Transformar la salud mental requiere un cambio fundamental: dejar de considerarla responsabilidad exclusiva del sector sanitario para reconocerla como una prioridad compartida por todas las áreas de gobierno, puesto que su descuido socava el bienestar individual, la estabilidad familiar y la cohesión social. Así lo concluye un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud titulado «Orientación sobre políticas y acciones estratégicas para la salud mental y el sector salud«, un documento que establece una hoja de ruta para integrar el bienestar emocional en todas las políticas públicas y luchar contra el olvido histórico del cuidado de la salud mental.
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Un enfoque integral para abordar los determinantes sociales.
El informe parte de la premisa de que la salud mental está profundamente moldeada por determinantes estructurales y sociales como la pobreza, la discriminación y la violencia, factores que trascienden el alcance clínico tradicional. Por ello, la Organización Mundial de la Salud aboga por un enfoque gubernamental integral donde sectores como educación, empleo, vivienda, justicia y medio ambiente actúen coordinadamente. Según detallan los autores del texto, esta colaboración no solo mejora el bienestar poblacional, sino que es esencial para el desarrollo sostenible, puesto que «invertir en salud mental genera amplios beneficios, aumentando la productividad económica» y fortaleciendo la resiliencia de la sociedad.
Fortalecimiento de la gobernanza y financiación en el sistema sanitario.
Para los profesionales del sector, el informe detalla directrices específicas para reforzar la gobernanza. La organización internacional recomienda la creación de un equipo dedicado dentro de los Ministerios de Salud que coordine las estrategias a nivel nacional y regional. Un aspecto crucial señalado en el texto es la necesidad de «asignar fondos suficientes» para desarrollar servicios comunitarios de salud mental y para integrar esta atención en la salud general.
Asimismo, se hace un llamamiento a actualizar los protocolos de los servicios de salud. El documento insta a eliminar las prácticas discriminatorias que limitan el acceso a tratamientos de salud mental o que excluyen a las personas con condiciones de salud mental de la atención física general. Así, es imperativo reformar estos esquemas para que dejen de favorecer la atención hospitalaria en detrimento de los servicios comunitarios, los cuales han demostrado mayor eficacia y respeto por los derechos de los usuarios.
Integración real en la atención primaria y reducción de la medicalización.
Uno de los puntos de mayor interés es la directriz de hacer que la salud mental sea una parte integral y completa del sistema de salud. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que la atención primaria y los servicios generales deben ofrecer intervenciones físicas, de estilo de vida, psicológicas y sociales, evitando la dependencia exclusiva de los fármacos.
El texto advierte sobre los riesgos de la «medicalización excesiva» derivada de consultas breves y profesionales sobrecargados, señalando problemas como la falta de información sobre efectos adversos y la prescripción sin consentimiento informado. En su lugar, se promueve el acceso a una «gama de intervenciones basadas en la evidencia», tales como terapias psicológicas (cognitivo-conductual, interpersonal), intervenciones familiares y apoyo social, las cuales deben estar disponibles tanto en la atención primaria como en la especializada.
Un modelo de atención basado en la recuperación.
El informe es contundente al exigir la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos y orientado a la recuperación en todos los servicios. Esto implica un cambio de paradigma para los profesionales: las evaluaciones deben ser holísticas, considerando no solo los síntomas, sino también la voluntad y preferencias de la persona, así como sus circunstancias sociales y económicas.
La Organización Mundial de la Salud insta a avanzar hacia la desinstitucionalización, reemplazando el cuidado en hospitales psiquiátricos por una red robusta de servicios comunitarios que respeten la autonomía y la dignidad de las personas. Este enfoque también requiere abordar los determinantes sociales desde dentro de los servicios, estableciendo protocolos para derivar a los usuarios a apoyos de vivienda, educación o protección social cuando sea necesario.
Formación, supervisión y bienestar del personal sanitario.
Reconociendo la importancia del capital humano, el documento subraya la necesidad de colaborar con el sector educativo para integrar formación en salud mental de alta calidad en los planes de estudio de todo el personal sanitario, no solo de los especialistas. Para los servicios generales, se recomienda emplear personal especializado en salud mental, como profesionales de la psicología y del trabajo social, o facilitar el reparto de tareas (task-sharing) bajo una adecuada supervisión.
El texto pone especial énfasis en que el personal reciba «formación, apoyo y supervisión continuos» por parte de profesionales experimentados en salud mental. Esta supervisión es vital no solo para mejorar las competencias clínicas, sino también para ofrecer un espacio seguro donde abordar los dilemas éticos y de derechos humanos que surgen en la práctica diaria, así como para combatir actitudes discriminatorias dentro del propio sistema sanitario.
Hacia una sociedad más equitativa y resiliente.
Finalmente, el informe concluye que los costes de la inacción son insostenibles, proyectándose que alcanzarán los 6 billones de dólares para 2030 a nivel global (alrededor de 5,17 billones de euros). Por tanto, la adopción de estas directrices no es solo una cuestión sanitaria, sino un imperativo económico y de derechos humanos. Tal como citan los autores en el documento: «en todos los sectores, la salud mental y los determinantes sociales son inseparables; mejorar uno requiere abordar el otro». De esta manera, con estas directrices, la Organización Mundial de la Salud espera catalizar un cambio duradero que sitúe la salud mental en el centro de las prioridades públicas.