El pasado mes de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, una medida legislativa cuyo objetivo es establecer los principios y regular las medidas y los procedimientos para garantizar y hacer efectivos el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, el respeto a la dignidad humana y la protección ante cualquier forma, acto o conducta de discriminación que toma por pretexto cualquiera de los siguientes motivos: origen territorial o nacional y xenofobia, sexo o género, orientación o identidad sexual, y cualquier forma de LGBTIfobia o de misoginia, edad, raza, origen étnico o color de piel, y cualquier forma de racismo como el antisemitismo o el antigitanismo, lengua o identidad cultural, ideología, opinión política o de otra índole o convicciones éticas de carácter personal, convicciones religiosas, y cualquier manifestación de islamofobia, de cristianofobia o de judeofobia, condición social o económica, situación administrativa, profesión o condición de privación de libertad, y cualquier manifestación de aporofobia o de odio a las personas sin hogar, discapacidad física, sensorial, intelectual o mental u otros tipos de diversidad funcional, alteraciones de la salud, estado serológico o características genéticas, y aspecto físico o indumentaria.

Con la aprobación de esta medida legislativa, se establece el marco general de regulación para garantizar el derecho de todas las personas a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo de discriminación.

A través de su articulado debe alcanzarse una protección real y efectiva contra cualquier forma o acto de discriminación o de intolerancia, haciendo posible el disfrute en condiciones de igualdad, independientemente de cualquier circunstancia personal, social o profesional, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y deben garantizar la convivencia y la cohesión social.

La Ley se aplica a los siguientes ámbitos: Ocupación y función pública, negociación colectiva, organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico, espacios de participación política, cívica y social, Educación, Salud, Servicios Sociales, atención a niños/as, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, vivienda, establecimientos y espacios abiertos al público, medios de comunicación social y sociedad de la información, cultura, deporte, libertad religiosa, administración de Justicia, así como a cuerpos y fuerzas de seguridad.

Concretamente, en el ámbito de la salud, la medida legislativa establece que el departamento competente en esta materia debe garantizar las acciones destinadas a los grupos de población con necesidades sanitarias específicas, “como las personas mayores, los niños y adolescentes, las personas embarazadas, las personas con discapacidad, las que padecen enfermedades mentales, crónicas, minoritarias, degenerativas o en fase terminal o síndromes incapacitantes, las portadoras de virus, las víctimas de maltrato, las supervivientes de violencia machista, incluida la violencia sexual, las personas con problemas de drogodependencia y adicciones sociales, las minorías étnicas, las personas transgénero, las personas sin hogar o en otras situaciones de precariedad habitacional, y, en general, las personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su acceso a los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades y en condiciones de disfrute efectivo”. Implementando, en aras de una igualdad de trato y prevención de la discriminación, planes y programas de adecuación sanitaria y planes de formación y sensibilización dirigidos al personal sanitario.

Se puede acceder a publicación del BOE a través del siguiente enlace:

Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación