El pasado lunes 13 de abril, el Congreso de los Diputados acogió la jornada titulada «Propuestas para un Plan Social para el Clima que ayude eficazmente a los hogares en pobreza energética, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables», un encuentro impulsado por la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás y el Grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte, con el objetivo de dialogar y reflexionar sobre las políticas y medidas que debería incluir este Plan Social para responder de forma eficaz a las necesidades de los colectivos más vulnerables.
La Jornada reunió a representantes de la Comisión Europea, del Gobierno, de la sociedad civil y distintos grupos parlamentarios para abordar un reto urgente: cómo asegurar que el Plan Social para el Clima llegue de verdad a quienes más lo necesitan. Durante la misma, estuvo presente el Consejo General de la Psicología de España, representado por María Dolores Gómez Castillo, vocal del COP y coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología Ambiental de la Organización Colegial, en un contexto en el que la transición ecológica y sus impactos sociales plantean también importantes implicaciones en el ámbito psicológico y social.
Un contexto europeo marcado por el encarecimiento energético.
El encuentro se enmarcó en las políticas de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los compromisos del Acuerdo de París. En este contexto, se prevé que el transporte por carretera y los edificios se incorporen al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS2), lo que previsiblemente implicará un incremento del precio de los combustibles y de la calefacción a partir de 2028.
Para mitigar el impacto de esta medida en los hogares y sectores más vulnerables, la Unión Europea ha creado el Fondo Social para el Clima (2026-2032), dotado con 65.000 millones de euros, de los cuales España contará con algo más de 8.500 millones. Este instrumento pretende apoyar a hogares en pobreza energética, usuarios y usuarias vulnerables del transporte y microempresas, si bien durante la jornada se puso de manifiesto la preocupación por el retraso en la elaboración del plan nacional.
A este respecto, diversas fuentes coincidieron en señalar que España aún no ha remitido a la Comisión Europea su Plan Social para el Clima, lo que introduce incertidumbre sobre el calendario de aplicación de las medidas y el acceso efectivo a los fondos. Se destacó también la urgencia de actuar ante una situación en la que millones de personas ya experimentan dificultades para mantener condiciones de vida adecuadas, principalmente, en relación con el acceso a la energía y al transporte.
Propuestas centradas en la rehabilitación de viviendas y en el acompañamiento a los hogares vulnerables en este proceso.
Durante la inauguración, Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, subrayó la importancia de que el plan incorpore medidas coherentes y estructurales que permitan apoyar de forma eficaz a los colectivos más vulnerables, tanto en el ámbito del transporte como en el sector servicios.
En la misma línea, la coordinadora de la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás, Jeannette Bain, expuso una serie de propuestas centradas en la rehabilitación de viviendas y en la necesidad de acompañar a los hogares vulnerables en ese proceso.
Entre las medidas planteadas, puso el foco en la rehabilitación energética, destacando la necesidad de garantizar la implementación coordinada de los fondos, impulsar la formación y certificación de actores clave y de profesionales implicados en los procesos de rehabilitación, así como adaptar instrumentos como el bono social eléctrico al nuevo contexto de transición energética. Igualmente, incidió en la importancia de considerar la situación de las viviendas en alquiler y de promover la participación de los hogares vulnerables en comunidades energéticas.
Propuestas concretas para el ámbito del transporte.
Por su parte, Carlos Bravo, expuso las principales propuestas relacionadas con el ámbito del transporte, elaboradas por su plataforma. De este modo, comenzó poniendo de manifiesto que la pobreza en el transporte constituye un concepto relativamente reciente, con diferencias significativas entre entornos urbanos y rurales. En este sentido, destacó que, en zonas rurales, el principal problema no es únicamente el coste, sino también la falta de acceso a servicios de transporte adecuados.
Las propuestas presentadas se centraron en medidas estructurales orientadas a mejorar el acceso a alternativas de transporte sostenibles. Entre ellas, planteó la creación de un abono para el uso del transporte público colectivo urbano, metropolitano e interurbano a corta y media distancia para personas con bajos ingresos, con criterios progresivos según nivel de renta -de modo que el descuento sería mayor cuanto mayor fuera la vulnerabilidad-. Esta medida incluiría también la gratuidad o descuentos para la bicicleta eléctrica compartida.
La segunda línea de actuación se centraría en la movilidad compartida, tanto para acceder al trabajo como a servicios públicos, como hospitales. Incluye servicios de car sharing con vehículos eléctricos puros de batería en zonas rurales, transporte a demanda con taxi o VTC en municipios rurales sin suficiente acceso a transporte público, y car pooling mediante vehículos particulares, tanto en zonas rurales como no rurales. Estas soluciones serían gestionadas con criterios de renta y vulnerabilidad, y podrían aplicarse a municipios con aislamiento respecto a la red de transporte público.
De igual modo, se propusieron programas de leasing social para facilitar el acceso a vehículos eléctricos puros de batería a personas y profesionales vulnerables de zonas rurales y no rurales con rentas bajas y difícil acceso al transporte público. El objetivo sería facilitar el acceso a vehículos de cero emisiones a personas que dependen del vehículo para sus necesidades laborales o cotidianas, pero que no disponen de recursos para adquirirlo. Se propusieron también ayudas a la compra de vehículos eléctricos -nuevos o de segunda mano-, y bonos para la recarga en puntos públicos para quienes no dispongan de infraestructura propia. Estas medidas se orientan a generar un impacto duradero y evitar soluciones meramente coyunturales, apostando por una transformación estructural del modelo de movilidad.
Visión europea y análisis del impacto del ETS2.
Tras la bienvenida, la jornada continuó con la exposición de la Comisión Europea sobre los objetivos del Fondo Social para el Clima. A este respecto, Marco González, jefe de la unidad CLIMA.B5-Fondo Social para el Clima y aplicación del ETS2, Dirección de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia, Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, y Patricia Pérez, Jefa de Unidad, de la Unidad para España y Malta de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, recordaron los objetivos del fondo social para el clima y lo que Europa espera de España, siendo prioritario que estos fondos lleguen a personas vulnerables.
Patricia Pérez trasladó el modo en que se está pensando el equilibrio entre la transición climática y la justicia social. Por su parte, Marcos González advirtió de que Bruselas no podrá aprobar el plan español hasta que se complete la transposición de la directiva, aunque subrayó la importancia de que España tenga el documento preparado para poder activarlo cuanto antes una vez se desbloquee el marco legal.
Posteriormente, se llevó a cabo un análisis técnico del impacto del ETS2 en España, centrado en sus implicaciones para la vulnerabilidad energética y el diseño del plan. En este ámbito, el investigador Mikel González-Eguino (profesor del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3) abordó las consecuencias del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones en España, destacando su potencial impacto sobre los costes energéticos y la necesidad de medidas que compensen sus efectos en los sectores más vulnerables.
Dar voz a la experiencia: pobreza energética y transporte.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la proyección del vídeo «Un Plan por el Clima es un plan contra la pobreza: voces desde la experiencia», en el que se visibilizó la realidad de las personas afectadas por situaciones de pobreza energética y de transporte.
En el vídeo, Mercedes Saiz Hervás, voluntaria de la ACOBE Fundación y representante del grupo de participación de EAPN Madrid, puso voz a la experiencia de millones de personas que viven de primera mano estas dificultades, poniendo de relieve cómo la falta de acceso a recursos energéticos adecuados o a servicios de transporte impacta directamente en la vida cotidiana, y subrayó la necesidad de que las políticas públicas incorporen la voz de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, reforzando la idea de que una transición ecológica solo será justa si cuenta con las personas afectadas y no deja a nadie atrás.
Debate sobre la gobernanza y el acceso real a las ayudas.
Durante la mesa redonda centrada en el uso justo y eficiente del dinero del Fondo Social para el Clima, se abordó la necesidad de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. En este sentido, se señaló que los procedimientos administrativos no pueden convertirse en una barrera adicional para las personas en situación de vulnerabilidad.
Desde distintos ámbitos se insistió en la importancia de diseñar medidas estructurales, con una gobernanza clara y mecanismos que eviten la exclusión de quienes tienen más dificultades para acceder a la información o a los trámites necesarios. En esta línea, los representantes de ECODES, UGT y EAPN señalaron las dificultades de muchas familias para acceder a ayudas por el papeleo que conllevan o porque no son propietarias de sus viviendas y, por tanto, no pueden acometer mejoras.
La pobreza energética sigue siendo un problema estructural en España.
Concretamente, desde EAPN España se insistió en que el Plan Social para el Clima debe incorporar de forma central la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Elena Gil Bartolomé, secretaria de la Comisión Permanente de EAPN España, defendió en la mesa redonda sobre el uso justo y eficiente del Fondo Social para el Clima que los recursos deben llegar efectivamente a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad. Advirtió, además, de que desviar los fondos hacia hogares o empresas no vulnerables supondría incumplir los objetivos europeos y restar legitimidad a la transición ecosocial.
EAPN recordó asimismo que la pobreza energética sigue siendo un problema estructural en España. Según la entidad, en 2025, 7,8 millones de personas no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, lo que representa el 15,9% de la población, y son más las personas que no pueden mantenerla fresca en verano. La red advirtió también del problema del non take-up, es decir, hogares que podrían beneficiarse de ayudas como el bono social eléctrico pero no acceden a ellas, por lo que reclamó ampliar su alcance y automatizarlo.
Posicionamiento político: consenso en la urgencia, diferencias en el enfoque.
La segunda mesa redonda reunió a representantes de distintos grupos parlamentarios (a saber, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV y Podemos/Alianza Verde, Grupo Mixto), quienes coincidieron en la necesidad de que la transición ecológica sea justa y equitativa. Entre las propuestas planteadas, se destacó la importancia de incrementar los recursos, reducir la burocracia y avanzar hacia una mayor descentralización en la gestión de los fondos.
Se incidió en el bloqueo político y administrativo del plan. Si bien la Comisión Europea ya había instado al Gobierno en marzo de 2025 a transponer la normativa con urgencia, el plazo terminó en junio de ese año y la propuesta sigue paralizada. Con relación a esto, representantes de distintos partidos —PSOE, PP, Sumar, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu— se comprometieron a impulsar el desbloqueo, ya que, sin transposición, no pueden activarse los fondos necesarios para acompañar la transición energética de manera justa.
Asimismo, se subrayó que la reducción de emisiones debe ir acompañada de una reducción de las desigualdades, evitando que el coste de la transición recaiga sobre los sectores más vulnerables.
Clausura: pedagogía, urgencia y riesgo de desafección social.
La clausura, a cargo de Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad, del área de clima, energía y movilidad de Greenpeace España, en representación de las entidades organizadoras, sirvió para sintetizar las principales conclusiones del encuentro. En su intervención, recordó que la transición ecológica requiere no solo financiación, sino también una labor pedagógica que permita a la ciudadanía comprender las medidas y percibirlas como justas.
En este sentido, se alertó del riesgo de desafección social si las políticas se perciben como imposiciones que exigen esfuerzos inasumibles sin ofrecer alternativas reales.
Destacó también la urgencia de avanzar en la implementación del Plan Social para el Clima, especialmente, ante el previsible encarecimiento de los combustibles derivado del ETS2.
Siendo, precisamente, la preocupación por el retraso en la tramitación del Plan Social para el Clima, uno de los mensajes centrales del encuentro. Las organizaciones civiles pidieron al Gobierno claridad sobre los tiempos, las medidas y el calendario de aplicación, ante el retraso en la transposición de la directiva europea vinculada al ETS2.
Se insistió en la necesidad de acelerar su desarrollo para garantizar que los recursos disponibles puedan utilizarse de forma eficaz y en tiempo oportuno.
Una oportunidad clave para reducir desigualdades.
La jornada concluyó con un mensaje compartido por los distintos participantes: el Plan Social para el Clima representa una oportunidad única para abordar de forma simultánea la transición ecológica y la reducción de las desigualdades sociales.
En este contexto, se destacó que no se trata únicamente de la cuantía de los fondos disponibles, sino de su uso estratégico para impulsar cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables. La rehabilitación de viviendas, el acceso a energías renovables y el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles se perfilan como ejes clave de esta transformación.
Desde el punto de vista psicológico y social, el debate resulta especialmente relevante porque la transición ecológica no se juega solo en el plano normativo o económico, sino también en la percepción de justicia, seguridad y necesidades de la población, reconociendo que la aceptación y el éxito de las políticas públicas dependen en gran medida de su impacto real en la vida cotidiana y de la confianza que generen en la ciudadanía. En este sentido, una transición que no escuche a las personas vulnerables, que no simplifique el acceso a las ayudas o que no ofrezca alternativas reales puede aumentar la incertidumbre, la desafección y la desigualdad; por el contrario, un plan bien diseñado puede contribuir a proteger condiciones básicas de vida, reducir brechas sociales y favorecer una adaptación más justa al nuevo escenario climático y energético.
Se puede acceder al vídeo completo de la Jornada aquí.