistemáticas previas han encontrado que entre el 60% y el 90% de los trabajadores y las trabajadoras sanitarias refieren haber sufrido alguna agresión a lo largo de su trayectoria profesional.
Las consecuencias no son únicamente individuales. Las agresiones incrementan el absentismo, la rotación del personal y los accidentes laborales, disminuyen el rendimiento y pueden favorecer errores diagnósticos y eventos adversos. El Informe del Observatorio Nacional de Agresiones a Sanitarios (2022) estima un coste anual de 511 millones de euros considerando costes directos e indirectos. A escala macroeconómica, el estrés y la violencia laboral pueden suponer pérdidas de entre el 0,5% y el 3,5% del PIB anual.
Además, se advierte que, dado que solo se declara una fracción de las agresiones, las cifras reales podrían ser sensiblemente superiores, lo que agrava el impacto económico y social del problema.
¿Por qué no se denuncian las agresiones?
Uno de los aportes más relevantes del trabajo es el análisis detallado de los motivos de esta posible infradeclaración por parte de los y las profesionales. Así, entre quienes reconocen haber sufrido agresión y no haberla declarado, el 42,3% considera que declarar «no sirve para nada»; el 33,8% afirma desconocer el procedimiento; el 24,7% piensa que solo deben declararse las agresiones físicas; el 22,2% normaliza la agresión como parte del trabajo; y el 13,4% manifiesta su temor a represalias.
El análisis muestra asociaciones significativas entre declarar una agresión sufrida y determinados factores. De este modo, conocer el procedimiento de declaración multiplica por más de cinco la probabilidad de declarar. Por el contrario, creer que sólo deben denunciarse agresiones físicas, normalizar la agresión o temer represalias reducen significativamente la probabilidad de comunicar el incidente.
Con respecto a los factores con mayor peso predictivo, los datos señalan que el factor más determinante es que la agresión implique «daños materiales o a la propiedad»: en estos casos, el 68,8% sí ha realizó declaración de agresión. En cambio, el 100% de quienes creen que es suficiente comunicarlo a sus superiores o consignarlo en el parte no formalizó nunca ninguna declaración. Asimismo, el 94% de quienes desconocen el procedimiento tampoco declaró, a pesar de haber sufrido algún episodio.
Desinformación y cultura de normalización.
Los autores subrayan que muchos de los motivos alegados reflejan creencias erróneas o desconocimiento, tales como, pensar que las agresiones verbales no deben denunciarse, creer que es imprescindible contar con testigos o asumir que estas situaciones forman parte intrínseca del trabajo sanitario. De hecho, el 91,2% de los y las participantes considera insuficiente la difusión del procedimiento de declaración.
La infradeclaración, concluye el estudio, constituye un obstáculo central para la prevención. Sin datos fiables, resulta imposible dimensionar adecuadamente el problema, diseñar estrategias eficaces y evaluar su impacto. Conocer la magnitud real de las agresiones y sus características es el primer paso para proteger la salud física y mental de los profesionales, mejorar la calidad asistencial y reducir los elevados costes humanos y económicos asociados a la violencia en los centros sanitarios.
Se pone así el foco en una realidad silenciada que afecta de forma directa a la salud mental de los trabajadores sanitarios y a la sostenibilidad del sistema, y advierte de que la prevención efectiva pasa necesariamente por informar, formar y facilitar la declaración de todas las agresiones, incluidas las verbales, para romper la cultura de normalización y avanzar hacia entornos asistenciales más seguros.
Fuente.
Carballo-López, M.E., Martín, Á.F.G., Pardo, E.O., Ignacio, B.F.P., & Sáez, A.S.S. (2025). Agresiones a trabajadores de centros sanitarios: prevalencia, infradeclaración, motivos y consecuencias. Ansiedad y estrés, 31(1), 38-45.