El ciberbullying se ha consolidado como una de las amenazas más preocupantes para la seguridad, la convivencia, el bienestar y la salud mental en los entornos digitales. La Comisión Europea, consciente de esta realidad y de su creciente alcance, prevé lanzar a comienzos de este año 2026 un Plan de Acción contra el ciberbullying, un marco de actuación que, aunque se centrará «principalmente, en los y las menores», también abordará otros aspectos del fenómeno, incluyendo la situación de determinados grupos de jóvenes hasta los 29 años, considerados especialmente vulnerables.
Asimismo, el Plan de Acción tendrá en cuenta la vulnerabilidad aumentada de algunos colectivos, como las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ+, las personas migrantes y quienes pertenecen a minorías religiosas, raciales o étnicas. Esta perspectiva reconoce que el ciberbullying no afecta de forma homogénea a toda la población y que la exposición al acoso puede intensificarse por factores vinculados a la identidad o la situación social.
Una consulta pública para identificar prevalencia, impacto y respuestas políticas.
Con el fin de orientar la preparación del futuro Plan de Acción, la Comisión Europea lanzó una consulta pública entre el 22 de julio y el 29 de septiembre del pasado año 2025. Su finalidad era recopilar información sobre la prevalencia del ciberbullying, sus impactos y las posibles respuestas políticas necesarias en el ámbito europeo y nacional.
Fruto de este proceso de participación ciudadana, ha publicado un Informe de la Consulta Pública sobre el Plan de Acción contra el Ciberbullying, elaborado por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías (DG CONNECT), donde sintetiza las principales conclusiones obtenidas de un total de 293 respuestas procedentes de 24 Estados miembros, aportadas por individuos, organizaciones, autoridades públicas y entidades privadas, y que puede ofrecer una base sólida para el futuro Plan de Acción contra el ciberbullying.
Amenazas, insultos y acoso por identidad: las formas más reconocidas de ciberbullying.
El informe recoge las percepciones de los y las encuestados, sobre las formas más comunes de ciberbullying. La conducta más señalada (por el 91%) es el envío de mensajes amenazantes, insultantes o hirientes. En segundo lugar se sitúa el acoso basado en la identidad (66%), seguido de la difusión de información falsa (59%) y el intercambio o publicación de información o imágenes privadas sin consentimiento (55%).
Un 17% identifica también la exclusión online como una forma de ciberbullying. Además, en las respuestas abiertas se mencionan conductas como el acecho (stalking), la suplantación de identidad y el contacto repetido no solicitado, lo que refleja la diversidad de manifestaciones que puede adoptar el abuso digital.
Adolescencia como etapa crítica y grupos especialmente vulnerables.
El informe muestra un consenso amplio en torno a la idea de que el ciberbullying se percibe, sobre todo, como un problema que afecta a la juventud. El 92% de las personas encuestadas identifica a los y las adolescentes de 13 a 17 años como el grupo que más lo sufre, seguido de los niños menores de 13 años (según el 44%) y adultos/as jóvenes (37%). Solo una minoría señala a las personas adultas de 30 a 59 años (4%) y a mayores de 60 (1%).
En cuanto a los grupos considerados más vulnerables, el 65% menciona a niñas y mujeres, el 60% a menores y el 56% a personas LGBTIQ+. También se señalan como grupos de alto riesgo las minorías étnicas (29%), las personas con discapacidad (27%) y las personas migrantes (17%).
Hacia una definición común en la UE.
Entre los hallazgos clave, destaca el fuerte respaldo a la creación de una definición común de ciberbullying a nivel europeo. Un 70% de los participantes considera que una definición compartida contribuiría a garantizar leyes y mecanismos de aplicación más consistentes. Además, para el 55%, esto aumentaría la concienciación, para el 46% ayudaría a los educadores y para el 42%, facilitaría la comparación de datos. Solo el 1% se opone a esta idea.
Este resultado se vincula con una de las demandas generales recogidas en el informe: establecer un marco europeo cuyo núcleo sea precisamente una definición común, acompañada de medidas de prevención, sensibilización, empoderamiento y mejora de los mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas.
Responsabilidad compartida: educación, plataformas, familias y profesionales de salud mental.
Uno de los mensajes más repetidos es la necesidad de un enfoque conjunto. En este sentido, destaca la importancia de la colaboración entre múltiples actores, implicando a escuelas, plataformas online, familias, profesionales de salud mental, legisladores políticos, etc., para responder al ciberbullying de forma eficaz.
Qué motiva a los/as perpetradores de ciberbullying y qué medidas se consideran prioritarias.
El informe recoge cuáles son las motivaciones atribuidas con mayor frecuencia a quienes perpetran ciberbullying. La causa más mencionada es el deseo de poder o control (70%), seguida del anonimato o falta de rendición de cuentas (59%), la ira o venganza (47%) y la búsqueda de atención (46%). También se señalan otras causas como la falta de conciencia (41%), la presión de grupo (35%) y la influencia de estereotipos o desinformación (38%).
En cuanto a las medidas preventivas, la opción más respaldada son los programas de concienciación y educación (75%), seguidos por una moderación más estricta en plataformas (59%), la orientación parental (50%) y campañas públicas de sensibilización (41%).
Con relación a la respuesta hacia los agresores, los/as participantes señalan mayoritariamente preferencia por medidas que combinan consecuencias claras y acciones de rehabilitación: el 68% apoya consecuencias claras, el 67% medidas legales o disciplinarias, el 58% asesoramiento o intervención de apoyo y el 54% suspensión de cuentas en plataformas.
Apoyo a las víctimas: denunciar debe ser posible, seguro y eficaz.
El documento presta especial atención a las necesidades de las víctimas y a las condiciones necesarias para facilitar que puedan pedir ayuda. Entre las medidas de apoyo consideradas más eficaces, se encuentran: el poder disponer de opciones claras de denuncia (55%), asesoramiento o intervención de apoyo (52%), apoyo familiar (45%), asesoramiento legal y contar con redes de apoyo entre iguales (ambos, 39%).
En opinión de los y las participantes, para empoderar a las víctimas de cara a denunciar y buscar apoyo, es fundamental que exista una acción visible tras la denuncia (65%) y que se ofrezcan opciones de denuncia anónima (59%). Estos elementos se consideran cruciales para fomentar la revelación del abuso y reducir el miedo y/o la desconfianza hacia el sistema.
Consecuencias psicológicas: autoestima, ansiedad, aislamiento y depresión.
Con respecto al impacto del ciberbullying en la salud mental, el 74% de los/as encuestados/as menciona la reducción de la autoestima, el 63% la ansiedad, y el 52% el aislamiento o pensamientos de autolesión. Además, el 45% señala la depresión, y el 31% el bajo rendimiento escolar, lo que pone de manifiesto la necesidad de un apoyo integrado en el ámbito educativo y de salud mental.
Estas cifras refuerzan el planteamiento general del informe: el ciberbullying no es únicamente un problema de convivencia o disciplina, sino una realidad con consecuencias directas sobre el bienestar psicológico y social, especialmente, en etapas evolutivas sensibles como la infancia y la adolescencia.
El papel de los testigos: miedo, incertidumbre y necesidad de apoyo.
La consulta también explora el papel de quienes observan el ciberbullying sin participar directamente. Entre las principales barreras para intervenir, el 70% destaca el miedo a convertirse en objetivo, el 56% la incertidumbre sobre cómo ayudar y el 48% la creencia de que no es su responsabilidad.
Para fomentar la intervención de los testigos, las estrategias preferidas se centran en la educación y el apoyo (37%) y en la participación obligatoria en iniciativas de concienciación (34%), con un enfoque orientado al empoderamiento, más que al castigo.
Mecanismos de denuncia: accesibles, adecuados a la edad y con protección frente a represalias.
Para facilitar una denuncia más segura, el 71% apoya herramientas accesibles y adecuadas a la edad, y el 48% reclama protección frente a represalias. También se destacan la formación de docentes y personal que trabaja con menores (48%), la participación de iguales (44%) y la implicación de los propios menores en el diseño de los sistemas (36%).
Estas propuestas apuntan a la necesidad de que los mecanismos de denuncia sean no solo técnicamente eficaces, sino también comprensibles, accesibles y confiables para niños y adolescentes, teniendo en cuenta sus capacidades, su contexto y sus temores.
Profesionales de la psicología y orientación: una pieza clave en el apoyo integral.
Uno de los datos más contundentes del informe es el lugar que ocupan los y las profesionales de la psicología y los servicios de asesoramiento y apoyo en la respuesta al ciberbullying, siendo, para el 74%, actores clave dentro del apoyo integral.
Junto a ellos, se menciona la importancia de padres y tutores (70%), profesorado y personal escolar (69%), fuerzas de seguridad (56%), trabajadores sociales (43%) y ONG (28%). La presencia destacada de psicólogos y orientadores en este listado de actores que deben colaborar, pone de relieve la trascendencia de integrar recursos psicológicos en el abordaje del problema, tanto en la prevención como en el apoyo a las víctimas y, cuando proceda, en la intervención con quienes ejercen el acoso.
Obstáculos para el apoyo eficaz: falta de coordinación, desconocimiento, estigma y marcos legales confusos.
Entre las barreras que dificultan una respuesta adecuada, se indica la falta de coordinación entre servicios (65%), el desconocimiento de la ayuda disponible (63%), el miedo o estigma (57%) y la existencia de marcos legales poco claros (51%). Además, se citan problemas de financiación y barreras de accesibilidad para jóvenes con discapacidad.
Estos elementos sugieren que, además de desarrollar medidas específicas, el futuro Plan de Acción deberá considerar la estructura de los sistemas de apoyo existentes y cómo articularlos para que la respuesta sea coherente, accesible y eficaz.
El rol de las plataformas: denuncia amigable, tolerancia cero y moderación estricta.
La consulta pública también ha abordado el papel de las plataformas digitales. Los encuestados y las encuestadas esperan que estas plataformas adopten sistemas de denuncia fáciles de usar y adaptados a la infancia (63%), políticas de tolerancia cero (62%) y moderación más estricta (58%).
Centros educativos: prevención, formación docente y cultura de seguridad digital.
De acuerdo con el documento, escuelas y universidades se perciben como actores centrales en la prevención. Entre las acciones eficaces que pueden llevar a cabo, se mencionan campañas de concienciación (60%), implicación parental (58%), talleres de seguridad digital (53%) y mentoría entre iguales (47%). Asimismo, se priorizan medidas como la formación del profesorado (59%), políticas antiacoso (54%) e integración en el currículo (42%).
Apoyo a las familias: orientación, líneas de ayuda y recursos educativos.
Otro resultado destacado es que el 66% considera que la mayoría de padres y madres no están bien preparados para apoyar a sus hijos e hijas frente al ciberbullying. Para mejorar esta situación, se consideran importantes la orientación y las líneas de ayuda (53%), la implicación parental desde los centros educativos (54%) y los recursos educativos y talleres (49%). También se valoraron herramientas de monitorización online (41%) y seminarios comunitarios (41%).
El ciberbullying como problema sistémico con factores psicológicos y sociales.
El ciberbullying se describe como un problema social sistémico que requiere acción unificada de la UE, aplicación firme y reformas educativas centradas en la empatía y la prevención. Entre las ideas destacadas y desarrolladas por los y las participantes, aparece la necesidad de una definición que distinga el daño deliberado de la desinformación no intencional, y el reconocimiento de vulnerabilidades interseccionales, sobre todo, en grupos condicionados por normas sociales o que se apartan de expectativas sociales típicas.
Asimismo, se señala que los impulsores del fenómeno son complejos e incluyen factores psicológicos, sociales y tecnológicos, como la inseguridad, la falta de empatía, la desigualdad social y la desinhibición online. En cuanto a soluciones, se insiste en la educación temprana en empatía, la rendición de cuentas de plataformas, el cumplimiento de la ley y mecanismos de denuncia accesibles que garanticen anonimato y consecuencias visibles.
Los comentarios abiertos subrayan también que las consecuencias sobre la salud mental pueden ser severas, desde inseguridad y agotamiento hasta pensamientos suicidas, y que estos efectos pueden agravarse cuando falta rendición de cuentas o cuando los testigos no intervienen.
La EFPA acoge con satisfacción el informe de la Comisión Europea, destacando el riesgo del ciberbullying en la salud mental
En la misma línea, la European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) ha acogido con satisfacción el informe, señalado que sus conclusiones confirman lo que la investigación psicológica lleva tiempo demostrando: «el ciberacoso supone un riesgo significativo para la salud mental, el bienestar y la inclusión social, con un impacto significativo en niños, adolescentes y jóvenes». A este respecto, recuerda que la experiencia psicológica resulta esencial para garantizar que la prevención, la intervención y la rehabilitación estén basadas en la evidencia, sean apropiadas desde el punto de vista del desarrollo y con un enfoque sensible al trauma.
Asimismo, de acuerdo con sus seis prioridades políticas sobre digitalización, la EFPA afirma que seguirá contribuyendo con evidencia científica, orientación profesional y buenas prácticas para apoyar el desarrollo e implementación eficaz del Plan de Acción en los Estados miembros, en estrecha colaboración con las instituciones europeas, la sociedad civil y los proveedores de servicios digitales.
Se puede acceder al informe completo desde la página web de la Comisión Europea o bien directamente aquí.