“No hay nada que cambie más el comportamiento que el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, bromeaba Florencio Jiménez Burillo, queridísimo colega y compañero fallecido en diciembre de 2020.

Aunque las normas sociales tienen un gran potencial para modificar nuestros comportamientos y para ordenar la convivencia, está claro que cuando esas normas cuentan, además, con un respaldo y una garantía jurídicas, cuando se plasman en una legislación oficial, cualquier transformación, cualquier cambio en la adquisición, promoción o evitación de comportamientos, se ve respaldado y acelerado y cuenta con mayor probabilidad de integración.

Mucha de esta normativa se orienta a la protección de la población, a garantizar su salud y seguridad y a ofrecer un marco jurídico que dote de los mecanismos y medios para promover y proteger el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas: desde la conocida como “Ley antitabaco”, que, en el año 2011, prohibía fumar en bares, restaurantes y otros espacios públicos, hasta la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pasando por la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial o La ley orgánica de protección del Menor, todos estos son intentos legislativos que han tenido como objetivo introducir y multiplicar los comportamientos saludables, de protección, de concienciación y de cuidado a los diferentes colectivos.  

En línea con la idea de garantizar esa protección y cuidado de las personas, ha ido evolucionando, en paralelo, la normativa relacionada con las profesiones y, muy particularmente, la de aquellas que, como la Psicología, pueden tener un impacto irreversible en la vida de las personas y que pueden alterar su curso definitivamente. Sin embargo, a pesar de los avances que se han ido realizando, no siempre el desarrollo normativo ampara, prima ni garantiza la seguridad de los pacientes, ni su mejor atención. De hecho, nos encontramos, en este momento, con la paradoja de que, a pesar del reconocimiento social, científico y político de nuestra actividad profesional, están siendo otros los intereses -comerciales, de agregados profesionales, políticos…- que están pesando en el redactado de las normas y están acabando por legislar en contra de la lógica y, sobre todo, del mejor interés de la población. Y es esta falta de coherencia entre lo científicamente aconsejable, entre lo que la evidencia científica propone, exige y recomienda y lo que se está operativizando a través del BOE lo que, en este momento, nos trae de cabeza en la organización colegial de la Psicología.

En los últimos dos años la labor de seguimiento parlamentario, de petición e interlocución con las autoridades en relación con las regulaciones que nos afectan, de emisión de informes científico-profesionales destinados a la mejor organización de las propuestas y servicios, ha sido continua y, nos tememos, que no todo lo fructífera que tendría que estar siendo. Sabemos bien que los cambios normativos nos impactan de diversas maneras y que tienen la capacidad de reconocer la labor que se está realizando, o tirar por tierra todo el esfuerzo e impacto del trabajo bien hecho, y son varios los frentes que tenemos abiertos y en los que estamos poniendo todos los esfuerzos y en los que creemos que es necesario seguir remando juntos:

Como ya hemos comentado, estamos muy preocupados por la deriva que todos estos desarrollos legislativos puedan tomar y nos encontramos inmersos en la tarea de lograr cambios normativos que permitan incrementar la excelencia de nuestra profesión y ampliar los servicios que prestamos a la población. En esta labor profesionales, académicos y estudiantes de Psicología debemos trabajar de manera coordinada. La Psicología tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas y nuestra sociedad, así que continuemos trabajando para desplegar sus posibilidades y recordemos que nada cambia más un comportamiento que el BOE.