El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el debate para la reforma del modelo de acceso a la Judicatura y propone, como novedad, la superación previa de una prueba psicológica. Esta decisión parte de la necesidad de ajustar el proceso de evaluación a los requisitos que supone el ejercicio de la jurisdicción y, por este motivo, el CGPJ también se plantea la posibilidad de exigir un máster añadido a la carrera de Derecho y valorar el conocimiento de idiomas (…)

El estudio de la credibilidad del testimonio ha concitado el interés de numerosos investigadores del ámbito de la psicología jurídica y forense. Sin embargo, son muy escasos los trabajos que aborden la credibilidad del testimonio y la formación de juicios en decisores expertos, esto es, jueces y magistrados, cuya tarea consiste en la formación de juicios, en un contexto de pruebas contradictorias, que han de evaluar y ajustar a unas categorías de decisión de inocencia o culpabilidad, motivando la sentencia que dictan. En nuestro sistema penal, la valoración probatoria se rige por el llamado modelo de libre valoración de la prueba, el cual no significa libre arbitrio, sino que la valoración debe versar sobre el resultado probatorio verificado, sin que pueda basarse en una prueba obtenida ilícitamente (…)

Amnistía Internacional, como organización que trabaja en pro de los derechos humanos en todo el mundo, dedicando una especial atención a los colectivos más vulnerables, publicó un informe el pasado 15 de diciembre de 2009: Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos, fruto de la investigación realizada en el marco de su campaña Exige Dignidad sobre la situación de los menores que se encuentran en centros de protección terapéuticos de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid (…)

De sobra es conocida la manifiesta preocupación de nuestra sociedad acerca de la delincuencia juvenil. Son constantes las peticiones de incremento de la dureza de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (L.O. 5/2000) como mejora en el afrontamiento de dicha problemática pero, ¿realmente la dureza de las medidas es la solución para aumentar la efectividad de las intervenciones con los menores infractores? (…)

La saturación del sistema judicial en España es un problema aún por resolver. En este sentido, el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, según se recoge en el periódico El País, ha realizado una serie de propuestas al Parlamento gallego con el objetivo de dar una respuesta más rápida y eficaz a los ciudadanos. Entre sus demandas, el Fiscal Varela ha solicitado el desarrollo de una Ley de Mediación que permitiría resolver ciertos litigios sin tener que acudir al juzgado, relacionados con el ámbito privado (familia, pareja, etc.), comunitario, escolar y convivencia intercultural (…)

El “preocupante” aumento de los casos de violencia doméstica de hijos a padres requiere una exigencia de esfuerzo por parte de las administraciones implicadas. Ésta es una de las conclusiones del informe anual de la Fiscalía General del Estado, dado a conocer este mes de septiembre, y cuyos resultados se han hecho eco en numerosos medios de comunicación estos días (…)

Es imprescindible crear programas de tratamiento especializados en trastornos de conducta para los menores ingresados en los centros de protección. Así lo concluye una investigación realizada por la Fundación Mediterránea de Neurociencia, tras analizar la salud mental de 354 niños y adolescentes ingresados en centros de protección de la provincia de Alicante. El estudio, financiado por la Consejería de Sanidad de Valencia y enmarcado dentro del programa de Atención Psiquiátrica a niños y adolescentes dentro del sistema de protección, ha incluido también la creación de una guía para ayudar a los profesionales que realizan su labor en estos centros (…)

El psicólogo adscrito a las Fiscalías y Juzgados de Menores pertenece al llamado Equipo Técnico que se compone de un psicólogo, un educador y un trabajador social (Alcázar et al., 2005), según dispone la Ley Penal del Menor que se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de delitos o faltas. El Equipo Técnico tiene la responsabilidad de orientar la medida que la justicia de menores impondrá al adolescente, objetivando el superior interés del menor que se ha de tener en cuenta por los Jueces y los Fiscales de menores. Aunque los dictámenes del Equipo no tienen carácter vinculante, serán una poderosa influencia para sustentar la acusación del Fiscal y motivar la sentencia del Juez de Menores. En consecuencia, es muy importante que la Psicología, tanto la académica como la profesional, contribuyan a mejorar el trabajo diario de estos Psicólogos Forenses (…)